Recordando el 9 de octubre de 1979

El 9 de octubre pasado se cumplieron 45 años de una lucha llevada a cabo por educadores, padres y madres de familia y la comunidad nacional. El contexto en el cual se desarrolló era muy complejo. Vivíamos bajo un régimen militar, las organizaciones políticas estaban proscritas, las libertades democráticas estaban limitadas; el movimiento coincide con el acto del 1° de octubre de 1979, fecha en que se entraría a la Zona del Canal. Había mucho descontento de los educadores.

La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), realizó un conversatorio donde se recordó la gesta del 9 de octubre de 1979, haciendo presente la importancia de la lucha protagonizada por los educadores en el país. Se recordaron demandas que aún hoy no se han logrado. Además, hubo una intervención del profesor Diógenes Sánchez y, a manera de reflexión, planteó lo siguiente: “La filosofía de la educación se fundamenta en verla como un derecho fundamental que tiene la persona humana. En consecuencia, la educación no puede ser vista como un bien de consumo o como una mercancía más, sino un derecho inalienable que tienen todos los seres humanos.

La educación, en tal sentido, no está sujeta a la oferta y demanda del mercado, sino que es un bien supremo de toda la sociedad que es la garante de que se le brinde a toda la niñez y a la juventud. Por tal motivo, la educación no se le puede negar a ninguna persona, sean nacionales o extranjeros. En nuestro país han proliferado una gran cantidad de escuelas particulares y de universidades privadas que ofrecen la educación como una mercancía más y no dirigida a garantizar los derechos fundamentales de los niños de los jóvenes y los ciudadanos. Estos centros particulares y privados han lanzado una campaña de atracción académica minimizando la cantidad de años y flexibilizando las modalidades en que se enseña.

En algunos casos esto ha provocado que las instituciones oficiales tengan que flexibilizar su oferta académica para poder captar al estudiantado que se siente más atraído por una oferta pedagógica que le exige menos, siempre y cuando cumpla con los pagos de estar en ese centro escolar o universitario.

El ataque a la educación pública ha sido sistemático, se ha querido preponderar la educación privada señalando más niveles de calidad que en la pública, pero no en todos los casos es así. Por ello proponemos una educación pública, gratuita obligatoria y de calidad, otorgando los recursos necesarios que coadyuven a fortalecer este proceso pedagógico nacido de las propias entrañas de la educación pública. Sin embargo, sectores conservadores que mantienen la idea de que la educación pública permanezca en crisis, atacan sistemáticamente y por todos los medios a las escuelas públicas y a sus docentes para denigrar y convertir la educación en una mercancía, donde los padres y madres de familia tengan la opción que se les entregue un voucher económico, para que puedan elegir el centro escolar que ellos dispongan.

En ese contexto, se impone la urgente necesidad de que los docentes unamos esfuerzos para seguir defendiendo el carácter público de la educación y seguir construyendo un país de hombres y mujeres libres a través de la educación pública”.

Otro punto tocado en el conversatorio lo desarrolló la profesora Ana Patiño, presentando el anteproyecto de ley construido por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). La profesora Patiño señaló que el proyecto del Conato es una propuesta integral, que contiene los principios por los cuales se debe regir la institución, el aspecto administrativo y económico.

Conato ha planteado la necesidad de retornar al sistema solidario que garantice una pensión del 60 % como está ahora; rechaza el sistema de los pilares y las cuentas individuales que buscan aumentar la edad de la pensión, baja las mismas pensiones y aumenta la densidad, o sea los años que una persona debe trabajar para recibir una pensión, que en el caso de las cuentas individuales recibirá de acuerdo con lo que la persona ha ahorrado.

Hoy, la unidad de todos los trabajadores y el pueblo panameño es fundamental en la defensa de una Caja de Seguro Social solidaria, universal y de calidad. De todos depende que podamos tener una pensión del 60 % de salario.