Entrelíneas del 7 de enero de 2025

La protesta es un derecho que tiene toda persona para hacer valer sus opiniones, expresar críticas o inconformidad con respecto a cualquier tema de interés, políticas públicas y decisiones del gobierno, según lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, si bien es cierto que a lo largo de la historia, las movilizaciones de huelga han desempeñado un papel decisivo para que se reconozcan nuestros derechos humanos, sociales, laborales, ambientales y civiles, hay que ser conscientes de las consecuencias que esto podría traerle a Panamá en un momento en que su economía todavía no se ha podido recuperar de las protestas masivas de noviembre de 2023, en contra de la extensión del contrato de la mina de Donoso, y que derivaron en el cierre abrupto del proyecto. Ayer, el Suntracs y los trabajadores de la línea 3 del Metro de Panamá S.A. anunciaron una huelga indefinida por supuestos incumplimientos en el convenio colectivo de la ley. Empero, hay que entender que el impacto no solo es a una empresa, empresario, político o a un proyecto en particular, sino a la economía del país en general, a su reputación ante los ojos del mundo como destino seguro para la inversión extranjera directa, y eso lo dejó bien claro la calificadora Fitch, que en marzo pasado le quitó el grado de inversión a Panamá y, más recientemente, S&P y Moody’s le hicieron saber que está a un escalón de perderlo, por lo que se mantienen vigilantes en cuanto al manejo de sus finanzas públicas, las reformas a la Caja de Seguro Social y los litigios asociados a la mina Cobre Panamá. Hoy, más que nunca, urge un llamado al diálogo que ponga fin a cualquier conflicto y que le permita a la economía panameña seguir creciendo, para jamás ser un “ángel caído”. ¡La responsabilidad es de todos!