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- 06/01/2024 00:00
- 05/01/2024 22:54
Asegurarse de que el hambre no vuelva a asolar Europa es una consigna que está prácticamente en el ADN de los europeos, pero, de acuerdo con expertos en comercio internacional, esa obsesión los ha llevado a imponer medidas unilaterales, como el Pacto Verde, que busca cómo y qué deben comer, por ejemplo, las vacas en cualquier lugar.
“El Pacto Verde Europeo o European Green Deal, presentado formalmente en diciembre de 2019 es, en esencia, una estrategia de crecimiento que posibilitará que la Unión Europea (UE) alcance la neutralidad climática en 2050. Es decir, una huella de carbono cero que se conseguirá equilibrando la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que se libera con la que se retira de la atmósfera o se fija a través de las plantas”, dice ihobe.eus.
Pero esto viene inspirado de más atrás, desde 2015, producto del Acuerdo de París para amortiguar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que Panamá también firmó.
En resumen, el Pacto Verde busca garantizarles el bienestar a los europeos con la mayor amplitud posible, pero deviene en prácticas que, desde este año, comienzan a tener impacto en todo el mundo, a pesar de no ser obligatorio su cumplimiento.
Por ejemplo, como lo explicó recientemente la vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Mónica Conde Barragán, las empresas europeas que importen productos agrícolas o agroindustriales a la mancomunidad tendrán que demostrar la trazabilidad y geolocalización de los productos.
“La norma de la Unión Europea la van a exigir a las empresas europeas y ellas a nosotros. La Organización Mundial de Comercio (OMC) está muy preocupada porque una pyme colombiana tendrá que documentar desde el pasto que se comió la vaca, cómo se hizo para procesar la leche y los derivados, con qué fertilizantes se regaron los pastos”, expuso Conde.
Como empresarios, detalló, y en función de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio, apoyan a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a formalizarse con el fin de contar con un certificado electrónico fitosanitario y así agilizar los procesos.
Advirtió que, actualmente, “menos del 10% del comercio mundial sale de Latinoamérica, estamos evangelizando sobre el Pacto Verde, sobre la transición energética, pero necesitamos de la cooperación internacional porque África y América Latina son los más afectados”.
Un experto en asuntos legales latinoamericanos ante la OMC, que compartió su visión a condición de no ser identificado, resumió el Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa de la UE como “acciones de neocolonialismo” de parte de los europeos y recordó que lo mismo hicieron con el comercio del banano décadas atrás.
Desde su perspectiva, la Unión Europea resulta, una vez más, en el “villano” de esta ecuación por su intromisión en el mecanismo de producción agropecuaria del resto del mundo sin tener consideración a la realidad ambiental de cada país o región.
Citó como ejemplo la controversia en torno al aceite de palma que se vendía de Indonesia y Malasia a Europa, porque si bien se probó que en algunas fincas no se cumplía con las normas respecto a deforestación, “acabaron restringiendo el comercio en todo el mundo, afectando a países –como Colombia– que no tenían nada que ver”.
El Pacto Verde está evitando que ingresen a la UE productos de Latinoamérica, agrícolas y agroindustriales aseguró Manuel Chacón, director de Relaciones Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Prácticamente está detonando el Codex Alimentario establecido por la FAO en consenso con los países miembros.
El Ministerio de Ambiente de Panamá tenía el compromiso de desarrollar entre 2022 y 2023 el Plan de Acción Euroclima, con una inversión de $2 millones para avanzar con su compromiso con el Acuerdo de París,
Entre las siete acciones de este plan, en colaboración con la Unión Europea, destacan la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social Baja en Carbono a 2050 y el establecimiento del marco regulatorio para la distribución del carbono azul.
Se suman, además, iniciativas como el desarrollo de la Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático con enfoque de género o la ampliación de la Plataforma de Transparencia Climática para el seguimiento del progreso de los compromisos climáticos del país.
Se trata de nuevas metas de mitigación y adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que Panamá asumió cuando firmó el Acuerdo de París, el tratado internacional más importante en la lucha contra el cambio climático.
