Se veía venir...

El panameño es un individuo tradicionalmente feliz, amigable y pacifista. Le toma varias décadas y abundantes desmanes antes de ver rebasado su umbral para la crispación social. El último estallido en las calles ocurrió hace ya 30 años, un evento que propició la caída de la dictadura militar, desafortunadamente acelerada por la cruenta invasión estadounidense. Pese a que casi todos los gobiernos democráticos posteriores han protagonizado un sinnúmero de escándalos y conducido al pueblo a niveles de lacerante inequidad, mientras los dirigentes políticos y sus cómplices empresarios se iban paralelamente enriqueciendo, la convivencia entre compatriotas había estado razonablemente tranquila durante las pasadas tres décadas. Aunque la pandemia, la crisis bélica en Ucrania y la enorme polarización ideológica generada progresivamente han ido diezmando la sosegada conducta de la población, los factores que han detonado el hartazgo actual son la desigualdad, la demagogia, la corrupción y la impunidad que hemos vivido durante todos estos años. Lo más deplorable es que mientras muchos habitantes están pasando momentos extremadamente difíciles en su economía, empleo, educación y salud, sometidos a rigurosas medidas restrictivas para evitar los estragos demográficos del covid-19, una gran cantidad de representantes del poder político se ha aprovechado de la situación para robar a destajo e incrementar sus ya, de por sí, excesivos privilegios.

Los diputados, descarados a más no poder, cuentan con la mayor parte de la culpa. Prebendas a tutiplén, presupuestos altísimos avalados según “¿Qué hay para mí?”, planillas abultadas para conveniencia electoral, clientelismos de toda índole, promotores “botellas” que cambian cheques de supuestas obras comunitarias, inmunidad para delinquir y calumniar a sus críticos, confección de leyes para favorecer a copartidarios y amigos, subasta de votos al mejor postor, debates anencefálicos, adquisición de tierras a costos irrisorios y celebraciones burlonas por haberse salido con la suya, son apenas algunas de sus más hirientes prerrogativas políticas. La justicia, para colmo, anda manga por hombro. Ningún gran maleante en la cárcel, solo peces pequeños y algunos por causas administrativas menores. Sobornos, más que presuntos, salpican la imagen de varios jueces. Evasiones fiscales de adinerados a la orden del día. Un órgano ejecutivo débil, chantajeado desde la Asamblea, sometido a las pugnas entre facciones del PRD y presionado por sus donantes de campaña, con algunos ministros inoperantes y con el programa de pensiones de la CSS en cuidados intensivos. La contraloría brillando por su ausencia. Una oposición tierna y sin liderazgo, que solamente aporta soluciones constructivas cuando no es gobierno, pero que cuando asume puestos jerárquicos exhibe igual o peor desempeño. Sindicatos y gremios repletos de oportunistas, con prácticas corruptas similares. La amalgama de todos estos anómalos componentes tiene al país en la zozobra y a la gente desesperada por sobrevivir dignamente.

Las protestas actuales son, sin duda, muy legítimas. Aunque pudiera haber infiltración de facinerosos con agendas aviesas, de opositores sacando provecho de la anarquía y de turbas con poca empatía por niños, ancianos, enfermos, turistas y productos agropecuarios que sufren las consecuencias de los tranques, la mayor parte de los manifestantes está haciendo reclamaciones justas que merecen nuestra solidaridad. Va siendo hora, no obstante, de encontrar fórmulas creativas para protestar, sin afectar al propio pueblo, sino solo a los culpables de las vicisitudes que nos asfixian. Los policías son también parte de ese pueblo humilde, pero tienen la obligación constitucional de garantizar el orden público, por lo que no deberían ser el blanco de los odios e insultos. Paralizar la educación de nuestra juventud o la atención de salud de los más necesitados no son estrategias sensatas. Después de dos años sin clases y sin controles adecuados de las morbilidades crónicas, cualquier huelga en estos dos imprescindibles sectores, que cobran quincenas aun sin trabajar, es totalmente inaceptable. Aunque son muchos los problemas por resolver, eliminar el impuesto del combustible, reducir el valor de la canasta básica de alimentos esenciales (verdaderamente nutritivos), bajar el exagerado costo de los medicamentos e implementar un regimen estricto de austeridad estatal son, por ahora, las más relevantes acciones que el gobierno debe atender de manera contundente y a muy corto plazo.

La situación se está tornando muy peligrosa y debemos solucionarla entre todos. El futuro de Panamá está en juego. Lo que no debemos permitir es que un populista mesiánico, con intereses mezquinos y personales, saque provecho del caos para su propio rédito electoral en el 2024. La Patria no aguanta más el ultraje sufrido en los recientes quinquenios. Con tanta bonanza económica y ventajosa posición geográfica, no debería haber gente pobre en tan pequeña nación. Eso no es culpa ni de Estados Unidos, ni del fondo monetario internacional ni de las entidades financieras globales, sino del sempiterno juega vivo convertido desde hace tiempo en nuestra marca país y que ante la carencia de una educación ética de calidad las secuelas se hacen cada vez más irreversibles. Se veía venir…