La vieja práctica del mal llamado “matraqueo” en la Asamblea Nacional, entendida esta como el uso de presiones y prebendas para conseguir apoyo entre los diputados para aprobar proyectos de ley, es una costumbre nefasta que debe ser erradicada de la cultura política panameña. Aunque estos comportamientos no son exclusivos del Legislativo -también pueden encontrarse en otras instituciones del Estado e incluso en el sector privado-, el hecho de que ocurran en la Asamblea lesiona particularmente la institucionalidad democrática del país. Que algunos sectores de poder impulsen este tipo de estrategias para la “ley de amnistía” que favorece a exfuncionarios procesados por casos de corrupción o cualquier otra propuesta que esté en discusión es una situación repudiable que debe ser denunciada por todos, pero especialmente por los diputados que aseguran defender una forma distinta de hacer política. El silencio también es una manera de convertirse en cómplice de estas prácticas. Panamá enfrenta enormes desafíos económicos y sociales que deben discutirse en el Legislativo, incluyendo una amenaza existencial de Estados Unidos contra la nación, con la que pretenden hacernos retroceder en la larga lucha por nuestra soberanía. Basta de cobardía, es momento de que los diputados jueguen su rol, hagan contrapeso al Ejecutivo, defiendan al país de agresiones extranjeras y asuman una postura coherente ante los graves problemas nacionales no resueltos.

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