Pongamos el dedo en la llaga

Los señalamientos contra funcionarios del gobierno Cortizo presentados por diferentes abogados por su posible conducta irregular en la negociación y firma del contrato con Minera Panamá, ha causado algunas ronchas.

No son los únicos responsables. Las denuncias tienen que ir contra quienes nos hacen tanto daño, con nombre propio, sobre todo por el desastre causado desde el viernes 20 de octubre, día en que velozmente la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate lo que minutos después, con la rápida rúbrica del presidente Cortizo, nacería la Ley 406, causa principal por la que ha terminado de hacerse trizas nuestra paz social y tantos daños ha causado a la economía panameña por los absurdos cierres de calles y carreteras que se han dado.

En el gobierno, sabiéndolo todos, era evidente lo que el abogado defensor de los derechos y las obligaciones del Estado, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, había oportunamente advertido con claridad sobre los vicios que tenía el engendro de contrato que a todas luces fue cocinado por los abogados de la mina y que pareciera que el presidente Cortizo ahora quiere que González lo ratifique en la nueva consulta que le ha elevado sobre si procede la revocatoria del contrato.

Y qué decir de Gerardo Solís que, en vez de llamarlo contralor, deberíamos apodarlo Encubridor del Mar del Sur, por la ubicación en la avenida Balboa de la Contraloría General de la República. Al igual lo ha hecho durante su gestión se ha limitado a refrendar todo lo que le ponen enfrente, como si todavía fuese militante del partido del cual fue su candidato a vicepresidente en la elección de 2014.

Por supuesto que no podemos dejar de lado a los diputados quienes posiblemente ya venían recibiendo, quizás desde la repartidera de fondos de la descentralización, sustanciales abonos a sus votos favorables al contrato que ni se tomaron la molestia de leer, ignorando el clamor de que volviese a discutir el contrato en primer debate, con las modificaciones que se le había hecho.

Pero, en toda empresa de esta magnitud, siempre hay dos partes. ¿Creen que los ejecutivos de la minera no sabían de antemano el lío que se generaría de aprobarse un contrato así? ¿O simplemente tomaban semejante riesgo, contando con la seguridad del gobierno de que todo estaba bajo control y que no había porqué preocuparse? Me parece insólito, como abogado que soy, que los poderosos bufetes que los representaban no estaban al tanto de las grandes falencias de lo que se estaba firmando. En este caso Morgan & Morgan, uno de los bufetes de la minera.

Curiosamente, según los Varelaleaks, el entonces presidente Juan Carlos Varela, tenía serias diferencias con esos abogados. “Esa gente de Morgan (& Morgan) no se mide para perjudicar al Estado”, le escribió Varela el 2 de febrero del 2018, al entonces ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Pese a todo, en su gobierno había nombrado un ministro vinculado a esa firma de abogados.

En agosto del 2018, siempre de acuerdo a los Varelaleaks, el exmandatario le comentó a su amigo, el empresario Filipo Sosa, que Morgan & Morgan “manda a los miembros de la firma a mover sus agendas dentro del gobierno”. “Y manipulan la opinión pública sin importarles más que los intereses de sus clientes transnacionales”, respondió Sosa. “Así es”, cerró Varela.

La culpa es de ambos lados, por igual, y ojalá que termine con la explosión que todos esperamos: Que se sepa de la corrupción –si es que la hubo- que se dio para que este engendro tuviese vida.

Allí iría más de uno a tener que rendir cuentas a la justicia sobre lo que hicieron, quedando por el suelo sus hasta ahora intocables reputaciones.

Lo positivo de todo esto es que quien llegue a gobernar en 2024 tendrá la posibilidad de quitar todo el estiércol que este asunto ha esparcido en la nación panameña. Con el despertar que hemos tenido en el contexto de esta horrible crisis, la veeduría ciudadanía se empoderará más y vigilará más de cerca las acciones del gobierno.

Por lo menos sacaremos algo positivo de todo esto.