El mar territorial

Hasta el 2 de febrero de 1967, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 31, la República de Panamá mantuvo un Mar Territorial de 12 millas marinas. A partir de ese día, se extendió nuestro Mar Territorial a 200 millas marinas, como ya lo habían hecho otros países de América. Había suficientes razones para que un pequeño Estado como el nuestro, bordeado de costas y víctima constante del intervencionismo colonialista, sancionara la propuesta de Ley presentada por el diputado Carlos Iván Zúñiga Guardia, pues se requería ‘un mar territorial de anchura adecuada para asegurar la defensa de su territorio y para mantener la neutralidad de la vía interoceánica en él construida'.

Con sus 200 millas náuticas de mar territorial, entró en vigencia la nueva Constitución Nacional de octubre 1972, cuyo artículo 3 señala que el territorio de la República comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, conforme a los tratados de límites celebrados por Panamá y esos Estados. Es bueno recordar que en estas delimitaciones territoriales, la República perdió 10 059 kilómetros cuadrados en su frontera oriental (1941) y 4141 kilómetros cuadrados en su frontera occidental (1924). Este artículo 3, agrega que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otro Estado. Queda claro, entonces, que el territorio nacional, incluyéndose el mar territorial panameño de 200 millas marinas, como parte de ese territorio, y como bien de propiedad del Estado (artículo 258 de la Constitución), jamás puede ser cedido, traspasado o enajenado. En otras palabras, los espacios nacionales logrados hasta el momento de dictarse la Carta Fundamental de 1972, se tienen que mantener inalterados.

Entiendo que si, desde 1967, fijamos nuestro mar territorial en 200 millas marinas, y si se han adoptado los límites terrestres de la República en hitos previamente establecidos, sería un acto violatorio a la Carta Fundamental y, además, violatorio del artículo 425 del Código Penal, alterar o modificar o ceder o traspasar o enajenar una sola pulgada del territorio nacional, del cual, he señalado, forma parte el mar territorial de 200 millas marinas. Tan grave sería reducir nuestro mar territorial, como grave sería alterar en perjuicio de Panamá nuestra frontera terrestre con Costa Rica o Colombia.

Sin embargo, ha ocurrido. En efecto, el 10 de diciembre de 1982 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que Panamá es signataria desde el día que se sancionó la Ley 38 de 4 de junio de 1996. Esta Ley aprueba en todas sus partes la Convención y sus Anexos, aceptando que la República de Panamá reduzca significativamente el mar territorial a 12 millas marinas. En esta Convención, además de establecer para los países miembros un mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas, fija una zona adyacente al mar territorial, denominada ‘zona contigua', que no puede extenderse más allá de las 24 millas marinas, y otra zona llamada ‘zona económica exclusiva', que puede llegar hasta las 200 millas marinas, donde el Estado tiene solo una ‘soberanía económica' —que es lo mismo que no tenerla—, pues el ejercicio de su dominio es limitado a las actividades, derechos y deberes que establece la Convención y sus Anexos.

Con la incorporación de Panamá a la Convención y la Ley 38 del 1996, donde es aprobada esta en todas sus partes, nuestra República dispuso reducir su mar territorial de 319 823.9 kilómetros cuadrados (200 millas marinas), a 53 361.6 kilómetros cuadrados (12 millas marinas) y ceder 226 462.3 kilómetros cuadrados de su territorio, además de reducir su espacio aéreo y espacio submarino.

El 18 de abril de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley mediante la cual se fijan las líneas base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Este proyecto (número 637) ha sido ya aprobado en primer debate por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea. Se pretende, pues, darle forma al despojo de nuestro territorio nacional al establecer las líneas bases a partir de las cuales se miden las 12 millas de nuestro mar territorial. ¿A favor de quién cedió la República ese inmenso territorio de nuestro mar territorial? A favor de una Autoridad multinacional (que será dirigida por las grandes potencias), con competencia y facultad jurídica suficiente para imponer sus políticas en torno a la explotación y control de esas aguas, en los términos señalados en los Anexos de la Convención, que fueron aprobados por la República de Panamá.

En el tema del territorio nacional, y pido disculpas por mi insistencia, nuestro ordenamiento constitucional y legal no admite siquiera que existan propuestas de cesión, traspaso o enajenación, para que sean discutidas por la Asamblea Nacional o sometidas a referéndum nacional. La soberanía absoluta y sin chantajes sobre el territorio de la República, entendiéndose por tal el existente al momento de aprobarse la Carta Constitucional de 11 de octubre de 1972, no puede ser tema de discusión y menos aún menoscabada de forma alguna. Podemos reclamar derechos soberanos sobre nuestro territorio, como lo hicimos para recuperar nuestro Canal, pero no podemos despojarnos de una pulgada del territorio que hemos incorporado al patrimonio del Estado, so pretexto de una Convención engañabobos, que antes que darnos nos quita y que nos hace volver a la época de las ‘zonas', con eso de la ‘zona contigua' y ‘zona económica exclusiva'. La República tiene la mayor y mejor experiencia del mundo en el tema de las nefastas ‘zonas' y el panameño sabe lo que cuesta recuperarlas.

De un solo plumazo, en junio de 1996, perdió la Patria de Victoriano la mayor extensión territorial que istmeño alguno pudo imaginar. Ahora, de un solo plumazo, se aspira a definir los límites del gran despojo. Y semejante acción, contraria a derecho, no duden que será adornada con las más sofisticadas excusas patrioteras, pintadas con los más bellos coloretes de la plaza y condimentada con los sabores traicioneros de la rasante politiquería criolla. Está dispuesta la mesa para que nos traguemos la píldora del ‘qué me importa', que se ha venido elaborando en el laboratorio de los ideólogos al servicio del poder.

Propongo que no permitamos que tal ignominia se consume, propongo que no nos dejemos quitar las mieles de nuestros panales, propongo que hagamos frente a este neocolonialismo impuesto por quienes mandan en las Naciones Unidas y quienes le obedecen en nuestro patio, para reiniciar la lucha por la plena y absoluta soberanía en todo el territorio nacional.

ABOGADO