Más chenchén: engaño alevoso

Aunque repetidamente se ha explicado que el origen de la expresión ”chen chen” proviene del inglés “change, change”, que era lo que los muchachos pedían a los gringos que se topaban en la calle refiriéndose al cambio en monedas que tuviesen en sus bolsillos. Era como recibir el sencillo que les servía a ellos y que poca falta le hacía al rubio transeúnte.

Otros le atribuyen al término, supuestamente en chino, el significado de más dinero y prosperidad. Cualquiera que sea su origen etimológico, lo cierto es que en las pasadas elecciones fue muy utilizado por un grupo que, creando la ilusión de que si se votaba por ellos vendría más dinero al país para todos, al final se alzaron con la victoria. Todo indica que aquello de que con sutano y con mengano vendrá más chenchén, caló profundamente en el electorado. Sin ese pregón, difícilmente hubiesen ganado, sobre todo por la forma tan espectacular como terminó la Corte Suprema decidiendo una candidatura presidencial.

La propaganda engañosa, de acuerdo con nuestra legislación, está tipificada como un delito, incluido en el Código Penal en su artículo 240 que señala: “Quien en sus ofertas o publicidad de productos o servicios incluya informaciones falsas o manifieste características y ventajas inciertas de los productos o servicios publicitados, de modo que puedan causar perjuicios graves al consumidor, será sancionado con prisión de uno a tres años”. La mayoría de las quejas por este tipo de delitos se produce en los contratos de venta de automóviles y de vivienda, sobre todo donde juegan un papel determinante las promotoras inmobiliarias. Aún no he visto la aplicación de esta norma legal en nadie que haya incurrido en tan común y reiterado delito.

La entidad panameña encargada de vigilar estas conductas es la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Por supuesto que dicha normativa no se aplica a la política, cuya única competencia la tiene el Código Electoral y el Tribunal Electoral. La ley bancaria, creada en febrero de 1998, regula esta materia en los bancos en sus artículos 192 y 193, imponiéndoles sanciones por su violación, obligando a la Superintendencia Bancaria a hacer públicas tales sanciones.

Cuando yo enseñaba derecho bancario en la Universidad de Panamá planteaba a los estudiantes que buscaran en los medios de comunicación alguna propaganda engañosa en los anuncios de los bancos para así poder presentar la respectiva denuncia ante la Superintendencia, en el caso de los bancos la encargada de atender las quejas de los usuarios. Luego de revisarla, la presentaba en mi nombre para dar más seriedad a la petición. El estudiante que encontraba la denuncia que se probaba, condenando al banco, se hacía acreedor a un aumento de nota. Para el denunciante no existía recompensa alguna.

En las recientes elecciones de 2014, la historia nos muestra ciertos patrones que son difíciles de romper: te hacen promesas que, de antemano, su oferente sabe que no se pueden cumplir. Te engañan con eso ya que te inducen a votar por alguien con una mentira que, a todas luces, de antemano se sabe que no es cierto. En un país con tantas necesidades económicas, la promesa de mejores días y oportunidades produjo el efecto esperado.

Eso fue lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Con la clase de gobierno que tuvimos con Cortizo/Carrizo que, prácticamente con los 25 mil millones de dólares de aumento en la deuda pública durante su gestión, resultaba evidente que quien ganara las elecciones tendría que afrontar una grave crisis económica y fiscal, agravada por los efectos de la pandemia. No había dinero, y por lo tanto, lo del chenchén que llegaría era totalmente falso e iluso. Había que recortar gastos y, por lo tanto, no se podría nombrar a la gente que los apoyó, aunque si se las ingeniaron para darle cabida a hermanos, sobrinos, primos y los amigos del hijo de papá. Las obras públicas no podían avanzar por la falta de dinero con que se encontró el nuevo gobierno, con enormes deudas dejadas por sus irresponsables antecesores.

Lamentablemente, no será posible incluir norma alguna que regule y sanciones las mentiras de los políticos. Eso sería una utopía. Nadie se atrevería a poner la soga del ahorcado cuando la misma podría aplicársele a él. El único camino será esperar a las próximas elecciones, pero, lastimosamente, burdamente nos engañaron y ya el daño está hecho.