¿Progreso o riesgo ambiental? Debaten impacto del Corredor del Caribe

“Un fallo de justicia”, así describe Cristóbal Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo, la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la cual se levanta la medida de suspensión provisional a la construcción del proyecto vial Quebrada Ancha-María Chiquita en Colón, mejor conocido como Corredor del Caribe.

De acuerdo con Valencia, este proyecto es un paso importante para el desarrollo de Colón, ya que el corredor beneficiará no solo a la población de la costa arriba, sino a todos los sectores de la provincia.

“Esto es algo justo para la costa arriba, la propia provincia de Colón y todos sus moradores [...] La Corte aceptó la demanda que se interpuso en contra de la construcción del corredor pero, gracias a Dios, tomó su tiempo y han fallado dentro de la justicia”, dijo el presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo a La Estrella de Panamá.

A pesar de la orden de la CSJ, la magistrada María Cristina Chen destacó que la decisión fue tomada priorizando el interés general, pero que esta medida no implica una decisión final sobre el caso, que será determinada tras un análisis integral de las normativas aplicables. También subrayó que no representa un adelanto del fallo de fondo.

La magistrada dijo que, tras analizar la documentación presentada por la firma forense, mantener la suspensión de la obra afectaría los intereses de las comunidades cercanas. Actualmente, estas poblaciones sufren por la falta de carreteras seguras que garanticen su conexión con el resto del país.

Según el presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo, solo queda “meterle fuerza” al Corredor del Caribe para terminarlo lo más rápido posible y se convertirá “en una vía de progreso, esperanza y bienestar para la costa arriba, Portobelo y Santa Isabel” .

El impacto de este proyecto no solo se proyectará de mejor manera a la provincia en el campo del turismo; también permitirá una mejor circulación vial y que puedan transportarse mejor hasta el centro de la ciudad en sus actividades del día a día.

Además, mencionó que en diferentes partes de la provincia, pequeños y grandes proyectos para dinamizar la economía están en proceso, y el Corredor del Caribe sería una manera de apoyar su desarrollo.

“Todos tenemos que unirnos para empezar a desarrollar la provincia y que la población sea el principal beneficiario, porque eso es lo que define un destino turístico”, explicó.

Mientras que para algunos sectores la orden de la CSJ fue motivo de celebración, otros recibieron la noticia con preocupación. “Nos sorprendió el levantamiento de la suspensión por orden de la Corte, acogiendo una solicitud de los promotores de la obra, el alcalde de Colón, promotores de turismo, empresarios y demás”, expresó el biólogo y ambientalista Guido Berguido a La Decana.

Aunque los demandantes reconocen la necesidad de conectividad dentro de la provincia, también señalan que la decisión es incongruente con la normativa ambiental vigente en el país.

“Nosotros somos conscientes de que la comunidad tiene derecho a mejores condiciones de vida con accesibilidad y conectividad, lo respetamos, pero atender esta situación no debe ser algo que vaya en contra de nuestras leyes”, argumentó.

En el comunicado de la CSJ, Chen explicó que la suspensión impactaría negativamente en la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades, según los documentos evaluados.

El proyecto fue rediseñado en consenso con la Autoridad del Canal de Panamá para evitar intervenir el Parque Nacional Chagres y minimizar afectaciones en áreas de reserva natural. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas informó que la obra afectará 84 hectáreas, siguiendo una ruta que coincide con 17 kilómetros de caminos ya existentes en la zona.

Ante esto, Berguido manifestó que desde un inicio se ha reclamado el impacto que la obra tendrá en la población cercana al proyecto, sin embargo, la solución no es seguir construyendo la obra y luego atender sus consecuencias ambientales.

“La CSJ tiene el deber de velar porque se cumple con la Constitución y los convenios internacionales, y esperamos que en ese sentido termine tomando las medidas correspondientes para salvar la integridad ambiental de la zona”, habló el experto.

El biólogo también dijo que se pudo tomar otras vías que no afectaran el medio ambiente, como lo hace la ruta de Quebrada Ancha-María Chiquita.

En cuanto a la afectación que podrían tener las comunidades alejadas de este proyecto, menciona alguno de los efectos que ya están viendo los pobladores: agua contaminada, la falta de peces, contaminación del aire y la pérdida de la biodiversidad única del lugar. Esto se debe a que el proyecto irrumpe con el Corredor Biológico Centroamericano.

”Nos interesa que se tomen prevenciones de otras rutas alternas para evitar el impacto correspondiente a esta zona de la provincia”, concluyó Berguido.