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La presencia de militares estadounidenses armados y en uniforme de faena transitando por las calles de Panamá nos retrotrae a la época de la extinta Zona del Canal: ese territorio ocupado por el Comando Sur del ejército de Estados Unidos, donde los panameños debíamos presentar un ID o permiso para ingresar a nuestras propias tierras, ante los MP —la policía militar de ocupación— que custodiaba las garitas.
Quienes vivimos esa experiencia recordamos con indignación lo que significaba no poder caminar libremente por territorio nacional sin el consentimiento de soldados extranjeros. Imposible olvidar a los mártires del 9 de enero de 1964, que con la bandera en alto enfrentaron al ejército más poderoso del mundo reclamando la soberanía de Panamá sobre el Canal, y que fueron asesinados. Aquella gesta patriótica encendió la llama de lucha que condujo, años después, a la firma de los Tratados Torrijos-Carter.
Hoy, nos sentimos nuevamente ofendidos. Vemos, con asombro e indignación, cómo el gobierno de turno ha cedido ante las pretensiones neoimperialistas de Mr. Trump, otorgando tránsito gratuito a sus naves de guerra y reactivando —bajo el ambiguo término de “cooperación”— la presencia militar estadounidense en suelo panameño. La actitud colaboracionista del presidente José Raúl Mulino constituye un imperdonable acto de entreguismo.
Esta traición a la patria, que tanto el presidente como sus ministros niegan, quedó expuesta con las declaraciones posteriores del secretario de Defensa y del propio presidente Trump. Nos intentan suavizar la realidad con una narrativa plagada de eufemismos como “costo neutral”, “cooperación conjunta” o “compensación por servicios”. También mienten cuando niegan la reapertura de bases militares en los antiguos fuertes Sherman, Rodman y Howard.
Después de la visita del secretario Marco Rubio en los salones del Club Unión, ya se hablaba de un acuerdo para la reapertura de las bases. Por ello, el memorándum de entendimiento firmado por el presidente Mulino y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, no fue producto de la improvisación, sino un pacto previamente acordado. Las posteriores notas diplomáticas y los supuestos malentendidos no son más que postureos para guardar apariencias.
La cesión de soberanía ha sido una constante incluso antes de la reversión del Canal. He aquí una cronología de acuerdos, arreglos, memorandos de entendimiento y otros instrumentos firmados por sucesivos gobiernos panameños con Estados Unidos, hasta llegar al ominoso memorándum Mulino–Hegseth:
10 de enero de 1990: Acuerdo Lima-Levitsky, sobre cooperación contra el narcotráfico.
25 de junio de 1990: Convenio Linares-Baker, para impedir el desvío de precursores químicos.
28 de diciembre de 1990: Arreglo Arias-Lang, para adiestramiento en investigación criminal y la creación de la Policía Nacional.
18 de marzo de 1991: Arreglo Arias-Hinton, asistencia de la Guardia Costera de EE. UU para operaciones dentro de las aguas territoriales de Panamá.
22 de julio de 1991: Acuerdo Linares-Hinton (asistencia legal mutua en asuntos penales).
15 de octubre de 1998: Ley 63 aprueba el Acuerdo Fábrega-Hughes, sobre transporte aéreo.
23 de septiembre de 1999: Carta de Entendimiento Sossa-Ferro, sobre combate al narcotráfico en las fronteras, muelles aéreos y puertos nacionales.
30 de agosto de 2000: Segunda Carta Sossa-Ferro, sobre crimen organizado y reducción del abuso de drogas.
5 de septiembre de 2000: Carta Young-Ferro, cooperación contra el lavado de dinero.
Diciembre de 2001: Canje de notas para autorizar agencias federales a intervenir en incidentes ambientales en el Canal.
5 de febrero de 2002: Acuerdo Salas-Becker, autoriza incursión de naves y aeronaves estadounidenses para el combate del tráfico ilícito marítimo y aéreo de estupefacientes en el territorio, aguas y espacio aéreo de Panamá.
1 de abril de 2002: Acuerdo Alemán Zubieta-Becker, sobre asistencia del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en casos de contaminación.
23 de junio de 2003: Acuerdo Watt-Arias Cerjak, sobre entrega de personas a la Corte Penal Internacional.
12 de mayo de 2004: Enmienda Escalona-Bolton, contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
15 de septiembre de 2010: Acuerdo Varela-Powers, cooperación en seguridad y crimen transnacional.
20 de octubre de 2021: Acuerdo Pino-Tuttle, sobre migración y seguridad fronteriza.
10 de febrero de 2023: Memorando Pino-Tuttle, sobre seguridad marítima.
1 de julio de 2024: Memorando Martínez-Acha–Mayorkas, sobre asuntos migratorios.
2 de febrero de 2025: Memorando Mulino–Rubio, para vuelos de repatriación de migrantes desde la base de Metetí.
Abril de 2025: Memorando Mulino–Hegseth, El acuerdo contempla el paso expedito y gratuito por el Canal de Panamá de buques de guerra de Estados Unidos y desarrollo de una agenda de defensa y seguridad del Canal que incluye la presencia de fuerzas militares estadounidenses en territorio panameño.
Con esta cronología, que más parece un prontuario de claudicaciones, queda en evidencia cómo se ha venido erosionando nuestra soberanía desde hace décadas. Y el punto más bajo lo marca, sin duda, el acuerdo firmado por el actual mandatario.