La economía política de un país dopado

Todos estaremos de acuerdo que el comentario general del Panamá de la calle es que “el salario ya no llega para nada”. Las autoridades lo saben aun cuando reiteran, dentro y fuera del país, que “la economía va bien” e insisten, al mismo tiempo, en hablar de las grandes necesidades que enfrenta la mayoría del pueblo, razón por la cual deben continuar con multitud de programas y subsidios locales. Una lectura, real y objetiva, de la evolución económica indicaría que Panamá no crece como el gobierno, que culmina sus labores el próximo 30 de junio, dice. La economía nacional no ha recuperado los valores y el dinamismo previo a la pandemia de Covid-19, por mucho que se “martillen” los números oficiales. Eso sí, la economía está “dopada” gracias al mayor estímulo económico que se haya visto en su historia.

Ningún gobierno anterior había tenido acceso a tantos recursos económicos como el actual, ni mucho menos la capacidad para disparar el gasto público como vemos hoy día. Un gasto público desorbitado y sufragado, en gran parte, con deuda pública que se tendrá que pagar algún día. Lo más triste de esta realidad es que, aún dopada, la economía nacional no ha sido capaz de evitar el empobrecimiento de los panameños. Hay un desempleo real, y lo que es más preocupante, una economía informal en crecimiento, que supone un número, cada vez mayor, de panameños incapaces de aportar a un supuesto crecimiento económico y social a base de políticas keynesianas que las autoridades del país han insistido en aplicar a costa de disparar el gasto y la deuda pública sin que, al final, haya llegado al bolsillo de los panameños.

Esto se da, entre otras razones porque Panamá enfrenta la realidad de un mercado laboral asfixiado por un marco legal obsoleto y rígido que no regula objetivamente la relación obrero-patronal, y unos costos elevados que restan competitividad al sector privado condenando, en consecuencia, a una importante cantidad de ciudadanos, jóvenes muchos de ellos, a estar fuera de la fuerza laboral formal. La precariedad laboral sí ha aumentado y la supuesta creación de empleo está distorsionada por las contrataciones de empleados públicos de forma desmedida. Una empleomanía clientelista que no genera riqueza, ni más ingresos tributarios, y que es costeada por un gasto desorbitado. Estamos pues ante un mercado laboral dopado por gasto público al que no le cabe considerar medidas como un aumento del salario mínimo en estos momentos. Algo así sería contraproducente ya que generaría una contracción adicional en las contrataciones por parte del sector privado.

Si la realidad económica no estuviera lo suficientemente complicada, considerar la realidad que se enfrenta con la situación financiera de la Caja de Seguro Social (CSS), agrava el escenario macroeconómico. La situación de la CSS es más que crítica, con un “agujero” financiero que crece sin parar, y que este gobierno no ha intentado, tan siquiera, contener. Se debe entender que, hoy por hoy, a la hora de buscar una posible solución a este grave problema, por un lado, no cabe un aumento, por mínimo que fuese, a las cotizaciones de sus contribuyentes y, por otro lado, los números que el Estado debería presentar se tendrían que basar en premisas macroeconómicas difícilmente alcanzables: un Panamá creciendo de forma ininterrumpida en el tiempo, sin recesión, crisis, ni reducción de su PIB, que se traduzca en aumento de empleo formal, y por ende de las cotizaciones. Un “Alicia en el país de las Maravillas”.

Ante un clima de incertidumbre económica internacional evidente, -del que Panamá no escapa-, en el que se espera de los gobiernos planes y programas que busquen controlar, e incluso reducir, el peso del gasto y la deuda pública, el actual gobierno insiste, hasta el último minuto de su gestión, en hacer lo contrario: gasto e inversión pública faraónicos, financiados, mayormente, con deuda y una política de pagos a los proveedores del Estado más que cuestionable. Todo ello, además, sin tomar en consideración que la inflación real no ha dejado de crecer, provocando un aumento sostenido de los precios y mermando, con ello, la capacidad de compra de los consumidores que, como contribuyentes, terminarán pagando, irónicamente, más impuestos dado que las autoridades no han adoptado, ante esta realidad, ninguna medida tributaria de carácter social como podría haber sido la deflactación de los impuestos. Pero claro, no existe capacidad alguna para sacrificar ingresos tributarios cuando el gasto público es desorbitado.

Todo este desaguisado económico ha ocurrido porque, sin duda, se dopó la economía a punta de endeudamiento para cubrir, mayormente, agendas políticas, un gasto corriente desmesurado, caros subsidios sociales sin objetivos concretos, y sin preocuparse por invertir a largo plazo en las capacidades productivas en el sector privado. Todo lo anterior con una visión simplista, politiquera e irresponsable de que “pague la fiesta el que viene”, para que el gobierno entrante se vea en la penosa necesidad de realizar recortes y ajustes importantes y poder así acusarlo de ser el responsable del sufrimiento adicional al que se someterá a la población.

Al final de toda esta “fiesta de gasto público” con que la actual administración ha regado el país, la realidad es que, el gobierno que asumirá las riendas de Panamá en julio próximo, se encontrará con que los panameños se han empobrecido. Es evidente que los ciudadanos tienen un poder adquisitivo que ha visto mermada su capacidad de compra frente a un incremento del costo de la vida y una presión fiscal que, aun cuando, nominalmente, no ha aumentado, resulta en un aumento de la misma por culpa de la inflación.

En todo caso, la mencionada “fiesta” que va a entregar el actual gobierno tendrá que acabar en algún momento. Hay que reconocer que ha habido mucho gasto innecesario, político y clientelista, con la creación de más ministerios, autoridades, y burocracia en general, completamente injustificadas que no han agregado valor económico alguno a la estructura de la administración del Estado, pero que sí ha aumentado su costo a todos los contribuyentes. Pensando en el futuro cercano, por tanto, no se debería acudir a la euforia política y al maquillaje macroeconómico en Panamá cuando otros países, con una estructura económica mucho más desarrollada y preparada para afrontar los riesgos geopolíticos y de mercado que se están dando, y que se darán, hablan de prudencia en el gasto público. La ciudadanía, ahora que ha escogido a las autoridades que deberán regir los destinos del país en el próximo quinquenio, necesita saber, o que se le recuerde, lo siguiente: todos los desequilibrios y los excesos cometidos en estos años van a exigir correcciones y ajustes futuros que se traducirán, para efectos de la economía del diario vivir en que, aquellos que tengan trabajo, trabajarán más, cobrando lo mismo, pero pudiendo comprar menos y aquellos que no lo tengan, lo tendrán más difícil para conseguirlo.

En definitiva, todo suena duro. Muy duro. Lamentablemente, esa es la economía política de un país dopado en que vivimos. La siguiente pregunta para Panamá debería ser: ¿Cómo hacer para que el país se libere de todo ese dopaje artificial y fabricado para poder recuperar una economía acorde a la realidad?. Todo parece indicar que la respuesta a esa pregunta pasará por hablar de “la economía política de un país con síndrome de abstinencia”. Eso será materia para otro análisis.