La Cciap califica como 'positivo' el acuerdo entre el Estado y Minera Panamá; ambientalistas lo tildan de 'irregular'

Como “positivo”, así calificó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Minera Panamá, y espera que en un corto tiempo se logre formalizar un nuevo contrato.

“La culminación de la negociación es un paso en la dirección correcta. Corresponde culminar el proceso de manera exitosa hasta la aprobación del contrato ley en la Asamblea Nacional”, expresó la Cciap en un comunicado.

Y es que para el gremio empresarial, la negociación lograda entre la empresa y las autoridades brinda “tranquilidad” a la inversión privada más importante del país, reafirmando el posicionamiento de Panamá como “puerto seguro de inversiones”.

Igualmente, enfatiza en la importancia de que se respeten los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación en las siguientes instancias que corresponden.

Además, “resulta importante que un porcentaje de los beneficios adicionales se inviertan a través de estrategias prudentes que permitan que el mismo se multiplique y puedan utilizarse en áreas de desarrollo estratégico del país con visión a largo plazo”, expresó el presidente de la Cciap, José Ramón Icaza Clément.

El gremio espera que a partir de estos nuevos ingresos el país acelere su crecimiento económico nacional de manera sostenida en beneficio de todos los panameños.

Representantes del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería han categorizado como “inconstitucional” el nuevo contrato con Minera Panamá, alegando que la comisión nombrada por el Ejecutivo para negociar dicho contrato no fue constituida legalmente. Además, solicitan a los diputados escrutar el contrato, que llegará al Legislativo para su aprobación o rechazo.

En el documento explican que la negociación fue “irregular” y que los avances obtenidos son “minúsculos” en materia ambiental y laboral. Afirman que el Gobierno no está a tomando en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual declaró el anterior contrato con Minera Panamá como inconstitucional. El Órgano Ejecutivo “ha demostrado una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la ley, así como de los derechos fundamentales que esta consagra”, declara la nota.

Añaden que, al evadir la licitación pública y la competencia de oferentes, el Estado deja de percibir los máximos beneficios. El nuevo contrato estipula que el Gobierno recibirá 10 veces los aportes anuales promedio alcanzados hasta la fecha. Algo que consideran como poco, tomando en cuenta que solo el cobro de la evasión anual del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, le daría al país más de 100 veces lo recibido anualmente por la minera.

“El nuevo contrato sigue desconociendo la inmensa riqueza natural y cultural que se destruye en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad de toda la región”, acotó el grupo ambientalista. Anexa que hasta la fecha se acumulan 295 accidentes ambientales en tres años dentro de esta área.

Declara que esta negociación “desconoce la voluntad de los panameños, que rechazan la minería a cielo abierto y no quieren empeñar sus ríos y bosques”.

“El camino a la recuperación económica requiere ineludiblemente la recuperación ambiental”, dice el documento. Por lo que exigen al Gobierno honrar sus compromisos internacionales en torno a la biodiversidad y acción climática.

La nota cierra afirmando que Panamá posee una gran riqueza ambiental, que produce una gama de servicios y bienes ambientales de forma sostenible que benefician a millones –como la producción de agua segura, generación de energía eléctrica, purificación de aire, polinización, producción de leña, medicinas naturales, madera, alimentos y estabilidad climática–, y debe ser protegida constitucionalmente por el Estado y todos los habitantes del país.