Panamá, nuestra tarea patriótica

La nación panameña se encuentra hoy en un histórico punto crítico, esto es, en una situación histórica definitoria de la cual podemos surgir como un pueblo dueño de su propio destino, el cual construye una dinámica sociedad soberana, con justicia social y pleno respeto a la naturaleza. Desgraciadamente, si no cumplimos con nuestro deber patriótico de enfrentar a las fuerzas externas que pretenden subyugarnos, así como a los sectores económicamente dominantes locales que buscan eliminar todo vestigio de solidaridad y equidad social, simplemente habremos recorrido el camino que lleva a la práctica destrucción de nuestra propia nación.

En el plano internacional, como es bien sabido, Panamá se enfrenta a la política imperial expansionista de Trump, quien no solo amenaza con arrebatarnos nuestro canal de Panamá, sino que además exige que nuestro país se convierta en una colonia política y económica de los Estados Unidos. Esto, desafortunadamente, se da en el contexto del gobierno del señor Mulino, el cual, en una actitud genuflexa y antinacional, no solo ha sido incapaz de desarrollar una política exterior tendiente a acumular apoyo multilateral para la defensa de la nación. Mulino también ha venido haciendo, de manera artera y oculta, importantes concesiones a las inaceptables demandas de Trump, de las cuales el pueblo panameño solo ha logrado enterarse por la prensa internacional y los comunicados de la embajada norteamericana. A esto se debe agregar la actitud complaciente con el imperio de la Asamblea Nacional, la cual ni siquiera ha sido capaz de aprobar una resolución patriótica en defensa de la nación.

Existe, entonces, una profunda contradicción entre los intereses nacionales y populares no solo con el imperio, sino también con el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, con el conjunto del gobierno antipatriótico y, por tanto, carente de legitimidad, que rige los destinos del país. resulta, entonces, fundamental entender la importancia de que la población patriótica desarrolle la suficiente conciencia, organización y movilización para evitar que la política oficialista termine por crear las condiciones que lleven a la destrucción de la nacionalidad panameña. Se trata de entender, vale la pena agregar, que, sin soberanía efectiva, tampoco podrá lograrse la justicia social y un desarrollo respetuoso de los derechos de la naturaleza.

En el plano interno, la realidad se caracteriza por la puesta en marcha de una política económica y social de choque. El objetivo de esta es consolidar la hegemonía política de los sectores económicamente dominantes, a la vez que se crean las condiciones para que estos sectores maximicen sus ganancias y practiquen una política de acumulación por despojo de los recursos y fondos públicos.

Como política de choque, la misma busca desarrollarse de manera rápida, en nuestro caso durante el actual período presidencial, realizando cambios estructurales profundos, los cuales redefinan la realidad en cumplimiento de los objetivos antes señalados. el gobierno Mulino – Chapman ha planeado hacer las diversas reformas en una secuencia, que busca “resolver problema por problema”, con la idea de intentar desarticular una resistencia de conjunto a la política de choque. El primer paso de esta estrategia de cambios antipopulares y antinacionales se dio con la reforma del sistema de pensiones, que se inició con la presentación del proyecto de ley 163 y desembocó en la aprobación, gracias a los diputados traidores de las distintas bancadas, en la nefasta Ley 462 de 18 de marzo de 2025.

En la secuencia de la política de choque del gobierno Mulino–Chapman ahora sigue el intento de reapertura de la contaminante mina de First Quantum Minerals, así como una reforma tributaria, que, siguiendo los designios de las calificadoras de riesgos y el FMI, se centrará en un incremento del ITBMS y la eliminación de las exenciones que hoy existen sobre el mismo. Luego, sin duda, vendrán las reformas vinculadas al agua y los embalses, así como las relacionadas con la legislación laboral y la educación. El proceso planeado por el actual gobierno y los sectores económicamente dominantes intentará culminar con una reforma constitucional, la que contendría todos los avances de la radicalización de la política neoliberal.

Lo importante en este momento, en el que el presidente de la cámara de comercio pide pasar la página de las reformas a la CSS, es entender que, por el contrario, es tiempo de continuar la campaña por la seguridad social solidaria, es decir, por la derogación de la Ley 462, a la vez que esta lucha se hermana con la que debe hacerse para evitar la reapertura de la mina de donoso.

Más aún, se trata de pasar de las luchas de resistencia parcial al movimiento contra todas y cada una de las reformas contenidas en la política de choque de Mulino y Chapman. Estas, a su vez, deberán enmarcarse en la dinámica por la defensa y avance de la soberanía nacional.