y la violencia femicida y homicida

Las muertes violentas no tienen un sujeto definido ni por edad o sexo, y en nuestro país, puede incurrirse en un homicidio simple, cuando se le quita la vida a una persona de cualquier sexo (art.131), o cuando se realiza concurriendo formas especiales muy graves, como, por ejemplo, cuando se causa la muerte a un pariente cercano, se emplea veneno, que se identifica a un Homicidio agravado (art.132), más, no Asesinato, pues jurídicamente en nuestra legislación no existe.

Es posible también, el femicidio que, a diferencia del homicidio, el homicida tiene que ser hombre, y la víctima siempre es mujer, y valga señalar, que es un tipo de agresión a la mujer ligada a la idea de que ella es una posesión del hombre, y se afirma que el hombre se convierte en justiciero para recobrar su masculinidad por el desafió de la mujer de rebelarse a su dominio (Maqueda Abreu).

En las situaciones anteriores, el autor le quita la vida a otro ser humano, sabiendo y queriendo producir ese resultado generalmente con el empleo de armas de fuego, aunque puede ser cualquier otro medio, siendo sus víctimas según estadísticas del Ministerio Público, hasta noviembre de este año en su gran mayoría personas del sexo masculino (490) y también mujeres (44) ejecutados en lugares de mayor índice como Panamá y Colón.

Y como sucede recientemente con la muerte violenta de una joven de 22 años, por parte de su exnovio, es un detonante, para que escuchemos opiniones sobre lo urgente del aumento de las penas para el homicidio, momento ideal para que los políticos, incrementen su ranking político ante un clamor ciudadano que busca una respuesta ante la inseguridad ciudadana que vive el país.

Por tanto, es oportuno presentarles un recuento histórico legal de la legislación penal de la vida humana, respecto al aumento de la pena en el delito de homicidio, pues sin duda, señala datos que deben servir al Estado, en el proceso de enfrentar la criminalidad de muertes violentas, y que el público debe conocer antes de opinar a favor del aumento de la pena.

Y es que en distintas épocas el aumento de la pena ha sido la fórmula aplicada para enfrentar el homicidio, partiendo del Código Penal de 1982, que deroga al Código Penal de 1922, que fija penas de 5 a 20 años para el homicidio, seguido del código vigente (2007) que inicialmente señala pena de 10 a 30 años, y que, valga señalar, que este código se basó en la política criminológica de 2006, que se orientaba hacia el aumento de las penas para los delitos.

Ya en vigencia del Código Penal del 2007, se fija en el 2009, la pena para el homicidio desde 6 meses a 30 años, seguido de la última reforma penal de 2013, con el homicidio por encargo, relacionado con la delincuencia organizada, que concreta la pena de 28 a 30 años.

Como se observa, el aumento de la pena nada ha resuelto, y ciertamente el homicida merece un castigo, pero está comprobado que no es la ruta para hacerlo.

¿Y tendríamos que preguntarnos: ¿Somos una sociedad enferma, que se refleja en las mentes enfermas que cometen hechos violentos? ¿Nos hemos acostumbrado a la violencia? Pero, lo cierto es que, según la Unesco, todo nace de la mente humana, y si queremos combatir la violencia, hay que promover una cultura de paz, educando a las personas en valores o actitudes que respeten la dignidad humana, y con ello lograr una sociedad mas sana.

Por supuesto, que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y adoptar estrategias y programas de prevención ante el auge de la criminalidad, y es necesario conocer las causas o factores que conducen a ello, y todo ello es necesario pues la violencia homicida ya llegó a los hogares, y en poco tiempo también lo hará en los colegios, como sucede frecuentemente en Estados Unidos, si no actuamos.

En fin, la sociedad reclama el derecho a vivir libre de miedo, de violencia, y a vivir en paz; dejemos a un lado la retórica del aumento de las penas, y pongamos todos el acelerador en la prevención del delito, en la que también la sociedad en general, incluyendo, las escuelas, las instituciones públicas y privadas, y las familias deben fomentar los valores. Ya decía Cesare Beccaria, autor de los Delitos y las Penas (1764), que “la educación es la clave para prevenir el delito. Si las personas son educadas en los principios de justicia y respeto mutuo, serán menos propensas a cometer actos delictivos”.