Precio de la carne bovina, consecuencia del control de precios

Según los directivos de la Anagan, esta organización perdía por el control de precios, promovido por el Gobierno Nacional 2014- 2019 del presidente Juan Carlos Varela, en seis cortes de cada res sacrificada o sea el 30% del valor de la misma, ocasionando una pérdida superior a los 120 millones de dólares en los cinco primeros años; cantidad que nunca les fue compensada como a los productores del rubro arroz que en cáscara húmedo en campo comenzaron a $ 7.50 y terminaron en $ 16.00 el quintal húmedo en campo como consecuencia de la pandemia de la covid-19. Cuando todos los agroquímicos agropecuarios quintuplicaron sus precios a nivel mundial.

A los ganaderos no se les correspondió de la misma manera que a los productores de arroz.

Existe un principio en zootecnia bovina que establece que cualquier cambio que se introduzca en el hato ganadero sus efectos positivos o negativos se ven a partir del tercer año.

Cuando se inició el control de precios, en julio de 2014, el novillo de 950 libras en pie se pagaba aproximadamente en $1.00 (un dólar) al cebador, la libra en pie. Después de dos años ese precio del novillo bajó hasta 0.75 centavos, la libra en pie, representando una disminución del 30% del valor recibido por el ganadero, motivo por el cual no pudo cumplir con el pago oportuno con los bancos estatales y privados. Situación por la que hay en el país, especialmente en Chepo y Darién, cantidades de fincas en procesos legales para los bancos rematarlas y recuperar su inversión. Esto incide en la masiva migración de los campesinos a las áreas adyacentes del Canal Interoceánico. Causando, sin desearlo, un uso excesivo del agua de los reservorios construidos para el funcionamiento del Canal, Gatún y Alajuelas, aparte que el río Chagres, en los últimos años ha disminuido el 20% de su caudal histórico.

De acuerdo con el último Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (INEC) en 2012, las superficies de las explotaciones agropecuarias en la República de Panamá, totalizan 2 millones 692 mil hectáreas (60% están tituladas) y 811,297 (40%) su legalización de la tenencia está en trámites desde la existencia del Código Agrario vigente desde 1962.

El actual director de ANATI, afirmó que existen en trámites de titulación 100 mil expedientes y anualmente solo se titulan 5,000 predios.

El prestigioso economista peruano, Dr. Hernando de Soto, expresa que las tierras sin legalizar su tenencia son “ un capital muerto” para el propietario de los derechos posesorios y para el país, porque limita la inversión privada especialmente en nuestro caso en el Panamá rural, donde tenemos los bolsones de pobreza y pobreza extrema que nos ubican como el sexto país más desigual socioeconómicamente del mundo, a pesar de ser dueño de un Canal Interoceánico, único en el mundo.

La única esperanza de los agricultores, ganaderos y profesionales del agro es que el nuevo Gobierno dirigido por el presidente, José Raúl Mulino, tome las medidas que sean necesarias basadas en este dicho sin autor: “ no, le regales el pez al hombre, enséñalo a pescar”.