Salvemos el Sistema de Pensiones de la CSS

En el 2005, mediante la Ley 51 de la CSS, se reforma el modelo de pensiones IVM, creando dos sistemas independientes: un Sistema de Reparto o de Beneficio Definido y un Sistema Mixto. Desde el inicio se sabía que un Sistema de Reparto cerrado, al no permitir la entrada de nuevos cotizantes, iba a ser deficitario en algún momento en el futuro.

Un fondo en el que solo se realizan pagos por pensiones y los ingresos o aportaciones van disminuyendo, está destinado a la quiebra. Por tanto, no es un problema de ahora, sino más bien el resultado esperado de la decisión de separar los sistemas de pensiones.

Han pasado 15 años desde entonces y la situación actual es acuciante. Las aportaciones de las personas que pertenecen al colectivo y los fondos que financian el pago de las pensiones, resultan insuficientes para mantener el sistema. El momento ha llegado.

Cuando se optó por separar los modelos de pensiones, la situación que se generaría era conocida y fue aceptado que el Estado financiase el déficit causado por esta decisión.

La cuestión es, ¿cuál es el importe de la factura que debe abonar el Estado para cubrir el déficit?

En este punto es donde entra en valor la importancia de tener la información necesaria para las valoraciones actuariales.

La información es de dos clases. Por un lado, está la calidad de los datos y, por otro, las hipótesis que se emplean para valorar los compromisos.

La valoración y, por tanto, la cuantificación de las obligaciones contraídas con los asegurados van a variar considerablemente en función de la calidad de la información y de los datos de que se disponga.

Cuanto menos detalle se tenga, más variación, positiva o negativa, puede haber en los resultados que se obtengan. En las cifras en las que nos movemos, podemos hablar de cientos de millones, por lo que la validez del dato adquiere una importancia relevante.

Tan importante como la calidad del dato, son las hipótesis que se emplean en la valoración de las obligaciones.

Por el lado de los pagos, la esperanza de vida de los hombres y mujeres panameños es un factor relevante, ya que indica el número de años que se espera van a pagarse las pensiones. A mayor esperanza de vida, más déficit tendrá el sistema. Recordemos que también la pensión de jubilación genera, en el caso de fallecimiento del jubilado, una pensión de viudez que también debe ser considerada.

Por el lado de los ingresos, cuantas más personas lleguen a la jubilación, mayor será la contribución que realizan, aportando más al sistema. ¿Cuántos llegarán a la jubilación? ¿Cuál será el incremento de sus salarios durante su período de cotización?

Siguiendo con la partida de ingresos, es muy importante que las inversiones que se realicen den una rentabilidad adecuada, y que exista un correcto casamiento (de) flujos entre los pagos derivados de las pensiones y los vencimientos de las inversiones. Cuanto menor sea la rentabilidad de las inversiones y peor sea el casamiento de los flujos, mayor será el déficit.

Con toda la información anterior, estaríamos en condiciones de hacer propuestas realistas para saber cuánto nos va a costar financiar el sistema.

Actualmente se están realizando propuestas como incrementar la edad de jubilación, incrementar el período de cotización, disminuir la pensión de jubilación, en definitiva, reducir los compromisos generados por el actual sistema.

Por supuesto que todo lo que sea reducir las actuales condiciones del Sistema va en la vía de disminuir el déficit, pero ¿cómo sabemos que esos cálculos son correctos? No tenemos certeza en la calidad de los datos que se emplean para la valoración y/o si las hipótesis empleadas para el cálculo son las más adecuadas.

Está claro que no se puede esperar a tener la información perfecta para actuar, pero cuando se está decidiendo sobre aspectos tan importantes como las propuestas que se está realizando, es justo, para todas esas personas que forman parte del Sistema de Beneficio Definido, pero también para los que forman parte del Sistema Mixto, que las decisiones sobre la edad de jubilación o su importe estén basadas en cálculos correctos y fiables.

Mientras no sea posible disponer de la información para una correcta valoración, el Estado deberá ir cubriendo los posibles déficits que se produzcan.

Es evidente que estas medidas tienen un coste político importante y que para cualquier Gobierno supone un gran desgaste. Quizás por este motivo se ha ido alargando tanto la toma de una decisión tan difícil. Por ello, la creación de mesas de discusión con los agentes sociales que sean los que finalmente propongan las medidas que globalmente se consideren necesarias, ayudarían mucho en el proceso de toma de decisión.

Habrá que elaborar un plan ordenado para la consecución de un objetivo consensuado, de acuerdo con las posibilidades que puede asumir el país.

Al fin y al cabo, estamos definiendo el modelo de pensiones del país y valorando cuál es la factura que debe pagar el Estado, en definitiva, todos nosotros.