Acceso a información pública, la mayor amenaza a la libertad de prensa en Panamá, dice SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que la "mayor amenaza a la libertad de prensa" en Panamá se da en materia de acceso a la información pública.

En un informe preliminar que deberá ser ratificado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea General, señala en ese sentido que varias agencias e instituciones del Estado en Panamá "siguen rechazando proveer datos que se les solicitan".

Además, de acuerdo con este reporte, también "rehuyen responder cuestionarios de los periodistas e incumplen con la obligación de publicar información pública en su sitio web".

También destaca el proyecto de una nueva Ley de Transparencia, muy criticado por activistas y gremios de prensa por considerarlo un retroceso para este país, que fue uno de los primeros de América en legislar en la materia, y "cuya redacción inicial obstaculizaría aún más el acceso a la información pública", apunta la SIP.

Se trata del Proyecto 1031 presentado en abril pasado y que sustituiría a la Ley 6 del año 2002 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, una de las primeras en América Latina.

La SIP recuerda que este proyecto, "elaborado sin consultar a los gremios periodísticos y organizaciones interesadas en transparencia de la gestión pública", fue retirado a mediados de septiembre "tras la presión de 57 asociaciones civiles, entidades periodísticas y gremios empresariales".

Ataques a periodistas y medios de comunicación

El informe de la SIP consigna igualmente que en Panamá además se contabilizan varios ataques e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, destacando algunos que se han dado a través de las redes sociales y uno por parte de un diputado oficialista.

De igual manera menciona que en las actuales manifestaciones en contra de la cuestionada renovación de un contrato minero entre el Estado y una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), "varios periodistas advirtieron de ataques por parte de la policía con perdigones y otros que fueron intimidados por manifestantes".

En una de estas protestas, el fotógrafo y activista Aubrey Baxter "fue impactado en la cara y perdió el ojo derecho".

La organización también se refiere a que durante una protesta del principal sindicato de la construcción del país se bloquearon los accesos de las cadenas Telemetro y RPCTV con pancartas en las que señalaban a ciertos periodistas como "mercenarios de la información".

El acoso judicial

El reporte de la SIP igualmente hace mención a que el "abuso de las demandas civiles y penales" persevera en Panamá en contra de periodistas y medios de comunicación.

Entre estos casos, la organización hace referencia a que contra Corporación La Prensa (Corprensa), editora de Mi Diario y La Prensa, "hay 12 demandas civiles por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria, con pretensiones de hasta 50,7 millones (de dólares), todas presentadas por políticos y funcionarios o exfuncionarios".

Detalla que hay abiertas tres causas penales y dos demandas civiles contra el medio digital Foco, por las que se pretenden penas por 746.000 dólares, mientras en un proceso interpuesto por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria, "se mantiene el secuestro de 4.500 dólares".

La SIP, organización sin fines de lucro, dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas, está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.