Veinticinco años del Canal en manos panameñas

Acabamos de celebrar, el 31 de diciembre, veinticinco años del Canal en manos panameñas. Durante ese tiempo continuó por la senda positiva de su desarrollo y mejoramiento y alcanzó un estadio superior al inaugurar, en 2016, un tercer juego de esclusas que duplicó su capacidad y su valor gracias también a ingentes inversiones de mantenimiento dedicadas a la obra original por parte de los panameños. La operación de las nuevas esclusas ha superado las más altas previsiones contempladas en sus estudios de factibilidad y produce ingresos adicionales que alimentan, según la ley, al presupuesto nacional desde donde deberían, en principio, contribuir a resolver los ingentes problemas sociales, sobre todo de salud y educación, según decisión exclusiva de gobiernos que han preferido mantener un Estado obeso y clientelar. Gobiernos que simplemente han despilfarrado parte de esos enormes ingresos que sumaron más de 28.000 millones de dólares en 25 años. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) recibe por esa razón críticas injustas por la demagogia política panameña.

Ahora podemos hacer un balance de veinticinco años del Canal en manos panameñas y registrar así un gran triunfo de país y de sociedad. Sin embargo, debemos mantenernos vigilantes para que las garras de políticos depredadores y corruptos, agazapados en espera de la ocasión, no asalten este apetecible activo nacional –ya han tratado de hacerlo- y mantener a la que es la mejor institución pública como un modelo a seguir en toda la administración estatal panameña. Cuidar especialmente la correcta composición de la junta directiva de la ACP y escoger siempre administradores de gran capacidad, independencia e integridad. A pesar de sus reconocidos éxitos, el Canal enfrenta un futuro desafiante por causas internas y externas.

Un desafío interno mayor es encontrar nuevas fuentes hídricas para suplir la demanda creciente. La ACP propone represar el río Indio en la vertiente del Caribe para incrementar la oferta de agua tanto para la vía interoceánica como para el consumo de la población en el Gran Panamá Metropolitano que continuará creciendo aceleradamente. También, cambiar la toma de agua de la planta de Miraflores en el lago homónimo más afectado por una ligera salinización a Gamboa y, finalmente, utilizar el lago Bayano para suplir de agua potable el área cada vez más poblada de Panamá Este, para aliviar así la presión sobre el lago Alhajuela.

Otro desafío es prepararse para un futuro de más largo plazo, que se acercará en un mundo cambiante, mediante una demanda internacional mayor de servicios de pasar naves por el istmo, en el que se puede considerar un canal a nivel del mar. Proyecto ingente que debería estar estudiándose, aunque encuentre la férrea resistencia de los movimientos ambientalistas y de políticos oportunistas y opositores viscerales del gobierno que lo proponga, quienes sin duda lo rechazarán con vigor, así como lo hicieron con el tercer juego de esclusas.

Durante largos años prevaleció la idea de un pequeño sector político estatista, de mentalidad arcaica inspirada en la Cuba castrista y arruinada, que había que proteger a las áreas revertidas del supuesto apetito desmedido de la empresa privada. Se congeló durante más de dos décadas la mayor parte del territorio revertido y quedaron sometidos desde 1979 los puertos de Balboa y Cristóbal y el Ferrocarril de Panamá, cuya transferencia a la República tanto costó en las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter (me consta como negociador), a instituciones públicas clientelares, dirigidas por políticos incompetentes. Infraestructuras que envejecieron y se deterioraron hasta que fueron rescatadas por el sector privado veintiséis años después, mediante concesiones otorgadas por el Estado, en 1997 para los puertos y en 1998 para el Ferrocarril, durante la administración presidencial de Ernesto Pérez Balladares, y que han creado riquezas, exportaciones y muchos empleos del pujante sector logístico que puede desarrollarse todavía más, hasta por la ACP, en las riberas canaleras. Otras valiosas tierras y edificaciones, remanentes del gran trabajo de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) bajo Nicolás Ardito Barletta de 1995 a 2000, ahora en manos de entes estatales, están mal utilizadas o siguen sin uso y deteriorándose desde hace muchos años como sucede en Amador y en Sherman.

Veinticinco años de operación impecable del Canal de Panamá en manos de los panameños, a pesar de lo que sucedió con los puertos internacionales y el Ferrocarril transístmico cuando estuvieron en manos de instituciones públicas fracasadas, disipa toda duda sobre nuestra capacidad de manejar, con igual o mayor eficiencia y probidad, el resto del sector público. Elimina toda aprensión sobre las posibilidades de mejoramiento de agencias estatales nacionales si toman como modelo lo que ya se hace en Panamá y por funcionarios panameños desde hace cinco lustros. La ACP es un ente público que vende un servicio y, en consecuencia, forma parte de todo el aparato estatal. Sin embargo, la calidad de su funcionamiento y administración es netamente superior al del resto de los ministerios, secretarías y entidades autónomas. Es un hecho incontrovertible probado sobradamente y que nadie, que actúe de buena fe, puede cuestionar.

¿Por qué otras agencias públicas panameñas no pueden inspirarse de este ejemplo, relevante y positivo? ¿Por qué no construir un Panamá nuevo bajo el influjo de la filosofía, los mecanismos, la tecnología, la ética y los resultados de la Autoridad del Canal de Panamá? Lograrlo sería el mejor homenaje a los veinticinco años del Canal enteramente panameño, a los esfuerzos de generaciones que lo hicieron posible, y es asunto de verdadera urgencia nacional.