La reforma al Seguro Social, un tema tan técnico como político

Desde hace décadas, diversos estudios siguen demostrando, una y otra vez, que la mayoría de las propuestas de reformas o nuevas políticas públicas no llegan a ser aprobadas ni aceptadas porque no logran la viabilidad socio-política necesaria, aunque sean factibles técnicamente. Además, muchas veces, aparte de que el cambio propuesto no prospera, su rechazo genera protestas, inestabilidad y hasta crisis sociales y políticas, con las consabidas afectaciones económicas.

La discusión de la reforma a nuestro sistema de seguridad social (que constituye el principal tema a abordar dentro de este período gubernamental) no es la excepción a esta realidad, tomando en cuenta además como referentes sociales recientes las protestas masivas de 2022 y 2023. Sin embargo, muchos de los mensajes y acciones provenientes de las autoridades reflejan no solo una lectura incorrecta, sino también una desconexión de la actual coyuntura que permita otorgar viabilidad social a la reforma propuesta.

Señalar que se tiene el capital político para impulsar la reforma, llevando adelante un proceso previo que no fue de diálogo con participación efectiva, sino unas sesiones de escucha sin compromisos, descalificando de forma peyorativa a quienes señalan argumentos en contra de la misma y no facilitando los insumos técnicos para hacer y comprobar los supuestos y corridas económico-financieras, son señales muy claras de un abordaje incorrecto del momento.

Hay dos causas fundamentales de este abordaje inadecuado. En primer lugar, no tomar en cuenta que el capital político originario del presidente en su elección con solo 34 % de los votos no es propio: se lo debe completamente al jefe político del partido que lo postuló. Si bien hay un intento del presidente y su grupo inmediato (muchos de los cuales provienen del Club Unión y varios gremios empresariales) de apuntalar su fortaleza desde la silla presidencial (presupuesto, nombramientos y sobre todo comunicación e imagen) no solo frente a la ciudadanía y la opinión pública, sino también frente al grupo de poder liderado por Martinelli, este esfuerzo no ha sido lo suficientemente robusto. El segundo elemento es considerar que las protestas masivas de los años anteriores tuvieron como causa exclusiva el rechazo a medidas del gobierno anterior, sin tomar en cuenta el desgaste estructural e institucional de nuestro sistema político y económico, que se sigue profundizando. La naturaleza transferida de ese capital político condiciona su fragilidad y volatilidad.

Con esta realidad, las autoridades están obligadas a dar un giro de timón a la actitud y métodos de gestionar la propuesta de reforma al Seguro Social, hacia formas auténticamente más participativas y dialogadas con la ciudadanía organizada. Grave error será considerar como suficiente la aprobación formal de la ley por una mayoría de los diputados. Aunque la reforma se logre aceptar formal y socialmente, no es garantía de que el Gobierno pueda alcanzar logros relevantes en lo sucesivo. Pero, no lograr una reforma viable o, peor aún, imponer una reforma impopular, fractura por completo la posibilidad de impulsar cambios o programas importantes que traigan beneficios en los cuatro años de gobierno que restan y pondría en gran riesgo el crecimiento económico y la gobernabilidad democrática en los próximos años.