• 24/08/2023 00:00

Narcotráfico, poder económico y sistemas electorales

“El reiterativo llamado a conformar el Foro Constitucional Electoral, [...], para constituir un nuevo sistema político electoral, eliminando el financiamiento privado y limitando el público, [...]”

En las últimas semanas, hemos observado la escalada de violencia en las campañas electorales producto de la intromisión del narcotráfico en las elecciones, siendo el caso más referido el del candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, siendo, este exdirigente sindical y periodista, un gran luchador social y favorito para ganar los comicios en el hermano país, abatido a tiros por grupos delincuenciales pertenecientes al narcotráfico. Su posición frente a este flagelo de muerte era oponerse a sus actividades, expresado en reiterados discursos y pronunciamientos hacia sus connacionales.

Ciertamente, el fenómeno de la incidencia del narcotráfico en la esfera política latinoamericana es de vieja data, como el ejemplo más mortífero fue la era de Pablo Escobar en Colombia y la actual permanencia de los carteles de la droga en México, que no demoran en sentenciar a candidatas (os) correctos que no ceden a sus criminales pretensiones. Un amigo político frustrado nos confesó que los dirigentes políticos de los sectores populares son los miembros de pandillas que venden drogas, para tratar de correr en sus corregimientos hay que negociar primero con ellos.

Es tan fuerte su influencia que quedan supeditados todos sus candidatos a cualquier cargo de elección popular, hasta proveerlos y exigirles retribuciones específicas, como protección de sus mercados hasta la liberación de sus aliados capturados. ¿Pero cómo sucede?

Desde su inicial fichaje, los sistemas electorales les permiten, a través del financiamiento privado, de manera legal, convertirse en donantes de campaña, con sociedades anónimas debidamente establecidas, desembolsan fondos hacia sus candidatos, previo acuerdo que es el que, una vez electos, se conviertan en protectores de su letal actividad, sin ser arrestados por la Policía Nacional, que sus dignos integrantes se frustran, al no poder capturarlos. Esta primera premisa es digamos la negociación preliminar.

Los sistemas electorales latinoamericanos, en su mayoría, mediante Ley, permiten el nefasto financiamiento privado, primer nicho del clientelismo institucionalizado. Está tan asentado en nuestras latitudes este procedimiento donativo que aún recibiendo dineros en efectivo tampoco se castiga, tal cual vaticinó Pablo Escobar en lograr consolidar un narco-Estado, el cual lo estamos viviendo. Hoy día, ya su radio de acción es permanente y goza de la permisibilidad y legalidad electoral.

De igual forma se sostiene y sustenta el poder económico desde las ejecutorías empresariales e industriales tipo Odebrecht, que puso de rodillas a muchos Gobiernos del continente, de cualquier ideología, mediante las licitaciones cargadas de pagos adelantados a los gobernantes, siendo muy pocos mandatarios procesados por esta práctica, también prefabricada desde el entorno político electoral, en nuestro país no se conoce condena alguna para los señalados por esta asociación ilícita delincuencial. Hoy día, su relevo en nuestro país son las mineras, que ya han acumulado hasta circuitos electorales, a su favor, aprobados por Ley.

No escapa de ambas transacciones, tanto del narcotráfico como del poder económico u acaparadores de riquezas, el sistema financiero que capta sus capitales para su distribución a sus candidatos con los dineros lavados en sus entidades bancarias.

Mientras falsamente la clase política tradicional intenta hacer supuestas alianzas, mientras el Tribunal Electoral, conocidamente intervenido por estos sectores a ultranza, influya en la designación fraudulenta en los cargos de elección popular y curules en la Asamblea Nacional, seguiremos bajo la influencia de estos grupos peligrosos.

El reiterativo llamado a conformar el Foro Constitucional Electoral, propuesto por el Movimiento Independiente Nacionalista (MINA), para constituir un nuevo sistema político electoral, eliminando el financiamiento privado y limitando el público, para fortalecer la participación ciudadana por méritos y tener candidaturas sensatas, permitirán elecciones libres en nuestro país y cerrarles definitivamente las puertas al narcotráfico y al poder económico en los destinos de nuestra Patria. ¡Acción!

Ciudadano independiente.
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