La continuidad presidencial en Haití tras el asesinato de Jovenel Moïse: el reto de aplicar la ley

Tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití enfrenta una grave crisis institucional, con vacíos de poder, la caducidad del Parlamen-to y la ineficacia de la Corte de Casación. La Constitución de 1987, modificada en 2011, establece que, en caso de vacancia presidencial, la Asamblea Nacional debe elegir un presidente provisional en los 60 días siguientes. Sin embargo, la disolución del Parlamento impide cumplir con este procedimiento.

La solución a esta crisis requiere aplicar principios constitucionales fundamentales, como el de la previsibilidad jurídica, que buscan evitar la arbitrariedad y mantener la estabilidad del sistema legal. Sin embargo, la clase política haitiana, marcada por la corrupción y la violencia, parece más interesada en el poder que en el respeto a la ley. A pesar de los esfuerzos por aparentar un compromiso democrático, los acuerdos políticos siguen prevaleciendo sobre los principios legales, lo que dificulta la gobernanza estable. No hay ningún argumento que pueda justificar la desregulación del orden establecido por la jerarquía de las normas. Tan claro como pueda parecer. Sin embargo, los líderes y la clase política haitiana, ya sea por negligencia o falta de competencia, como sugirió el periodista haitiano Valery Numa en su programa “Vision 2000 A L’ Ecoute”, parecen incompetentes e incapaces de tomar decisiones razonables para hacer frente a la situación actual de Haití. Esta clase está compuesta en gran parte por actores que han luchado por el establecimiento de la democracia y el respeto a los principios del Estado de derecho en el país. Sin embargo, cada titular del poder siempre quiere mantener el poder a expensas de los principios viables de la democracia y el Estado de derecho. De hecho, la renovación de los elegidos en este país parece ser un desafío considerable. La solución a esta crisis requiere aplicar principios constitucionales fundamentales, como el de la previsibilidad jurídica, que buscan evitar la arbitrariedad y mantener la estabilidad del sistema legal. Sin embargo, la clase política haitiana, marcada por la corrupción y la violencia, parece más interesada en el poder que en el respeto a la ley.

A pesar de los esfuerzos por aparentar un compromiso democrático, los acuerdos políticos siguen prevaleciendo sobre los principios legales, lo que dificulta la gobernanza estable. Como profesionales, nuestro objetivo sigue siendo la objetividad. En este artículo, defendemos la tesis de que las reglas establecidas por el legislador, que favorecen el interés general y respetan los derechos fundamentales, deben prevalecer. No importa si estas reglas o normas han sido disfuncionales, eso no debe invocarse para justificar la desregulación del orden establecido por la jerarquía de las normas, a saber: el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad (que incluye tratados y convenciones internacionales así como el derecho comunitario), el bloque de legalidad (que comprende leyes ordinarias, leyes orgánicas, ordenanzas, reglamentos autónomos, etc.), los principios generales del derecho, el bloque reglamentario (que abarca decretos, órdenes, etc.), el bloque contractual, así como los actos administrativos (tales como circulares y directivas). Como se ha observado, nos enfrentamos al colapso de un Estado donde el Poder Judicial es el único órgano que aún sigue siendo racional, y según el artículo 59-1 de la Constitución en vigor, el Poder Judicial constituye uno de los tres pilares que tienen la responsabilidad de la organización del Estado. Así, además del bloque de constitucionalidad mencionado anteriormente, este artículo justifica el papel vital del Poder Judicial en la situación actual del país, el último bastión presente en la organización de la República. De hecho, en tales circunstancias, existe un precedente práctico de este poder. Las elecciones más creíbles han sido organizadas por presidentes procedentes de la Corte de Casación. Como guardianes de las normas, defensores del Estado de derecho y de la estabilidad política, hacemos sonar la alarma en cuanto a la aplicación rigurosa de las leyes. Sin ello, corremos el riesgo de ser testigos de un escenario marcado por violaciones flagrantes de los derechos humanos, corrupción, crecientes tensiones y protestas incesantes. ¡Saludos a los lectores atentos !Es innegable que tanto el artículo 149 de la Constitución de 1987 como el de la Constitución actual enuncian principios emanados de una legislación legítima. Solo el pueblo tiene el poder de elegir a sus representantes. El legislador, en su previsión para mantener el equilibrio, establece normas sobre cómo reemplazar a los elegidos en caso de algún problema eventual. Estas leyes buscan conciliar nuestros derechos individuales con nuestras responsabilidades como miembros de la sociedad. Así, cuando un presidente no puede actuar, el poder se transfiere a las entidades del Estado, y no al partido político más poderoso, ni al grupo que organiza la mayor manifestación, ni siquiera al grupo más dominante. Sería poco prudente que el legislador adoptara esta perspectiva.

En resumen, es esencial cumplir con las normas legales establecidas para mantener la estabilidad jurídica y evitar conflictos de intereses. Las leyes permiten mantener el equilibrio entre los derechos individuales y las obligaciones hacia la sociedad, y deben ser respetadas para garantizar el funcionamiento democrático del Estado y facilitar el desarrollo sostenible. Sin embargo, la falta de compromiso con la ley y la manipulación política continúan obstaculizando el proceso de reemplazo de los funcionarios electos. En última instancia, la clave para resolver la crisis en Haití radica en asegurar que las leyes prevalezcan sobre los intereses partidistas y la violencia, protegiendo así el orden constitucional y los derechos fundamentales. De lo contrario, el país seguirá sumido en un ciclo de inestabilidad y conflictos.