Los manglares de David, la oportunidad verde que perdió Panamá

En el 2004, el municipio de David acogió las protestas de los pescadores artesanales que faenaban en los manglares de David, en razón de la presencia de los barcos camaroneros que practicaban la pesca de arrastre en el sitio, perjudicial para el transporte marítimo y la pesca artesanal, por lo que decidió aplicar la legislación ambiental que declaró dicho ecosistema estuarino como una nueva área protegida, con lo que se inició un claro proceso de gestión ambiental que posibilitaría una oportunidad verde para propiciar un desarrollo sostenible en uno de los principales ecosistemas de manglar del Pacífico panameño.

En este contexto, la Autoridad Ambiental de Panamá a cargo de la referida área protegida solicitó el apoyo técnico y financiero de varias organizaciones internacionales para elaborar el Plan de Manejo y Desarrollo de la referida área protegida, el cual consistió en señalar los objetivos del área protegida y la categoría de manejo adecuada, conteniendo las definiciones de las áreas críticas, las actividades para su manejo adecuado, el desarrollo productivo sostenible, el turismo ambiental y la investigación, dentro de un esquema de gobernanza que garantizaría la participación de las comunidades locales y las entidades públicas y privadas involucradas en el proceso. El plan de manejo todavía no ha sido aprobado, sin que se presente una razón técnica y/o científica que justifique la desaprobación y/o adecuación del documento presentado.

Sin embargo, se acaba promulgar una resolución del ministerio de Ambiente aprobando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III, que tendrá incidencia en las tierras colindantes del manglar y obviamente en todo el curso de las aguas someras del humedal, al establecer un complejo portuario, industrial, residencial y turístico , por lo que su ejecución estaría incidiendo en las aguas estuarinas, el bosque del manglar, las poblaciones de neonatos y ejemplares adultos de tiburones, peces, delfines, camarones y moluscos del humedal, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la debilidad del actual sistema jurídico y administrativo que debería gestionar positivamente las áreas protegidas establecidas por el estado panameño.

Hábilmente, el argumento esgrimido para viabilizar y/o posibilitar el referido EIA, consiste en presentarlo solamente como un macroproyecto industrial de índole portuaria, circunscrito en unas 124 has., de tierra firme, dejando de presentar como una consideración primaria la excavación y establecimiento de la construcción de un canal Interno de 11 Km, que prácticamente cruza la Bahía de Muertos, desde Boca Brava hasta el puerto El Cabrito, pasando por una de las rutas principales para la captura de peces comerciales , el transporte de productos agropecuarios y el turismo sostenible y muy cerca de unas de las zonas de mayor población de la concha negra, objeto de una considerable captura para la comercialización por los llamados concheros de la región.

Para tales propósitos, también se procederá a la excavación de un sitio escogido para el depósito del material extraído para habilitar el referido canal interno, localizado en los alrededores de la isla de Boca Brava, situada a la entrada del ecosistema estuario de los manglares de David.

En consecuencia, tanto la excavación y posterior deposición de los materiales al fondo marino, así como la construcción del referido canal interno, presentan una serie de impactos negativos a considerar, al igual que la permanente presencia y uso del transporte marino de alto calado de gran capacidad de carga, así como de los cruceros para el transporte turístico, atravesando la emblemática Bahía de Muertos, lo cual también produciría impactos negativos para la navegación de las pequeñas embarcaciones utilizadas para la pesca artesanal, el desarrollo del turismo local y el transporte de productos agropecuarios y maderables de los pobladores costeros de la región.

Sin embargo, a pesar de que se han estado presentando muchos otros cuestionamientos al referido EIA, se está anunciando una inversión de unos 200 millones de dólares a través de un capital norteamericano, respaldado por un costoso aparataje publicitario y comprometido con figuras públicas locales e internacionales, lo cual ha opacado la capacidad de respuesta y credibilidad de los diferentes entes involucrados de la sociedad civil.

Por lo tanto, mueve a desasosiego y desconfianza la manera antojadiza como se prioriza la administración de los recursos básicos de la tierra versus los desarrollos macroeconómicos insostenibles, desconociendo los compromisos y esfuerzos de la comunidad local e internacional realizados desde el 2008, cuando el gobierno nacional solicitó a importantes organizaciones internacionales el financiamiento y los estudios para garantizar el permanente manejo y conservación de uno de los manglares de mayor extensión de la región centroamericana.

En tales circunstancias, pareciera que estamos ante la muerte anunciada de los manglares de David, lo cual sería recordado como la oportunidad verde que perdió Panamá.