Este domingo 16 de febrero se efectuó en el boulevard Panamá Pacífico el XXV Festival de Cometas y Panderos, organizado por Aprochipa.
Los menores de edad constituyen un sector de la población sujeto a un conjunto de factores y que los hacen vulnerables a determinadas contingencias. Cuando ocurren hechos que pueden afectar a los grupos humanos, se suelen tomar medidas para reducir, en este segmento, los daños o lesiones de todo tipo, tanto físicos como psicológicos. Lo que les ocurra a ellos suele perdurar en su perfil y en la conducta posterior.
Algunos medios de comunicación han alertado sobre un cierto incremento de menores de edad desaparecidos en los últimos meses y de situaciones que los ponen en riesgo. Se ha pedido en repetidas ocasiones que se utilice el sistema de alerta Amber cada vez que ocurre una pérdida de algún individuo y los organismos policiales quedan prestos para responder sobre cualquier indicio o pista que lleve a recuperar a los involucrados en tales delitos.
Estas medidas deben tomarse en el escenario de crecientes circunstancias en que se ven envueltos estos jóvenes. Por lo general, ellos se tornan víctimas de adultos o grupos delictivos que se benefician con alterar la vida cotidiana del país. Pero, por la propia condición de urgencia de cada eventualidad, se les envuelve en una tramitología interminable, producto de una burocracia tradicional.
Según las autoridades del Ministerio Público, en 2024 ocurrieron 4.374 hechos delictivos en que se vieron envueltos menores de edad, sobre todo jóvenes. De esta cifra, hubo un total de 808 casos contra la vida y la integridad personal; unos 51 de actividades contra la libertad individual y 1.597 contra la libertad e integridad sexual. En este panorama hay que incluir los hechos relacionados con el secuestro de muchachos y muchachas que desaparecen.
La práctica del secuestro debe ser comprendida conceptualmente, porque no es un juego ni una broma pesada. De acuerdo con los técnicos en la materia, se “configura cuando una persona (sujeto activo) priva de libertad sin derecho, motivo, causa o justificación a la víctima (sujeto pasivo), impidiéndole movilizarse al lugar que desea hacerlo, desplegándose su accionar de forma dolosa, circunstancia que permite restringir la libertad personal”.
Además, agregan las disposiciones sobre la materia: “es un delito grave que va en aumento, que atenta contra la libertad, en concreto la libertad ambulatoria, por cuanto el sujeto no puede trasladarse de un lugar a otro, y en segundo lugar, el patrimonio económico del mismo ya que está siendo obligado a entregar algo a cambio de su libertad...”.
Si revisamos aquellos países donde la comisión del delito de secuestro ocurre con mayor frecuencia, se conoce que los menores pasan a ser convertidos en elementos de un mercado internacional que trafica con seres humanos. Por lo general son atrapados en una maraña para ser esclavizados, entran en un sórdido clima de prostitución, algunos son obligados a involucrarse en grupos castrenses irregulares y otros se vuelven mulas del narcotráfico.
En algunos lugares, los menores secuestrados son vendidos a familias que quieren tener hijos y por alguna razón no han podido gestarlos por vía normal. En otras situaciones también entran a un inhumano sistema de tráfico de órganos.
Naciones Unidas expone que “... se estima que entre el 5 % y el 10 % de todos los trasplantes realizados en el mundo utilizaban órganos procedentes del mercado negro, aunque la cifra puede ser mucho mayor”.
El organismo internacional sustenta que: “...Se trata de un lucrativo negocio delictivo que mueve anualmente entre 840 y 1.700 millones de dólares. Las víctimas de esta forma de trata suelen proceder de entornos pobres, sin educación y vulnerables”. Se sabe, por tanto, que en su mayoría las piezas que entran a este despreciable movimiento proceden de países en vías de desarrollo.
Aunque Panamá presenta una de las tasas de secuestros de menores más bajas de América Latina, estos peligros obligan a dar mayor atención de las autoridades y en especial, la judicial, a estos casos, y redoblar los cuidados que requieren los menores en centros comerciales, parques y sitios públicos del país.