La DPFA, la oveja negra de Aduanas

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) desde su origen, cuando fue creada como el Departamento de Investigación Técnica de Aduanas (DITA) de la Dirección General de Aduanas, hace 41 años, en cada cambio de gobierno queda pagando los platos rotos por la falta de eficacia en los controles aduaneros por algunos inspectores asignados a las diferentes administraciones regionales, principalmente de las zonas francas, Zona Libre, aeropuerto, puerto y fronteras conocidas como zona primaria del territorio aduanero.

La falta de un control aduanero eficaz en algunos recintos aduaneros de las zonas primarias facilita la fluidez del contrabando y defraudación aduanera.

Siendo un problema que afecta la recaudación de impuesto para el Estado, es un problema de vieja data debido a la mala práctica de asignar personal no idóneo, carentes de aptitud y buena actitud, con intereses personales que terminan en actos de corrupción.

Ante la ineficiencia en los controles aduaneros en los diferentes recintos aduaneros en el país es que existe la DPFA y la razón por la cual fue creada mediante el Decreto Ejecutivo 155 de 1995. Su acción se desarrollará en toda la república y una de sus funciones es la de controlar, fiscalizar, prevenir, investigar e impedir la introducción de mercancías de todo tipo por lugares no habilitado, porque los lugares habilitados están bajo control de aduana, por los inspectores designados por las diferentes administraciones regionales de acuerdo con el Decreto Ley 1, de 2008. Hoy, los lugares no habilitados los encontramos en las fronteras con las trochas para el contrabando, sin embargo, en los lugares habilitados para el control aduanero es recurrente el contrabando y la defraudación aduanera como en algunas zonas francas y Zona Libre.

La DPFA, con el poco personal, vehículos y equipo tecnológico para cubrir los principales puertos, aeropuertos, fronteras, ríos, costas, recintos del país, no se da abasto para semejante misión.

La Dirección cuenta con la oficina de Instrucción Sumarial en donde la mayoría de sus tramitantes para los expedientes no son abogados ni estudiantes de derecho o no dominan el Código Fiscal en materia de investigación penal aduanera, que tiene como consecuencia las dilaciones en los procedimientos, mercadería o contenedores retenidos por meses y años, cuando el proceso penal aduanero tiene un término de 15 días en los casos no complejos.

Hoy vemos una luz en el túnel al tener un presidente que se define como pro empresa privada y una directora de Aduanas que no solo reconoce las fortalezas y debilidades de la aduana, sino que ha declarado un verdadero reto el profesionalizar a los funcionarios aduaneros en varias áreas técnicas, incluyendo adecentar y mejorar el funcionamiento del DPFA. Esto da esperanza de mejores días para los contribuyentes que requieren de trámites y procesos más ágiles de acuerdo con los términos establecidos en las normas aduaneras, y para nosotros los abogados que esperamos el respeto a las garantías fundamentales y al debido proceso en esta jurisdicción especial aduanera.