Una propuesta universitaria para la población

Recientemente, el señor Boyd Galindo, actual ministro de salud, aseguró que la única propuesta que tiene una base matemática es la presentada por el gobierno de turno. Se trata de una afirmación que riñe con la realidad. La propuesta universitaria, contenida en el documento Sistema de Pensiones Hacia una Solución Alternativa, aprobado por unanimidad por el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá, así lo demuestra

El documento universitario parte de un diagnóstico, en el que se demuestra que el problema básico del modelo solidario (SEBD) proviene de la puesta en práctica de la Ley 51 de 27 de diciembre del 2025. Esta al convertir al modelo solidario en un grupo cerrado, que no permitió la entrada al mismo de nuevos cotizantes, significó que entre el 2007 y el 2019, gracias al avance de la edad de los participantes en el mismo, el número de cotizantes disminuyera en 32,2 %, mientras que el número de pensionados se elevara al 75.8%. Esto llevó a una insuficiencia de los ingresos frente a los egresos y, consecuentemente, al uso y agotamiento de las reservas del modelo solidario. Hoy los artífices de este problema enquistados en el actual gobierno obvian aceptar su responsabilidad, intentando dar un nuevo golpe a la población asegurada.

El segundo acápite del documento universitario establece una imagen objetivo para el futuro modelo de pensiones. El mismo se basa en la idea central de que la seguridad social es un derecho humano, lo cual se asegura con la construcción de un modelo que cimentado en catorce principios básicos: el carácter público del sistema; la solidaridad; la universalidad; la integralidad de las prestaciones; la equidad en el acceso; la subsidiaridad por parte del Estado; la obligatoriedad; la unidad armónica de los componentes del sistema; la participación de la población y la transparencia; la suficiencia, inmediatez y oportunidad de las prestaciones; la eficiencia y la eficacia; la evolución progresiva de los beneficios; la sostenibilidad de los recursos humanos y materiales, así como de la base financiera; y la concordancia con un estilo de desarrollo socialmente equitativo y ambientalmente sano.

El contraste entre la realidad diagnosticada llevó a la generación de una propuesta alternativa coherente con la imagen objetivo. Para esto se detectaron algunos elementos que bloquean la posibilidad de esta última, cuya corrección podría generar suficientes recursos para sostener la vuelta a la solidaridad, mantener el carácter público de la CSS; y evitar la generalización de las cuentas individuales.

Se destacaron cinco problemas fundamentales. En primer lugar, se encontró que la evasión y elusión tributaria del sector empresarial privado, que para el 2022 totalizó una suma de B/.7832.1 millones (10.2%) del PIB, es el factor clave que bloquea que el principio de la subsidiaridad del Estado se haga efectivo y que el mismo cumpla con su aporte a la solución del problema. En segundo lugar, se observó un elevado nivel de evasión de cuotas de la seguridad social. Es así que, de acuerdo a la última valuación del sistema de pensiones de la OIT, se puede señalar que los empleadores de la empresa privada evaden del seguro social al 26.2% de sus trabajadores activos. Así mismo quedó claro la existencia de 114,770 trabajadores informales de las empresas formales, que sus empleadores evaden de la CSS. Se agregaron otras tres hipótesis: el bajo rendimiento de apenas 4.0% (de acuerdo a la OIT) de los fondos de la CSS y la prohibición de que la misma realice directamente inversiones productivas; la presencia de 650,882 informales puros; la reducción de 9 puntos porcentuales en la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB entre el 2001 y el 2022, que afecta la recaudación de cuotas.

Para avanzar en la alternativa universitaria se construyó una herramienta de cálculo (CEPEN 2.1), que se alimentó con variables macroeconómicas promedios anuales calculadas econométricamente (tasa de crecimiento del PIB real = 4,5 %; tasa de inflación del deflactor implícito del PIB =2.5%; tasa de crecimiento de la productividad laboral = 1,6 %). También se agregaron las siguientes hipótesis deliberadamente conservadoras: reducir la evasión tributaria en 1.5 puntos porcentuales; elevar la rentabilidad en 2.5 puntos porcentuales; eliminar la posibilidad de la existencia de trabajadores informales en las empresas formales; formalizar el 10,0 % de la informalidad pura.

El resultado agregado mostró una recaudación de B/ 22,667.4 millones en 10 años, superando con creces los B/. 14,000.0 necesarios según la Junta Técnica Actuarial y de B/. 67,778.5 millones en 20 años. La mejora en 3.0 puntos porcentuales en la participación de la masa salarial en el PIB podría generar B/.6,551.0 millones adicionales en 10 años. Se destaca que las proyecciones universitarias también se presentan en forma anualizada.

Definitivamente existe una salida a la problemática que no impacte negativamente a la población y asegure el derecho humano a la seguridad social.