Revolución social, por la vía administrativa

Mis años de escuela los hice en Cerro Viento. Desde primer grado (a principio de los noventa) hasta mi graduación, más de una década después. Esa zona ha cambiado mucho: San Antonio ya existía, pero casi nada más. Centros comerciales y barriadas modernas ocupan lo que antes fueron potreros y lotes ociosos. Su transformación nos permite dimensionar el impacto sobre la clase media ocasionado por treinta años de crecimiento económico. Durante este lapso ningún país hermano ha crecido más.

Camino al plantel, pasé todos los días frente al Instituto Profesional y Técnico (IPT) Ángel Rubio. Recuerdo la multitud de estudiantes con sus uniformes celestes. También recuerdo pedirles a mis papás que me trasladaran allí, porque quedaba más cerca de la calle principal.

No hace mucho completé uno de los ciclos más bonitos de la vida: me tocó llevar a mis hijos a su primer día de clases. Me impresionó cómo el colegio ha continuado modernizándose. Cuando alumno, solía ponderar (con escepticismo) una ambiciosa maqueta de su plan maestro. Al parecer, se ha cumplido.

Entre llantos agridulces por el debut de mis hijos, volví a toparme en la vía con el IPT Ángel Rubio. A diferencia de mi alma máter luce igual o más deteriorada.

Si ambas viven en la misma calle, ¿cómo explicar y revertir resultados tan diametralmente opuestos? Por supuesto, existe una gran brecha en inversión per cápita entre ambas academias. Mientras que en el IPT se invierten alrededor de dos mil balboas anuales por estudiante, en la otra el monto es casi diez veces más. Cae de maduro que es indispensable un acercamiento entre ambas cifras. Pero para superarnos en educación, necesitamos mirar más allá de un simple incremento a su presupuesto. Lograr una mayor igualdad requiere de dinamismo, maximización y el involucramiento de los actores más aptos.

Ningún Gobierno es lo suficientemente fuerte como para proveer por sí solo el servicio educativo. Su aparato burocrático es engorroso y ahuyenta las soluciones ágiles. En nuestro caso, una revolución educativa implica necesariamente revolucionar su aspecto administrativo. En ese sentido, si justo en el corregimiento del Ángel Rubio funcionan algunas de las mejores escuelas particulares del país, ¿por qué no contratarlas para que también operen el IPT?

De esta forma, apelamos a la fortaleza de cada cual. El Estado organiza, financia y fiscaliza. Como contraparte, la entidad particular ejecuta la misión liberada de las limitaciones diarias que impone la telaraña de trámites. Al apoyarse en terceros especializados, el Gobierno emplea un enfoque para la provisión privada de servicios sociales públicamente financiados. Quizá así cuando a mis hijos les corresponda cumplir su ciclo con mis nietos, la inmensa brecha será una imperceptible cicatriz de un pasado rebasado. Entre otros, la juventud panameña ciertamente lo agradecerá.