Proyecto de amnistía naufraga; lo tachan de distracción ante crisis con EE.UU.

El proyecto de ley 235, que planteaba una amnistía por delitos políticos para personas vinculadas en casos de corrupción, quedó sepultado este martes en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, tras ser rechazado por los comisionados.

La discusión de la propuesta, textualmente descrita por su proponente, el diputado perredista Jairo Salazar, como una “camisa” para el expresidente Ricardo Martinelli, arrancó a las 9:15 de la mañana con un auditorio lleno de simpatizantes del expresidente.

El primero en tomar la palabra fue el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, quien señaló que los delitos descritos en el proyecto y que estarían cubiertos por la amnistía corresponden a delitos comunes, como el blanqueo de capitales y el enriquecimiento injustificado.

En esa misma línea le siguió el diputado de Vamos Roberto Zúñiga, quien argumentó que tanto la jurisprudencia como los fallos de la Corte Suprema en torno al tema y el Código Penal, esclarecían qué se entendía por delitos políticos, dentro de la doctrina de ubicarlos como delitos contra la personalidad jurídica del Estado.

“No vamos a permitir que se legalice la impunidad”, sostuvo Zúñiga, quien cuestionó que la amnistía buscaba legislar en favor de las personas sentenciadas, procesadas o que resulten procesadas dentro de los casos de corrupción de alto perfil: Odebrecht, Blue Apple y New Business.

Luego le correspondió hablar al diputado del gobernante partido Realizando Metas (RM) y presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho, que hizo un encendido discurso en defensa de Martinelli.

Este rechazó que su respaldo fuera un apoyo a la corrupción, tildando a la Corte y a la justicia en general como “corrupta”.

En una larga intervención, Camacho ordenó su alegato del proyecto sobre la base de que existe una corrupción en el sistema de justicia, con especial hincapié en la gestión del expresidente Juan Carlos Varela y la exprocuradora Kenia Porcell.

“Aquí la corrupción más grande está en el Ministerio Público y el Órgano Judicial”, declaró el diputado de RM, quien admitió que el propio Varela iba ser beneficiado con el proyecto.

Camacho reconoció, además, que existen sectores en el oficialismo que no respaldaban una ley de este tipo para Martinelli, esto un día después de que el presidente, José Raúl Mulino, cuestionara el proyecto.

Dentro de ese mismo esquema, Salazar justificó su propuesta bajo la tesis del equipo legal de Martinelli. Insistió en que se trató de un juicio “amañado” y que el objetivo era inhabilitarlo para que no corriera en las últimas elecciones presidenciales. “¿Por qué la gente de los bancos no está presa, dónde se lava dinero, en el aire?”, dijo en referencia a la condena al líder de RM a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New business. Una intervención que fue interrumpida varias veces por vítores y aplausos de los asistentes, algunos uniformados con camisetas amarillas y el eslogan “Free Martinelli”, que el propio Salazar definió como la “fanaticada” del expresidente.

Por su parte, el también diputado del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames, hizo hincapié en que sí hubo persecución durante la administración de Varela junto con Porcell, aunque precisó que en el caso de Martinelli, la condición de “delito político” que se le atribuye a este no había sido acreditada de manera clara.

El diputado rechazó que Varela se viera beneficiado por el proyecto e incluso dijo que al expresidente se le habría visto en la Embajada nicaragüense, donde se encuentra asilado Martinelli desde febrero de 2024. “Ahora [Varela] no sale de la Embajada de Nicaragua, ¿esto qué es, síndrome de Estocolmo? ¿Cuando el secuestrado se enamora del secuestrador?”, se preguntó Adames sin dar mayores detalles.

De prosperar, la amnistía habría beneficiado a Martinelli y Varela, ambos vinculados con el caso Odebrecht, en la que la empresa brasileña estableció una trama sobornos para recibir contratos, con una lesión millonaria para el Estado. Igual se hubieran visto beneficiados, entre otros, los exministros Jimmy Papadimitriu, Frank de Lima, Federico Suárez, Carlos Duboy y José Domingo Arias.

En el caso Blue Apple, otro millonario esquema de sobornos, hubieran recibido amnistía los exministros Jaime Ford y Federico Suárez, entre otros seis condenados en este proceso.

Mientras que en el caso New Business, además de Martinelli, recibiría el “perdón” Iván Arrocha y Daniel Ochy, entre otros.

La jefa de la bancada Vamos, Janine Prado, criticó que el proyecto establecía fueros y privilegios, algo contrario a la Constitución y al clamor ciudadano por acabar con la impunidad.

“Los delitos que aquí se enmarcan son delitos comunes, son [incluidos] los tres casos más graves que este país ha afrontado en la lucha contra la corrupción”, sostuvo. Además, en referencia a lo dicho por Camacho y Salazar sobre la corrupción en la justicia, pidió que de haber irregularidades en la Corte, se presenten las denuncias en la instancia correspondiente, es decir, la Comisión de Credenciales de la Asamblea.

Para la diputada Walkiria Chandler, que también participó en el primer debate, el proyecto no solo era una forma de conceder prerrogativas a personas ligadas al poder e impunidad, sino también se convirtió en una distracción de otros problemas nacionales realmente graves, como las amenazas de Estados Unidos y el memorándum firmado por Mulino, en el que se denuncia la cesión de territorio nacional para bases militares extranjeras.

“Aquí estamos en un tema de amenazas a la soberanía y nos siguen distrayendo, no podemos permitir que eso pase [...] la economía por décadas se ha movido gracias a un Canal”, dijo Chandler, que remarcó que el memorándum debe pasar por el Legislativo, según la Constitución.

“Son pocas las voces de diputados que yo he escuchado diciendo que hubo un acuerdo que no pasó por la Asamblea”, acotó.

Tras casi cuatro horas de debate, la propuesta fue rechazada con los votos en contra de Pérez Barboni, Cheng, Zúñiga, Marta Sandoya -suplente de Adames- y Ana María Poveda -suplente del diputado Didiano Pinilla. Sin abstenciones, solo Camacho y el diputado Ariel Vallarino le dieron un voto favorable.

Se conoció que se presentará un informe de minoría para que se debata una posible discusión del proyecto en el pleno de la Asamblea.