Inconsistencias del Proyecto de Ley 518

El flagelo del VIH ha venido tomando cuerpo en la sociedad panameña, la juventud parece estar apática a esta delicada situación y mientras ello sucede, el monstruo galopa impune, lacerando los cimientos de la salud de nuestros jóvenes.

Durante año y medio aproximadamente, la Sociedad Civil Unificada de Panamá estuvo en negociaciones con el Gobierno y distintos actores claves para dar paso a una nueva reglamentación a la Ley de VIH que en su marco regulatorio conllevara el sentir de todos los sectores interesados en dicha temática.

La nueva norma enmarcaba como objetivo principal luchar contra las enfermedades de transmisión sexual ITS y/o VIH de manera eficiente y el respaldo efectivo a los derechos de las personas que viven con esos padecimientos.

Empero, la Sociedad Civil Unificada en VIH de Panamá (SCUV), conformada por la Asociación Viviendo Positivamente (AVP), Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (Ahmnp), Asociación Nuevos Horizontes (AHN), Asociación Panameña de Personas Trans (APPT), Grupo Génesis Panamá+ (GGP+) Asociación Cambiando Vidas, Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá (MDDP), Mujeres Luchando por sus Derechos (MILD), Red Centroamericana de Personas con VIH (Redca+), Consejo Mundial de Mujeres Positivas (ICW), Red de Jóvenes Positivos, Consejo Nacional de Mujeres Indígenas (Conamui), han manifestado, a través de distintos medios, su inconformidad por inconsistencias en dicho proyecto de ley cuando fue presentado en segundo debate ante la Comisión Legislativa de Trabajo, Salud y Bienestar Social de la Asamblea Nacional.

Específicamente, las inconsistencias se concentran en dos artículos: el primero alude a la solicitud de que una pareja que va a contraer matrimonio conozca si uno de los dos es portador del VIH y el otro sobre el derecho del recién nacido al llegar al mundo sin el virus. La otra situación que plasma la (SCUV) es que en el tercer debate ante el pleno de la Asamblea Nacional no se les tomó en consideración en ningún momento para formar parte del proceso subsiguiente de este proyecto de Ley, siendo ellos parte integral en todo este proceso. Aunado a esto, el programa Conjunto de Naciones Unidad sobre el VIH/Sida (Onusida), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), emitieron conjuntamente una opinión técnica sobre las modificaciones introducidas en el primer debate al Proyecto de Ley 518 que establece el marco jurídico para el abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual y virus de inmunodeficiencia humana, en donde concluyen que las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley 518, constituyen una grave violación a los Derechos Humanos y son contrarias al VIH basada en estándares de los derechos humanos.

La observación es porque al introducir disposiciones que dan cabida a la obligatoriedad de la prueba, están menoscabando los derechos a la intimidad y a la confidencialidad, a no ser sometido a tratos inhumanos degradantes, al libre ejercicio de la voluntad y a la autodeterminación de las personas, especialmente las que viven con VIH.

Dicho lo anterior, vale la pena reflexionar sobre este delicado tema y formularnos las siguientes interrogantes: ¿avanza realmente el país con esta normativa en su compromiso de accionar en pro de las personas que viven con ITS y/o VIH?, ¿cumple realmente este proyecto de Ley 518 con todos los sectores de la Sociedad Civil y Sociedad Civil Unificada en VIH, habiendo, según ellos, inconformidad e inconsistencia en este proyecto?

ABOGADO