Gobierno tiene ‘miedo atroz’ a consulta pública

Dos demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas contra el memorando de entendimiento firmado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Una de ellas fue interpuesta por el abogado Benjamín Solís Aizpurúa, en representación propia. De acuerdo con el sitio de consultas del Órgano Judicial, el reparto fue hecho el 15 de abril en el despacho del magistrado Cecilio Cedalise. Este miércoles fue llevado a Secretaría General con mandamiento firmado por el magistrado ponente.

El abogado Juan Ramón Sevillano también interpuso una demanda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en este caso en representación de Sal de las Redes.

La demanda de Sal de las Redes se fundamenta en una serie de hechos presentados en el documento. Entre ellos, las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, manifestando su intención de tomar el control del Canal, las amenazas hechas por el Gobierno de Estados Unidos para este fin, y luego lo firmado entre el ministro Ábrego y el secretario Hegseth.

“El objetivo principal de este acuerdo, el cual resulta oscuro en sus propósitos y fines, es facilitar el uso de áreas territoriales e infraestructura de la República de Panamá a personal militar de Estados Unidos y sus contratistas; esto es, tendremos en estas áreas adyacentes al Canal de Panamá, un ejército extranjero operando, sin ningún límite de unidades y/o equipo (aviones, barcos, drones, etc.), bajo el ropaje de operaciones conjuntas de entrenamiento”, apunta la demanda. Añade que “es evidente” que el objetivo es garantizar la seguridad del Canal.

De acuerdo con el artículo 325 de la Constitución panameña, toda la materia de protección del Canal debe ser sometida a la consideración de la Asamblea Nacional y al referéndum de la población. Cualquier “enmienda, reserva o entendimiento” será considerado inválido si no cumple esos requisitos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha defendido el memorando al afirmar que es un acto administrativo, que está permitido bajo el Tratado de Neutralidad y que se han firmado acuerdos similares en el pasado.

“¿Con qué objetivo el Gobierno ha hecho esta conclusión lingüística para que no se dé la consulta popular obligatoria que dice el artículo 325 de la Constitución?”, reclama el abogado que interpuso la demanda, Juan Ramón Sevillano. “Firmamos la entrega de tres áreas para que operen bases militares. Usted va ahí y ve militares, aviones militares, helicópteros militares, toda cuestión militar. Es más, en este memorándum hay un anexo donde usted ve que hay un mapa donde delimitan las áreas que ellos van a usar. Entonces, si usted limita un área y están grupos militares, ¿eso qué es? ¿Una cancha de fútbol o es un asunto militar?”, añadió.

Para Sevillano, este memorandum es diferente a los acuerdos hechos en el pasado. “La diferencia es que en este caso no estamos hablando de temas migratorios, no estamos hablando de cooperación en materia de seguridad, de drogas y cosas de esas. En los otros que dice el presidente se referían a ese tipo de cosas, no a una base militar. El fuerte Sherman, el fuerte Howard, ¿qué son? ¿Áreas dónde había bases militares o áreas donde había cosecha de arroz?”, cuestionó.

Para Sevillano, el gobierno del presidente Mulino le tiene “un miedo atroz” a la consulta pública, pues sabe que la respuesta sería un rechazo rotundo por parte del pueblo panameño.