El negocio de la educación universitaria

Estudié Derecho en la Universidad de Panamá durante ocho años –con interrupción de casi un año por el golpe militar del año 1968.

Fui estudiante diurno solo por un semestre. El resto de mi carrera la hice en la noche y algunas muy de mañana, para poder trabajar. Me gradué junto con otros seis estudiantes.

Posteriormente, fui a cursar una maestría al exterior, gracias a una beca de Tulane en Nueva Orleans y préstamo del Ifarhu. Al regreso, me incorporé como profesor en mi alma máter. Impartía tres (3) horas semanales de clases (B/75.00 por mes). Me invitó el decano César Quintero, mi profesor de Derecho Constitucional. Terminé en 2009, tras 33 años de servicio, como catedrático, tras ganarme concurso, en la Rectoría más profesional de aquellos tiempos difíciles, la de Diógenes Cedeño Cenci. Actualmente, un profesor a tiempo completo gana más de B/6000 mensuales, cuando en 2009 no llegaba a B/4000.

En una publicación en La Prensa del 14 de septiembre de 1993, el abogado Rodrigo Noriega señala que se graduaron en todo el país 203 abogados y en 2016, más de 1500. Se reproducían como conejos con tantas universidades privadas, algunas de garaje.

En 1963, para ingresar a estudiar exigían examen de admisión, basado en cultura general. El que fracasaba, simplemente no era admitido. Ya dentro, si en el segundo año mostrabas índice menor de C, te expulsaban, permitiendo subir ese índice en otra facultad.

Al llegar la dictadura, cerraron la universidad por casi un año. Como rector en 1971, Rómulo Escobar Betancourt, ideólogo marxista, “popularizó” la universidad, permitiendo, según decían, que los pobres accedieran a la educación superior.

Demagogia pura, porque solo pagábamos de matrícula B/11.00 por semestre, lo que ahora son B/27.50. El resultado fue que la calidad de la enseñanza, ante la avalancha de personas que entró, bajó considerablemente su nivel, sumado a que, tras el golpe militar, parte de los excelentes profesores, como Rubén Arosemena Guardia, Carlos Iván Zuñiga y Fabián Echévers, entre otros, fueron obligados a salir, siendo lo mismo en otras facultades, como Ricardo Arias Calderón y Cecilia Alegre.

Los exámenes de admisión cada vez fueron más fáciles. Les interesaba la cantidad de estudiantes que ingresaba, sin importar calidad de la enseñanza. Actualmente, el que fracasa ese examen, le permiten cursos de verano de inducción, que casi todos pasan.

En las universidades privadas es peor. No hacen exámenes de admisión. Pagas y te admiten y, como el pago es vital, carecen de filtro alguno (lo que les interesa es el pago). Te pasan de año, para que sigas pagando tu matrícula.

El problema viene de abajo: la cada vez más deficiente educación básica.

A la pregunta sobre ¿qué hacer con aquellos que fracasan la admisión?, mi consejo sería: “Jovencito, busque una carrera técnica, difícilmente podrá ser profesional”. Ah, pero más de uno salta con el dedo acusador de que esto violaría el derecho humano de acceso a la educación. Un apoyo más a la mediocridad que criticamos tanto, de la cual abunda en las aulas de clase.

¿Qué propongo?

Requerimos de profesionales mejor formados. Sin restringir a nadie el derecho a recibir una educación superior y de calidad -que en estos días no se adquiere y menos tras dos años de la mala formación virtual por la pandemia-.

Debe haber más rigor. No solo dentro de las universidades públicas, incluyendo la polémica Unachi, sino en las privadas, convertidas en la actualidad en fábricas muy lucrativas de profesionales incompetentes y mal preparados que, al salir de allí, diploma en mano, no encuentran donde trabajar, porque de vaina saben de qué se graduaron.

Definitivamente, hay que reforzar todo el proceso educativo desde la infancia, para lo cual se requiere un Ministerio de Educación técnico, ajeno a los vaivenes del Gobierno de turno y una profunda reforma educativa.

Mientras eso se hace, debemos ser más selectivos en la educación superior, buscando la excelencia y capacitación del estudiante, convertida actualmente en una especie de guacho, con esos dos años prácticamente perdidos. En una ocasión comenté al actual rector Eduardo Flores que, por su edad y falta de conocimientos técnicos, algunos profesores no sabían dar clases por Zoom, siendo el estudiante el perjudicado. Me lo negó. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

No es fácil hacer esos cambios. Significa revolucionar la enseñanza, dándole más importancia a la calidad que a la cantidad. Eso da como resultado la deteriorada preparación de nuestros nuevos profesionales. Sin esos cambios, no esperemos lograr la reingeniería que necesitamos como Nación. Para eso también hay que despolitizar la educación superior pública, en muchos casos convertida en refugio de invierno de anquilosados perredés.