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Actualizado
- 30/06/2024 01:00
Creado
- 29/06/2024 17:32
El caso Mossack Fonseca, mal llamado mundialmente como los “Panama Papers”, ha puesto a prueba al sistema judicial panameño, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad en los procesos judiciales
El Ministerio Público (MP) sufrió un duro golpe en las investigaciones de los casos “Lava Jato” y “Panama Papers”, concluyendo con la absolución de 28 personas acusadas de delitos contra el orden económico, específicamente blanqueo de capitales.
La jueza Baloísa Marquínez detalló en su sentencia que las pruebas presentadas no fueron suficientes ni concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, a pesar de la petición de la Fiscalía de condenas de hasta 12 años de prisión.
Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), expresó su satisfacción por la reciente sentencia en el caso Mossack Fonseca, pero también aprovechó la ocasión para criticar el manejo del MP en este caso.
“Brindar servicios corporativos, incluyendo ser agente residente, no debe ser considerado delito bajo ninguna circunstancia”, enfatizó.
“El proceso judicial ha afectado gravemente la reputación de nuestra abogacía y, lamentablemente, del país en general. No se trata solo de pérdidas millonarias para la firma de abogados, sino de un desprestigio que afecta a todos los profesionales del derecho en Panamá”, señaló la presidenta de los abogados.
El caso Mossack Fonseca, mal llamado mundialmente como los “Panama Papers”, ha puesto a prueba al sistema judicial panameño, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad en los procesos judiciales.
“Esta sentencia llega tardíamente, pero es relevante porque expone las fallas de un sistema judicial que a menudo vulnera los derechos de los ciudadanos”, señaló Juan Carlos Araúz, expresidente del CNA.
Araúz destacó la urgente necesidad de reformar el modelo inquisitivo mixto utilizado en los procesos judiciales en Panamá.
“Debemos declarar inconstitucionales todos los procesos bajo este modelo que permiten preconceptos y presiones que distorsionan la administración de justicia”, agregó. “Es imperativo que nunca más se repita este tipo de injusticias en nuestro país”.
A medida que se conocía la sentencia del juzgado, el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, confirmó que destituyó a la fiscal Zuleika Moore, quien investigó el caso Odebrecht en Panamá.
Moore participó en los equipos de fiscales encargados de investigar casos de corrupción en el país, pero en 2021 fue trasladada a la provincia de Bocas del Toro. Un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resaltó una investigación deficiente de Moore, quien secuestró una finca a un empresario sin estar ligada al caso Odebrecht. Por ello, la CSJ condenó al Ministerio Público a pagar más de 50 mil dólares por daños materiales.
Además del caso Mossack Fonseca, las recientes destituciones de fiscales superiores han generado inquietud y demandas de transparencia en la gestión pública. “Nos hemos enterado por los medios de comunicación sobre las destituciones de fiscales superiores”, comentó Maritza Cedeño. “Es crucial que el Procurador explique detalladamente los motivos detrás de estas decisiones. Si se descubre que hubo actuaciones al margen de la ley, se debe investigar y castigar a los responsables. No podemos permitir dudas sobre la integridad de nuestro sistema judicial”.
Juan Carlos Araúz añadió su voz a la llamada por la transparencia: “El Ministerio Público debe revelar de manera clara y pública las razones detrás de estas destituciones. La población merece saber si estas acciones fueron producto de un mal funcionamiento o de irregularidades que comprometen la credibilidad de nuestras instituciones”.
En tanto, Caraballo, ha implementado una serie de rotaciones dentro del MP como parte de evaluaciones de desempeño y ajustes estratégicos en distintas fiscalías clave.
Según fuentes del Ministerio Público, los cambios anunciados son los siguientes:
Sofía Carreño, asumirá como la nueva subsecretaria general del Ministerio Público.
Azael Samaniego, actual subsecretario, será trasladado a la fiscalía de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana.
Julio Villarreal, quien ocupará el puesto dejado por Aurelio Vásquez tras su reciente renuncia, asumirá la sección sección de delitos contra el Orden Económico.
Luis Martínez, proveniente de Veraguas, se integrará a la sección Especializada de Homicidios de la Fiscalía Regional de San Miguelito.
Zulma Deep, por su parte, asumirá la fiscalía Superior de Adolescente de Colón y Guna Yala.
Julio Vergara tomará las riendas de la fiscalía de Bocas del Toro. Ruth Morcillo se mantendrá en su puesto actual.
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