Panamá ha identificado medidas prioritarias en torno a sectores como bosques, transición energética, gestión integrada de cuencas hidrográficas, biodiversidad, ecosistemas marinos, agricultura, ganadería, acuicultura, salud pública, asentamientos humanos resilientes, infraestructura sostenible y economía circular.
Más datos
El 58% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Panamá proviene del sector energía y el 30% de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra.
Si no se hace nada en Panamá, se prevé a 2050 que: El déficit de lluvia será mayor al 10% que se registra en la actualidad, se registrarán cambios en la temperatura máxima de hasta 3 grados centígrados y se intensificarán las olas de calor.
Mientras tanto, el Pacto Verde establece desde 2020 normas obligatorias de diligencia debida para todos los agentes y comerciantes que introducen y comercializan en el mercado de la Unión o exportan desde él las materias primas siguientes: aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao, caucho y soja.
Las normas también se aplican a una serie de productos derivados, como el chocolate, el mobiliario, el papel impreso y determinados derivados del aceite de palma (utilizados, por ejemplo, como componentes en productos de cuidado personal).
En principio, a partir del 31 de diciembre de 2020 solo se permitiría la entrada en el mercado de la Unión o la exportación de los productos que se hayan producido en tierras que no hayan sido objeto de deforestación o degradación forestal, pero la pandemia hizo diferir los plazos casi un quinquenio.
La Unión Europea, como bloque comercial, es el primer socio de Panamá, comprándole aproximadamente el 10% de sus exportaciones anuales de bienes, que en 2022 fueron en total de $3.652 millones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).
Un informe de Intelcom, del Ministerio de Comercio e Industrias, señala que en enero de 2023 la Unión compró $10,7 millones de productos panameños, de un total de $57,5 millones, excluyendo las ventas de concentrado de cobre ($200,9 millones).
Los efectos del Pacto Verde incidirían en el déficit comercial de Panamá, indudablemente si no se establece la trazabilidad y geolocalización de los productos según la norma europea, y si el país pretende relanzar su potencial exportador un indicador a tomar en cuenta es ese.
En 2022 el déficit de la balanza comercial de Panamá fue de $9.875,4 millones; en 2021, de $6.795,4 millones; en 2020 alcanzó los $5.005,65 millones, y en 2019, los $9.883,51 millones.
Entre los principales productos de exportación panameños hacia la Unión Europea se encuentran: bananas frescas, camarones cultivados, camarones y langostinos, grasas y aceites de pescado, sandías, aceite de palma, piñas, harina de pescado, ron, desperdicios y desechos de cobre, atunes de aleta amarilla, entre otros.
Por países, los principales socios comerciales de Panamá son: Estados Unidos, Países Bajos, España, Japón, Costa Rica y Alemania.
Recordemos al economista del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) Alfredo Du Bois, quien en el más reciente Foro Agropecuario de ese gremio, celebrada en Chiriquí, adelantó que para relanzar el sector privado panameño se necesita una inversión del sector privado de por lo menos $14.323 millones durante los próximos 10 años, empezando en 2024.
De esos millones en tecnología e innovación se tendrían que destinar $2.742 millones a los productos agrícolas intensivos, $4.881 millones a los cultivos extensivos y $6.700 millones en carnes y leche, y no se incluyó al sector pesca, detalló Du Bois.
Otros $350 millones adicionales se podrían invertir en el sector forestal, agregó.
Además, si no se hace nada, en 20 años la mayoría de los productores abandonará el campo, vaticinó el responsable de Juventud Agro de las Américas, Cristian Elizondo Guerra, en el mismo evento.
Du Bois explicó que los cálculos se hicieron con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ente especializado en el sector con sede en Costa Rica.
Consultados, esperamos que los ministerios de Ambiente y Desarrollo Agropecuario emitan una actualización sobre qué han hecho para preparar a Panamá ante el Pacto Verde.
*periodista independiente y profesor universitario