Panamá y GAFI: Queda mucho por hacer

Que Panamá haya salido de la lista de GAFI como país no cooperador en materia de blanqueo de capitales fue un gran logro del gobierno y de la empresa privada. Pero en esta ocasión, fueron dos sectores que se distinguieron por su esfuerzo y su cooperación: el sector bancario y el sector de servicios legales.

No obstante, para mantenernos fuera de la lista y reparar el gran daño que, injustamente, se le ha hecho a la imagen de Panamá a nivel internacional, es menester que otros sectores participen con el mismo ahínco.

Como empresas de cumplimiento autorizadas por la SSNF para ayudar a crear conciencia y difundir la cultura de cumplimiento a todos los sectores regulados por la Ley 124 de 7 enero de 2020, también nos damos la tarea de aportar en áreas que consideramos igual de importantes para la buena reputación de nuestro país.

En esta ocasión, quisiéramos llamar la atención a las empresas reguladas por la SSNF que acuden al mercado de valores panameño.

Como inversionista, que quiero entender todos los riesgos a que me expongo al adquirir un título valor, considero que es vital saber si la empresa emisora cumple con los requisitos de debida diligencia mínima, si ha sido multada por no cumplirlos o si ha sido certificada por una empresa de cumplimiento debidamente autorizada.

Tanto la Bolsa de Valores de Panamá, como la Superintendencia del Mercado de Valores, deberían exigir a las empresas emisoras una certificación o declaración -que conste en el prospectivo informativo- de que la empresa no ha sido multada, de que cumple con la legislación de la SSNF e incluir, como parte de su equipo ejecutivo de la administración al oficial de cumplimiento o a la persona encargada de tal función.

El que invierte su dinero no querrá asumir el riesgo de una empresa multada o que no cumple con las medidas para evitar el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo o a las armas de destrucción masiva o de hacerlo, pedirá una mayor tasa de interés para compensar el riesgo.

Solo con este tipo de medidas podremos ampliar la cultura de cumplimiento y subrayar que la lucha contra el blanqueo de capitales envuelve a muchos sectores de la economía, no solo a los bancos y a los abogados.