Este viernes 20 de diciembre se conmemoran los 35 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Hasta la fecha se ignora el número exacto de víctimas,...
Las desapariciones de las niñas Valery Palacio, de cinco años, y Madelyn Miranda, de dos, en la comarca Ngäbe Buglé, han dejado en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de menores en áreas recónditas del país. En ambos casos, los involucrados en el hecho eran supuestamente sus propios padres, y esto es aterrador. Por fortuna, hace apenas unos días, las pequeñas fueron encontradas por las autoridades tras la activación de Alerta Amber. Ante esta triste realidad es imperativo exigir al Estado las garantías y la estabilidad necesaria para que los derechos de los niños a la vida, seguridad, educación, salud, bienestar y recreación no se queden en campañas ni discursos. Hay que exterminar los abusos, la violencia, la destrucción, el trabajo infantil. Es notorio que el sistema de seguridad arrastra carencias, como la falta de vigilancia y de efectivos que cubran las necesidades de las víctimas en esos lugares apartados del país. El Gobierno debe contar con los instrumentos y el conocimiento para que el alcance de sus medidas de seguridad sea homogéneo en todo el territorio y cubra de manera eficaz —en provincias y comarcas por igual— a todas los niños que lo necesitan —. Ha de invertir cuantos medios económicos y humanos sean necesarios para cumplir con una prioridad máxima: la de salvar nuestra niñez, no se les puede seguir fallando. El tiempo que se pierde en supuestas urgencias, en el futuro nos avergonzará. Nunca olvidemos que los niños son nuestros ciudadanos más vulnerables, su protección, cuidado y resguardo es un compromiso prioritario.