Ley cripto: el segundo intento de la Asamblea y la postura del sector

La Asamblea Nacional se encamina, por segunda ocasión, a debatir un proyecto de ley que pretende establecer un marco regulatorio sobre las criptomonedas e impulsar la economía digital.

El proyecto de ley 247, presentado por el diputado suplente Gabriel Solís, busca regular el uso, comercialización y supervisión en Panamá, “promoviendo un entorno seguro y transparente para la economía digital”. Así lo establece el documento legislativo, que fue prohijado el pasado 10 de abril por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

“Buscamos que Panamá sea referente en América Latina sobre este punto. Aprobar este marco regulatorio significa darle a Panamá una ventaja estratégica en la economía digital global”, agregó.

La propuesta plantea la creación del Consejo Nacional de Activos Digitales (Conad), el cual se encargará de coordinar la regulación y supervisión de las criptodivisas en el país.

Se tratará de un ente conformado por representantes de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Economía, el Banco Nacional y la Asociación Bancaria de Panamá.

Desde el Conad se formularán y actualizarán las políticas públicas de regulación de criptoactivos en el país; se coordinará la integración de estos activos en el sistema financiero panameño; se emitirán directrices para la supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales; y se presentarán informes periódicos ante la Asamblea Nacional sobre el impacto de las regulaciones.

A su vez, se espera que el Conad fiscalice el movimiento de criptomonedas en Panamá para evitar “transacciones sospechosas”, acciones de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, basado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este medio conversó con Will Hernández, presidente de la Asociación de Bitcoin de El Salvador (Asobitcoin), para conocer el impacto que la legislación de los criptoactivos tuvo en el hermano país, el cual fue el primero en todo el mundo en establecer al bitcoin como moneda de curso legal (aunque después la modificó) y en tener una reserva federal en bitcoins.

“Cuando nació la ley bitcoin (septiembre de 2021), como moneda de curso legal, se creó una adopción muy importante del activo, lo que permitió que llegaran nuevas empresas cripto y fintech al país. Esa ley puso a El Salvador en el mapa”, relató.

Hernández señaló que, a esta legislación le siguió la Ley de Emisión de Activos Digitales (enero de 2023). “Una ley clara genera más inversión, porque atrae tecnología segura y regulada”, analizó.

Agregó que la clave de este tipo de normativas radica en que se acompañen con la educación adecuada, ya que estas tecnologías generan resistencia en algunas personas por desconocimiento, además de los riesgos inherentes que presentan.

“La educación es súper importante. Si Panamá quiere regular esta tecnología, todos los reguladores deben estudiar los activos digitales, para saber qué es lo que necesitan. Cada mercado es único, no tiene sentido que se busque aplicar las mismas medidas que se dieron en El Salvador, porque la realidad de Panamá es particular”, ponderó.

Al ser cuestionado sobre si es necesario regular este mercado, el líder de Asobitcoin reconoció que, aunque existen sectores de la economía cripto que no están a favor de que haya regulaciones, por considerar que atentan contra la naturaleza de este mercado, es crucial que sí existan, dado que ayudan a proteger a los usuarios contra potenciales estafas.

Rodrigo Icaza, miembro de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, relató a este medio que la necesidad de una legislación depende de la visión que se tenga desde el mercado. Icaza planteó que buscar regular la tecnología de las criptomonedas “choca con la filosofía” que hay detrás de ellas.

“Desde una perspectiva privada, el mercado puede funcionar perfectamente sin una regulación específica, basándose únicamente en los parámetros de la Superintendencia de Bancos y otras entidades reguladoras”, analizó.

Desde la visión gubernamental, Icaza cree que una regulación oportuna puede generar mayor confianza en la ciudadanía.

“Desde una perspectiva de país y de lo que puede afectarlo, la situación cambia, ya que hay delitos que pueden afectar a Panamá y debemos mirar en función de la seguridad nacional”, reconoció.

“Si vamos a emitir una regulación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, debemos mirar cómo eso impacta en la seguridad nacional, no con base en organismos internacionales”, alegó.

“Si la regulación es práctica, funcional y garantiza que no se frene la innovación en Panamá, está bien”, valoró.

La idea de regular el sector cripto en Panamá no es nueva. El exdiputado Gabriel Silva presentó, el 6 de septiembre de 2021, el proyecto de ley 697, popularmente conocido como Ley Bitcoin, el cual fue aprobado en tercer debate, luego vetado y posteriormente aprobado por insistencia de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo lo envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual lo declaró inexequible (no realizable) el 14 de julio de 2023.

El abogado especializado en derecho informático y ciberdelitos, José Vega Gallardo, quien participó en el debate de esa ley, comentó que se trató de un proyecto que “adolecía de una serie de insuficiencias y de defectos que lo hacían insostenible. Esto dejó a Panamá sin regulación, lo que no es necesariamente malo, si se toma en consideración el contenido de ese proyecto de ley. Habría sido muy malo para el país haber adoptado ese proyecto de ley”, reflexionó.

Al ser consultado sobre qué tipo de legislación debe tener Panamá, Vega indicó que esta debe ser “lo más tecnológicamente neutral posible. Cada vez que encuentras una ley que llama por nombre propio o por marca a algún sistema, medio o herramienta, estás entrando en un terreno que puede favorecer o desfavorecer a algún actor del sector”, reflexionó.

“En la actualidad, la mayoría de los criptoactivos están basados en blockchain, pero eso puede cambiar mañana. La redacción de la ley debe contemplar esos cambios futuros”, aclaró.

Agregó que esta legislación debe considerar “de manera razonable” los compromisos que tiene el país con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Las criptos transcienden fronteras y nuestra regulación debería poder ser armonizable con los estándares internacionales; si no, no vamos a ganar mucho, porque sería una ley que solo funcionaría en territorio panameño”, valoró.

Otro punto importante es que la ley obligue a mantener informados a los inversores sobre los riesgos de invertir en criptodivisas.

“Ellos deben conocer los riesgos a los que se exponen. No es malo invertir en criptos, pero debe hacerse de la manera correcta, de forma transparente y proveyendo información a los interesados”, aseguró.

“Panamá tiene el potencial para ser el hub regional del mercado cripto en América Latina y el Caribe, pero eso no se va a concretar si no se desarrollan regulaciones y normas claras al respecto”, concluyó.