La academia y el estado de derecho

Desde hace varios días se viene publicitando una situación sui generis en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), a raíz del proceso electoral para escoger a las nuevas autoridades, indicando que el Rector ha hecho lo imposible para que no se realicen las elecciones y que, sin embargo, las misma se han realizado y el proceso de traspaso de mando debe ahora concluirse, aunque la publicidad en redes y en algunos medios de comunicación parecen contar sólo parte de la historia.

A raíz de las reformas a ley orgánica de Udelas producidas en 2019, se reformó su Estatuto y se propuso elecciones indirectas, en donde estudiantes, profesores y administrativos (Claustro) debían elegir al nuevo Rector. El proceso inició en mayo de 2023, pero se desarrolló con algunas anomalías desde el principio, al participar en el Consejo Electoral (CELU), personas que no fueron electas para tales cargos. Ellos tomaron decisiones al margen de las normas vigentes y fueron más allá, al despreciar y desobedecer órdenes de las estructuras de gobierno de Udelas.

El CELU interpretó las normas estatutarias en el sentido que nadie estaba por encima de ellos en materia electoral y bajo ese concepto elaboraron calendarios electorales, desecharon impugnaciones de candidaturas; desobedecieron instrucciones de las máximas autoridades colegiadas de Udelas, incluso desconocieron la imposibilidad de que se realizaran las elecciones del claustro, llegando a realizar un ejercicio que llamaron elecciones, fuera de las instalaciones de Udelas, durante los días de la protesta nacional contra el contrato Ley 406 sobre Minera Panamá, cuando la universidad estaba funcionando por plataformas digitales y casi nadie podía estar físicamente en los predios universitarios.

Luego, vinieron las aparentes protestas públicas, con personas al parecer financiadas desde afuera de Udelas, las denuncias penales y litigios extrauniversitarios contra las autoridades, y finalmente, alguien aparece en los medios de comunicación diciendo que fue electa rectora de Udelas el último día de clases, sin la participación de otros candidatos postulados y sin que se conozcan las actas de esa supuesta elección, etc.

Panamá es un Estado de Derecho que hasta la gran mayoría de los propios participantes de las recientes protestas contra el contrato minero reconocieron, al reclamar que ese contrato debía eliminarse del mundo jurídico, por las vías que la Constitución y la ley indican y no de hecho; no es posible desconocer la existencia de las normas vigentes y reclamar después la legalidad de actos realizados con base en la desobediencia de la ley.

En el caso de Udelas, el Consejo Superior Universitario, ejerciendo el papel de máximo órgano colegiado, ordenó la suspensión del proceso electoral debido a las anomalías que se dieron en su desarrollo, y a la situación caótica que vivió el país en los meses de octubre y noviembre.

Todas las estructuras y estamentos universitarios estaban obligados a acatar esa decisión, aunque no les agradara, pero el CELU decidió desobedecer ese acuerdo y realizar actos de rebeldía, que ahora algunos quieren darle efectos de legalidad.

En Derecho existe una teoría denominada “el fruto del árbol envenenado”, según la cual los efectos de una acción ilegal no pueden jamás tener efectos legalmente reconocidos, lo que se simplifica en la palabra “Estado de Derecho” o, dicho de otra forma, nadie está por encima de la ley como se pretende hacer en el caso de Udelas.

Todo esto es más lamentable al producirse en una casa de estudios superiores de alto prestigio, por lo que los involucrados deben reflexionar acerca del daño y desprestigio que le hacen a la educación superior panameña, al pretender según parece, anteponer intereses personales por encima de la misión y visión de Udelas.

Ojalá aún no sea demasiado tarde para volver al marco de la legalidad, la tolerancia y el respeto que se debe inculcar a estudiantes en las aulas, y en el ejemplo diario.

El autor es doctor en derecho y docente universitario