Lectura obligada

Ha llegado la hora de plasmar nuestra enérgica protesta contra el abuso e irrespeto a una de las más nobles profesiones, como lo es la Abogacía.

Este Gobierno se ha empeñado en denigrar al abogado en su calidad de Agente Residente y convertirlo en un esbirro de los intereses foráneos, entendiéndose OCDE y otros, a fin de desnaturalizar nuestro ejercicio como Agentes Residentes de una sociedad anónima o una Fundación de Interés Privado, convirtiéndonos en recolectores de información para la verificación de estados extranjeros con respecto al pago de impuestos de sus nacionales.

Esto lo decimos a raíz de la Ley 47 que nos obligó a tener información detallada de quienes son los accionistas de una sociedad, su dirección, qué hacen, qué no hacen, con quién conviven, si tienen queridas, etc. Es decir, información total de las accionistas y sus movimientos. Pero el abuso no termina allí, pues nos han obligado a incurrir en gastos no previstos a fin de adaptar nuestra plataforma de servicios jurídicos a una especializada en captar datos e información de nuestros clientes y de no hacerlo, sancionarnos hasta con la suspensión de nuestra idoneidad.

Ahora tienen la brillante idea de obligarnos a abrir un nuevo rubro dentro de nuestra plataforma tecnológica para que reportemos por cinco (5) años todas las operaciones contables de una sociedad panameña que opere en el extranjero o sea las offshore .

Nos referimos al proyecto de ley n.º 383 presentado por el insigne ministro encargado Lic. Iván Zarack, proyecto este que, según nuestro humilde concepto, tiene graves vicios de inconstitucionalidad, toda vez que trae unos absurdos sobre la suspensión de los derechos corporativos y políticos de las acciones de dichas sociedades, impidiendo, en vía de esta suspensión, que una sociedad anónima o Fundación de Interés Privado pueda demandar o defenderse si es demandada.

Con esto lo que pretenden es acabar con el sistema de sociedades anónimas y finalmente lograr que todos los clientes o dueños de estas sociedades emigren a otras jurisdicciones, ya que no tendrá ningún atractivo estar bajo una sociedad anónima panameña, cuando los propios Agentes Residentes se van a convertir en los difusores de toda operación y de todo tipo de movimiento que haga dicha sociedad.

Nuestra indignación como abogados estriba en el hecho de que es el Gobierno quien tiene la obligación de cumplir con sus funciones reales y es quien tiene que preparar su plataforma para recabar la información y no el AR, esa no es nuestra función; la cual no se encuentra plasmada en ninguna Ley de la Abogacía ni en ninguna de sus enmiendas.

Si Panamá suscribe convenios y este Gobierno es dócil y permisible, entonces que sea este Gobierno quien tenga que procurar los mecanismos necesarios para cumplir con las exigencias de sus controladores extranjeros como la OCDE y otros organismos, más no nosotros los abogados, a quienes ahora pretenden obligarnos a convertirnos en serviles captadores de información, ya que el ejercicio de la Abogacía contenido en la Ley n.º 9 de 1984 jamás ha contemplado semejante función.

Finalmente, hacemos un llamado a todos los abogados de Panamá a que unamos fuerzas y no permitamos que se siga vilipendiando esta digna y noble profesión y mucho menos que intereses foráneos vengan a destruir nuestro sistema de sociedades anónimas, y si esa es la intención final de este Gobierno, pues sea a través de sus mecanismos gubernamentales y fiscalizadores que cumplan sus propósitos, pero jamás obligando a un abogado que dentro de su práctica privada, sirva ad honórem al Gobierno y sus controladores extranjeros.

Esto jamás lo vamos a permitir y nos convertiremos en un frente monolítico e inexpugnable en contra del ultraje a nuestra sagrada soberanía nacional y de la dignificación y honra del ejercicio de la Abogacía.

ABOGADO