Contraloría y Procuraduría de la Nación

Mucho se ha escrito, hablado y debatido acerca de la necesidad urgente del ‘rescate institucional y afirmación de la República’. Pues bien, antes debemos dar el primer paso: rescatar la funcionalidad de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación. Estas dos instituciones estatales son vitales para el debido encauzamiento democrático de la Nación panameña. Es una de las tareas impostergables a que debe dedicarse con firme determinación, el nuevo Gobierno panameño (2014-2019), porque es uno de los valores ciudadanos fundamentales: el derecho a la transparencia y a la práctica de la justicia en el accionar del Estado.

La Contraloría General de la República es la institución estatal cuyo servicio encargado es el de examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos. Lamentablemente, esa importante función fiscalizadora se ha limitado a su mínima expresión, desde enero de 2010 a la fecha. Es más, para la mayoría de la ciudadanía, la Contraloría General de la República ha dejado de existir como tal, temporalmente.

La Procuraduría General de la Nación, también conocida como el Ministerio Público, es la institución estatal responsable de investigar los delitos. Fue creada con la Constitución Política de 1904, la cual configuró la personalidad jurídica del naciente Estado Panameño. ‘Su naturaleza jurídica, es totalmente diferente a las otras instituciones de Estado. Es decir, la Procuraduría o el Ministerio Público es un órgano que no pertenece al Ejecutivo, ni al Legislativo ni al Judicial, ni conforma un cuarto poder independiente, sino que es una entidad autónoma que participa dentro del proceso Administrativo de Justicia por razón de la facultad constitucional y legal de ejercer la acción penal a nombre del Estado’.

Pero hay algo más: el poder, la eficiencia y eficacia funcional de las instituciones estatales dependen, en gran medida, de la calidad, probidad y honestidad del funcionario o funcionaria de más alta jerarquía que la representa. Y es, precisamente, de lo que adolecen últimamente estas dos importantes instituciones estatales. No gozan de la autonomía propia y necesaria para cumplir a cabalidad sus respectivas funciones, conforme lo establece la Constitución Política y la Ley. A ello se debe el cuestionamiento permanente de los medios de comunicación y de la opinión pública. Conocer quién hizo qué, cómo y por qué son imprescindibles para entender el efecto del infortunado ‘régimen de mando personal’ que nos desgobierna. La clara designación de los responsables y la asunción de culpa son pasos necesarios.

Solo así puede la mayoría de la ciudadanía, la que ha sufrido bajo el citado régimen, pero que ha persistido durante estos últimos cuatro largos años (2009-2013), en su lucha permanente por la transparencia en el manejo y custodia del erario y los bienes generales del Estado, así como también en la aplicación y administración de la justicia ‘igual para todos’. Ha sido una lucha titánica de un pueblo lamentablemente engañado, exigiendo a las autoridades nacionales la rendición de cuentas, un alto a la corrupción e impunidad, al nepotismo, a la improvisación, a la dictación de leyes inconstitucionales e impopulares, al chantaje, al servilismo (el ‘culto a la personalidad’), a la incapacidad, prepotencia y ostentación de algunos altos funcionarios públicos; el clamor popular lastimero por la falta de agua potable en grandes sectores de la población, etcétera.

El nombramiento de la actual Contralora General de la República (antigua ‘contadora’ de los supermercados 99, de propiedad del actual presidente de la República), carente de idoneidad, dice mucho de su pobre desenvolvimiento en el alto cargo. ¡En realidad, ha resultado un fiasco al descubierto por la ciudadanía!

En la Procuraduría General de la Nación, lo ocurrido fue más que una arbitrariedad, un bochorno, un estigma jurídico. Se destituyó a la procuradora titular, Licda. Ana Matilde Gómez, para nombrar sucesivamente, en menos de tres años, a otros tres procuradores: Bonissi, Ayú Prado y Ana Belfón. Resultado: descrédito para el Ministerio Público.

Reconocer y nombrar es importante no solo para los muchos panameños que han sido afectados, sino también para quienes vienen detrás de nosotros. Cuanto más sepamos del ‘régimen de mando personal’ (2009-2014), mejor contribuiremos a perfeccionar nuestra democracia.

PEDAGOGO, ESCRITOR, DIPLOMÁTICO.