Mercado marítimo: por un lugar más grande y digno

El respeto de las naciones del mundo solo se logrará si los gobernantes de Panamá y otros mercados en vías de desarrollo, codiciados por las potencias extranjeras, reconocen que la soberanía no es incompatible con una participación digna y provechosa en el escenario global.

El Proyecto de Ley N.° 598 de 2021, que regula el cabotaje en aguas panameñas, el cual establece medidas para equiparar las condiciones entre la industria marítima auxiliar panameña, con sus más aventajados homólogos extranjeros, ha pasado al debate de rigor en la Asamblea Nacional asediado por una legión de lobistas, empresarios de grandes corporaciones internacionales, sus equipos de abogados, embajadas y, aunque es difícil de creer, funcionarios que buscan anular estas equiparaciones.

Aquel cúmulo de beligerantes actores coincide en argumentar que Panamá está obligada por acuerdos comerciales internacionales, que nunca son precisados, a no regular la industria marítima auxiliar dentro de sus propios límites territoriales, que incluyen sus aguas. A diferencia de lo exigido, los países de origen de estos intereses sí tienen regulado tanto el cabotaje como la industria marítima auxiliar, de tal modo que, en la práctica, esta solo corresponde a sus nacionales.

Según estos, los panameños tienen un derecho inferior a los intereses extranjeros en su propio territorio, pues no es suficiente carecer de ventajas de flexibilidad gubernamental, alivios fiscales y protección diplomática a ultranza, sino que también deben perpetuarse tales derechos y privilegios a través de verdaderos camarones legalistas como es la llamada “grandfather clause”, que han tratado de introducir a como dé lugar al mencionado proyecto de ley, el cual blindaría a las corporaciones transnacionales para seguir explotando los recursos panameños, en detrimento del crecimiento de la industria local.

La “cláusula del abuelo”, en un proyecto como el que está en el tapete, es como afirmar que puedes reorganizar tu casa y tomar tus decisiones siempre y cuando no toques los intereses de quienes han estado disfrutando de tus recursos con claras ventajas, razón por la cual es necesario poner punto final a esos privilegios de tercer mundo colonizado a empresas del primer mundo, pero con mentalidad colonialista en pleno siglo 21.

Estos intereses saben, como todos nosotros, que cada Estado que forma parte de la composición política del planeta tiene un objetivo superior: El bienestar de sus habitantes. Por ello, quienes le gobiernan, dotan a aquel de un sistema jurídico coherente con ese objetivo, en armonía con el resto de sus iguales. Lo anterior, es garantizado por la Carta de Naciones Unidas, basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, donde sus relaciones estarán basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos.

Este derecho de autodeterminación se concentra en el vocablo “soberanía”. Este que ha sido utilizado y mal interpretado muchas veces a lo largo de la historia panameña, pero que se mantiene como un principio irrenunciable.

En todas las relaciones internacionales, rigen dos principios fundamentales: la reciprocidad y la no discriminación. El primero implica que cada beneficio que cada parte le da a la otra debe recompensarse de manera idéntica y el segundo enuncia que nadie puede utilizar represalias o castigos comerciales por razones raciales, políticas o religiosas. Todos los miembros son regidos por un mismo parámetro comercial, sea cual fuere su sistema de economía o de gobierno.

Panamá tiene el derecho y el deber de ocupar un lugar más digno y grande en el mercado internacional marítimo y eso es lo que está por definirse.

Los acuerdos comerciales suscritos entre Panamá y algunos Estados que practican la actividad de cabotaje e industrias marítimas auxiliares en aguas nacionales, podrán señalar que cumplen con estos principios. Sin embargo, es conocido que las ventajas, garantías y facilidades que tienen los empresarios transnacionales son muy superiores en comparación a las condiciones de los propios panameños en su propio territorio.

En cambio, el emprendimiento de un panameño, en circunstancias a la inversa, es decir, en los países que gozan de la hospitalidad del Istmo, es en la realidad, impensable.

Los intereses existentes tras la presión a los órganos Legislativo y también Ejecutivo del Estado panameño pretenden hacer creer a quienes toman decisiones que estas no solo pueden, sino que deben ser tomadas en favor de la industria extranjera, actuando en competencia desleal con la nacional.

No es correcto buscar interpretar un acuerdo bilateral en contra de principios universales reconocidos por todos los seres humanos representados en el máximo organismo global de armonía entre las naciones, sino en armonía con estas, a modo de un natural compás de pesos y contrapesos que permite las relaciones comerciales de las personas, en un contexto universal respetuoso a países como el que orgullosamente habitamos nosotros.

Es preciso concluir este artículo citando a los reconocidos panameños Jorge E. Illueca, Fernando Manfredo, Julio Manduley, George Richa y Enrique Illueca (2006), quienes, en obra colectiva y en circunstancias similares, concluyeron lo siguiente:

“No obstante todo esto, el `volcarnos al exterior', el mirar Panamá con `ojos extranjeros' parece conspirar contra nosotros mismos y nuestras sobradas capacidades y ello se expresa en el más dañino de los mitos: aquel que incluso aparece en nuestro escudo y que, en nuestra opinión, debemos reinterpretar.

No se trata en nuestro Canal y ni en nuestro megapuerto de “Pro Mundi Beneficio”. Ni se trata de servirle al comercio mundial. De lo que se trata o debe tratarse es de Pro-Panamá Beneficio. Y se trata de servirle a nuestro desarrollo brindándole, vendiéndole servicios al comercio mundial”.

El respeto de las naciones del mundo, solo se logrará si los gobernantes de Panamá y otros mercados en vías de desarrollo, codiciados por las potencias extranjeras, reconocen que la soberanía no es incompatible con una participación digna y provechosa en el escenario global.

Panamá tiene el derecho y el deber de ocupar un lugar más grande y digno en el mercado internacional marítimo y eso es lo que está por definirse.