¿Se puede controlar la corrupción en el sector público?

‘La honradez debería ser como el aire y el sol, tan natural que no se tuviera que hablar de ella, pero hoy va siendo de tan buen tono el robo público, y tan elegante la vileza, que lo que da bochorno es ser honrado’, José Martí, 1886.

La interrogante es muy simple, pero la respuesta es compleja. Nos surge entonces una preocupación singular, respecto a cómo prevenir y luchar contra la corrupción en sus distintas dimensiones y manifestaciones en la sociedad.

La corrupción proviene de una matriz cultural, según la cual el paradigma a seguir es el dinero fácil y rápido, no importa el medio o manera de obtenerlo. Asumir que podemos tomar aquello que no nos pertenece o aquello por lo que no hemos trabajado es algo que se aprende, primero, en el entorno familiar (cuando lo hay), luego en el social y, aunque cueste admitirlo, es reforzado por la cultura dominante (el consumismo) y herramientas tan sutiles como la publicidad y los medios masivos de comunicación.

Como país, garantizar la certeza del castigo es importante, no importa si se trata de un delincuente callejero o de un presidente, la percepción generalizada de impunidad es el principal obstáculo para la implantación de una nueva cultura. No se puede predicar sin el ejemplo.

A mediano y largo plazo debemos educar en valores humanos y éticos, y crear conciencia ciudadana sobre el significado, alcance y perjuicios que produce la corrupción a la gestión de gobierno, a la institucionalidad, al sistema democrático y al bienestar y calidad de vida de la población en general.

Se necesita comprender que los poderes del Estado, junto al sector privado y la sociedad civil organizada, deben diseñar y adoptar políticas, medidas y herramientas preventivas, así como punitivas, que frenen y pongan un alto a este flagelo que corroe la estructura social.

Hay que establecer reglas claras para administrar la cosa pública, incentivar y propiciar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, promover los principios éticos y de cumplimiento de la Ley, y aplicar sanciones ejemplares a quienes se apartan de las reglas y de los valores de probidad en la administración de los recursos públicos.

Existen normas que obligan a los servidores públicos de mando y jurisdicción a suministrar y facilitar el acceso a información, y comunicar los resultados de los programas y proyectos ejecutados con los recursos públicos. Como contrapeso, la auditoría social es un mecanismo de participación ciudadana, de control, necesaria para garantizar el buen gobierno y fiscalización del manejo de los fondos públicos.

Urge identificar las áreas críticas y vulnerables de la corrupción dentro del aparato público panameño, para concertar el esfuerzo anticorrupción en el saneamiento del mismo y eliminar la excesiva discrecionalidad de los funcionarios, que sin duda es un mal que erosiona la gestión pública.

Bajo este escenario, las Oficinas de Auditoría Interna de las instituciones, deberían cumplir un importante rol como célula primaria de fiscalización en las entidades públicas y municipales, para la detección a tiempo y denuncia de los actos de corrupción que atenten contra la función pública. Deben convertirse en instancias que coadyuven a preservar el manejo de los recursos del Estado con integridad y eficiencia.

El 1 de julio recién pasado, las autoridades que se escogieron en las elecciones generales celebradas el 4 de mayo, tomaron posesión de las riendas de la administración gubernamental. Nace la esperanza, oportunidad, posibilidad y desafió de crear una hoja de ruta que oriente y permita controlar y enfrentar con hidalguía la corrupción en Panamá. ¿Será posible lograrlo? ¿Se ha incluido en el plan de gobierno la estrategia para atender frontalmente esta temática antes de que se convierta en una pandemia?

EX PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN.