Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocido como un derecho consustancial a todas las personas y, por eso, es un pilar fundamental de la democracia. Además, reconoce la capacidad de expresarnos en temas políticos o sociales, sino también en científicos, filosóficos y religiosos. ¿Tiene límites este derecho fundamental para expresar lo que pensamos, creemos y sentimos? Sí y no.

Durante 21 años los panameños vivimos privados de la libertad de expresarnos libremente. Se destrozaron emisoras de radio, como la de Thelma King, en Colón, y la de Alberto Quirós Guardia, en la ciudad de Panamá; se cerraron diarios como Panamá América, Crítica y La Hora, se llegó a nombrar censores, que revisaban cada edición de diarios y revistas y encarcelaban periodistas y reporteros. Algunas modificaciones se hicieron a fines de la década de 1970 por la necesidad de hacer público y discutir el Tratado Torrijos Carter, pero esta etapa denominada Veranillo Democrático no duró mucho.

La década de 1980 contó con la fundación de La Prensa, los que participamos de este proyecto teníamos como única misión fundar un diario libre, democrático y sin dueño, abierto a todas las opiniones democráticas, políticas y sociales. La persecución y ataque a este diario nos confirmó, entonces, la necesidad de garantizar y defender la libertad de expresión.

Se reabren los medios a partir de 1990 y comienza una etapa que requería restaurar la confianza, sanar las profundas divisiones entre panameños, garantizar las libertades ciudadanas y el respeto a la diversidad de opiniones que, a partir de ese momento, se manifiestan en todo el país. Si pasamos a considerar en el ámbito de la política el rol que han jugado los medios de comunicación en los últimos años, cada uno podrá entender por qué ese derecho impone que su ejercicio tenga determinados límites, que las leyes también definen claramente.

Sí, la libertad de expresión es un derecho que debe ser defendido y respetado, igual debe ser el derecho a exigir responsabilidad cuando se publican sin ninguna constancia acusaciones, burdas sospechas o calumnias, con el propósito de desprestigiar la honra de algunos ciudadanos, así como la divulgación de noticias que inciten al odio, el racismo, hagan apología del delito y pongan en peligro la seguridad nacional, tal como se establece en el documento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades y recordar ciertas restricciones consignadas por las leyes. Estas normas también se aplican a las nuevas tecnologías, donde cualquiera persona puede violar las limitaciones que señala la ley y la ética.

En Panamá, las demandas presentadas por injuria y calumnia contra varios medios, en particular el diario La Prensa, han puesto de relieve la responsabilidad de estos, pues cierto es que la libertad de expresión no se debe tergiversar para propósitos malintencionados. El amarillismo periodístico, es decir aquellos periódicos tabloide que desde hace más de medio siglo han plagado el periodismo criollo, ha pasado a otros formatos periodísticos donde sin verificar la información o la fuente de la que procede ha atentado contra la dignidad y la honra de muchos, en especial de los políticos que adversan.

En materia de divulgación de hechos noticiosos y hasta de informaciones de carácter personal, he llegado a calificar con tres términos esta situación, intentando reducir los criterios objetivos y la información de todo tipo, calificándolas: “es verdad”; “es mentira”; “y se dice”.

El ciudadano que se sienta agraviado u ofendido por publicaciones puede quejarse de éstas y pedir su derecho a réplica, con la misma notoriedad con la que se publicó la noticia. Más los medios no pueden quejarse cuando se interpone una demanda y menos aduciendo que el resarcimiento económico constituye una violación a su derecho a la libertad de expresión o argumentar que la crisis económica en la que se encuentra se debe a las sanciones ordenadas por la ley, cuando puede atribuirse a otros factores como pérdida de credibilidad y mala administración.

El día que un ciudadano no pueda acudir a los tribunales para pedir el respeto de su nombre y de su honra invitaremos a las venganzas personales, una práctica ya conocida entre muchos de nuestros países vecinos.