Cuestionan norma sobre pesca de arrastre

Actualizado
  • 20/11/2023 08:56
Creado
  • 20/11/2023 08:56
Un decreto ejecutivo que establece la pesca de arrastre para camarón, pargo, lenguado y corvina es cuestionado por organizaciones ambientales al considerar que es un método de pesca destructivo para el ecosistema marino
Veinte organizaciones ambientales, en un comunicado, rechazan el “impulso, continuación y ampliación del alcance de la pesca de arrastre” .

El arte de pesca considerado más destructivo del mundo será utilizado en el país para la captura de camarón, de pargos, lenguado y corvina. La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 13 del 1 de noviembre 2023, publicado en Gaceta Oficial el pasado lunes, mediante el cual se reglamente la Ley 204 de 2021 que regula la pesca y la acuicultura.

El decreto establece que se reconoce como pesquería para la “pesca de gran escala” el método, entre otras, el de arrastre para las especies mencionadas. La norma es rechazada por grupos conservacionistas que, en un comunicado, expresaron su rechazo.

Veinte organizaciones ambientales, en un comunicado, rechazan el “impulso, continuación y ampliación del alcance de la pesca de arrastre” en aguas panameñas al argumentar que es método “reconocido ampliamente como el arte de pesca más destructivo del mundo por sus graves impactos en el lecho marino y sus altas tasas de captura incidental”.

Las embarcaciones que utilizan este arte de pesca arrastran redes pesadas cerca o sobre el fondo marino, destruyendo hábitats cruciales para la supervivencia de miles de especies, capturando cientos de especies no objetivo que son descartadas, muchas en peligro de extinción, y provocando la sedimentación excesiva de las aguas y liberación del carbono capturado por los lechos marinos, explicaron en el comunicado.

Las organizaciones reconocer que la pesca de arrastre para el camarón ha sido permitida y practicada en Panamá por décadas, sin embargo, jamás ha existido una licencia de pesca de pargos, cabezones, lenguados y corvinas mediante este método de pesca y que está incluida en el nuevo Decreto que lleva la firma del presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

“La inclusión de estas especies de peces (pargo, lenguado y corvina) como objetivo de este arte de pesca, constituye una ampliación del alcance de la pesca de arrastre en Panamá, lo cual pone en gravísimo peligro la sostenibilidad de la pesca de consumo doméstico y de pequeña escala o artesanal”, señalaron los organismos ambientales.

El Decreto Ejecutivo establece que la Autoridad de los Recursos Acuáticos “podrá regular los artes, aparejos y utensilios de pesca autorizados para cada especie, así como sus dimensiones, configuración, modo de operación y marcado y determinará los tipos de artes habilitados a operar, según la clase de licencia...”.

Para la veintena de grupos ambientales, “es importante destacar que la práctica 'histórica' de la pesca de arrastre en Panamá, como lo han señalado algunos representantes del sector pesquero industrial de nuestro país, no significa de ninguna forma que esta sea un arte de pesca sostenible, ni que mucho menos deba seguir impulsándose ante la crítica situación de las pesquerías en el océano”.

Las organizaciones citan un informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2020, denominado Diagnóstico Integral del Sector Pesca y 2 Acuicultura en Panamá, en el que señala que “las exportaciones de pescados y mariscos desde Panamá disminuyeron de $425.6 millones en el 2005 a $111.5 millones en el 2018, que equivale a una caída del 73.8% (…) Se asume que esta disminución de la productividad y competitividad en el sector pesquero y acuícola fue ocasionada por: la sobreexplotación de las especies costeras-marinas, la contaminación de los ecosistemas C&M, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y el cambio climático”.

El reconocimiento de la pesca de arrastre no solo para especies de camarón sino para varias especies de peces busca legalizar una pesquería que no existe actualmente, que no tiene sustento técnico ni regulación y es, además, contradictoria respecto a varias acciones previas del Ejecutivo, señalaron las organizaciones.

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