Panamá en medio de guerras fiscales

Ciudad de Panamá - ANPanamá—. Tras más de un año de la publicación de los llamados ‘Papeles de Panamá' que acapararon los titulares de la prensa internacional, la lucha contra el fraude y evasión fiscal continua en los discursos de los jefes de Estados de los países del G20, pero ¿cuál es hoy la realidad?

Si bien es cierto que Estados Unidos adoptó en 2016 el Reporte país por país de la Acción 13 del Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, por sus siglas en inglés) de la OCDE, este país se ha negado a adherirse al estándar de la OCDE de intercambio automático de información financiera (CRS), lo cual se traduce en una posición ambigua en el ejercicio de la transparencia, ya que traerá como consecuencia que las multinacionales (ESM) estadounidenses no estarán obligadas a entregar automáticamente una declaración anual en la que desglose elementos claves de los estados financieros de cada una de las jurisdicciones en las que tenga presencia. Aun si la solicitud de entrega de información se le hiciera a Estados Unidos, bajo convenios fiscales existentes y de manera bilateral, hay que recordar que este país es renuente a compartir información fiscal con otros países; y que el camino hacia la reciprocidad es largo y lleno de obstáculos. En consecuencia, ¿qué pasará si la primera potencia mundial no jugará en el equipo?

El importante diario francés de economía Les Échos señala que la popularidad de Delaware es cada vez más creciente: 180 000 sociedades fueron constituidas el año pasado (se estima que 500 por día). Actualmente, cuenta con más sociedades (1,2 millones) que habitantes (950 000). Las ventajas que ofrece consisten en una mezcla de tres elementos: impuesto bajo, jurisprudencia muy favorable a las empresas y la garantía de que sus secretos serán bien preservados.

Por otra parte, el panorama se presenta aún más incierto con la reforma fiscal y medidas de proteccionismo anunciadas por Trump, que incluye una enorme reducción del 35 % al 15 % que grava las ganancias corporativas. De ser aprobado por el Congreso, Estados Unidos se convertiría automáticamente en un gran paraíso fiscal. Un informe de Oxfam, denominado ‘Una Reforma Tramposa', advierte que las reformas fiscales propuestas por el presidente Trump sesgarán aún más las leyes fiscales estadounidenses en beneficio de los ricos y poderosos, e intensificará la destructiva carrera a la baja en el impuesto de sociedades a nivel global a expensas de las comunidades más pobres de Estados Unidos y de todo el mundo.

Del otro lado del Atlántico, el mes pasado, al interior de la Unión Europea, en asamblea de los ministros de Finanzas de la UE, Malta, país que detenta actualmente la presidencia rotativa de la UE, solicitó que se ralentice el ritmo de las reformas impulsadas por Bruselas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, temiendo que esto pueda afectar a las economías europeas.

Un informe elaborado y recién publicado por la ONG Oxfam y la Fair Financial Guide desvela que los principales bancos europeos obtienen un beneficio de 25 000 millones de euros en los llamados paraísos fiscales. Entre los territorios offshore más usados por la banca europea, Luxemburgo e Irlanda se erigen como los preferidos.

En diciembre de 2016, Oxfam publicó su lista sobre ‘Los Paraísos Fiscales más agresivos del mundo', analizando y comparando sus políticas fiscales nocivas. En esa lista no aparece Panamá. La misma es encabezada por Islas Bermudas y figuran cinco países europeos y cuatro territorios de la Corona británica. Estos países fomentan la práctica más extrema de evasión fiscal (ej. Apple en Irlanda paga 0,005 %). Cabe entonces la pregunta ¿por qué estos países dictan un código de conducta a otras jurisdicciones, si ellos mismos no ponen orden en su casa?

La empresa consultora EY indica que, entre 2015 y 2017, 11 grandes países han disminuido el impuesto de sociedades. Francia acaba de adoptar una baja progresiva de su tasa de imposición sobre las sociedades de 33 % a 18 % y multiplica los créditos de impuestos a las empresas. Londres por su parte, ha amenazado a Bruselas de replicar con un dumping fiscal agresivo, si la UE le impone condiciones muy estrictas en el marco de las negociaciones del brexit .

Por otro lado, cada vez son más los países de la UE que están presionando para blindar la confidencialidad de información fiscal de las multinacionales. Incluso Francia, que lideró la ofensiva de exigir el acceso público a la información sobre los impuestos que pagan las empresas, dio marcha atrás. En una sentencia divulgada en diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional francés vetó la ‘ley Sapin II', conocida por llevar el nombre de su propulsor el pasado ministro de Finanzas, Michel Sapin, que obligaba a las multinacionales a publicar detalladamente sus datos financieros de todos los países en los que operan. El Tribunal Constitucional la consideró como ‘un ataque desproporcionado a la libertad de empresa'. La norma examinada perjudica a las empresas, pues permite a la competencia ‘identificar los elementos esenciales' de las estrategias ‘industriales y comerciales', apreciaron los jueces.

Se observa pues, que la lucha por la transparencia y contra la evasión fiscal es desigual entre los países, porque estamos asistiendo a un escenario de guerras fiscales entre los países ricos, cuyos Gobiernos utilizan la reducción de impuestos como arma de seducción de inversiones y negocios. El problema entonces no es moral, sino más bien comercial, económico y financiero. Mientras tanto, más de 100 países, entre ellos Panamá, permanecen excluidos de los procesos de toma de decisiones sobre normas fiscales globales.

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