CSJ decidirá a fin de mes acumulación de demandas contra la Ley 406

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó ayer sobre el estatus de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.

Hasta la tarde de ayer cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 ya contaban con la opinión del procurador de la Administración o del procurador general de la Nación.

Entre ellas están la interpuesta por el abogado Juan Ramón Sevillano. El término de alegaciones empezó ayer 9 de noviembre y vence el 23 de noviembre de 2023. También está la demanda presentada por la abogada Martita Cornejo Robles, enviada al procurador general de la Nación. La fase de alegatos comenzó el miércoles 8 de noviembre y termina el 22 de noviembre de 2023.

De igual manera, ya se cuenta con la opinión del procurador de la Administración en la denuncia interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño Alvarado, la presentada por 23 abogados el pasado 26 de octubre y la que presentó el abogado Martín Jesús Molina Rivera.

El pronunciamiento del procurador de la Administración en estas tres demandas fueron recibidas ayer en la Secretaría General de la CSJ.

La CSJ está en espera de la opinión del procurador de la Nación en las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el abogado Roberto Ruiz Díaz, la de la firma forense Estudio Jurídico Cedeño y la interpuesta por el abogado Efraín Eduardo Cajar González.

De igual manera se espera un pronunciamiento del procurador de la Administración sobre la demanda interpuesta por el abogado Elvis Albert Polo.

La CSJ informó en un comunicado que los edictos mediante los cuales se comunica la apertura de la fase de alegatos se publicarán en dos diarios de la localidad con circulación nacional a partir de hoy viernes 10 de noviembre, el sábado 11 de noviembre y el domingo 12 de noviembre de 2023.

Detalló la entidad que la norma legal establece que el edicto en donde se comunica la apertura para la presentación de las opiniones, estará fijado por un término de 3 días.

Una vez ocurrido esto, comienzan a correr los 10 días para la presentación de las opiniones de los ciudadanos respecto a las demandas interpuestas. Al culminar esta fase, los magistrados de la CSJ elaborarán un proyecto.

La CSJ explicó que una vez concluya este término, el próximo 23 de noviembre de 2023, se decidirá la acumulación de las demandas de inconstitucionalidad que se encuentran en el mismo estado de fallar, como lo dispone el artículo 2288 y siguientes del Código Judicial.

Ayer desde la mañana se intensificaron las protestas por parte de obreros miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), con varios cierres de calle en diversos puntos de la ciudad, que incluyeron actos vandálicos cometidos específicamente contra la sede central de la Contraloría General de la República, en la avenida Balboa. También fueron incendiados baños públicos movibles y una caseta del SPI ubicados en la cinta costera. Los agentes de control de multitudes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para despejar las vías.

Mientras esto ocurría, Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y representantes de diversos gremios del sector privado se reunieron con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a quien exigieron que garantice la paz social, la normalidad y la posibilidad de trabajar “para llevar el sustento a sus familias” tras los cierres de vías en rechazo de la Ley 406.

Le expusieron a Cortizo la situación insostenible de las empresas panameñas tras los cierres y bloqueos de calles y vías de comunicación, lo que además de generar pérdidas millonarias, según indican, continúan ocasionando la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas por no poder mantener el pago de sus obligaciones salariales y otros compromisos financieros.

En tanto, y ante el contexto de protestas sociales registradas en las últimas semanas en Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron un llamado al Estado a respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, de conformidad con los estándares interamericanos.

La CIDH y su RELE recuerdan que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la defensa de los derechos humanos, y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

En la tarde, grupos sociales que se oponen a la Ley 406 hicieron una concentración en la cinta costera, mientras que otros sectores de la sociedad civil y organizaciones sindicales protestaron en la plaza Catedral. Allí una delegación de la Alianza Pueblo Unido por la Vida ingresó a la Presidencia de la República para entregar un anteproyecto o iniciativa ciudadana para que sea derogada la Ley 406, y que esta sea presentada a la Asamblea por el Órgano Ejecutivo. Esta propuesta fue recibida por la ministra de Trabajo, Doris Zapata. La reunión no duró mucho tiempo y a su salida, Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, afirmó que la “lucha continúa en las calles”.