Juego limpio: Mejoras reales y sustantivas del nuevo contrato minero

El Estado panameño lleva a cabo un proceso para la ratificación del nuevo contrato con la empresa Minera Panamá. El contrato en mención contempla cambios muy marcados e importantes que favorecen sustancialmente al país. Por un lado, el primer pago que habrá de realizar la empresa minera será de un mínimo de 375 millones de Balboas anuales (pudiendo pasar los 400 millones por el comportamiento de los precios del cobre en los mercados internacionales), comparado con unos 30 millones pagados bajo los criterios del contrato anterior.

Aunque con seguridad serán más de 400 millones, usemos esa cifra que representa el 20 % de lo entregado al Tesoro Nacional por parte del Canal de Panamá en su último año reportado. Una sola mina, una sola empresa, un solo proyecto genera un quinto de lo aportado por la mayor bendición que tiene este país, luego de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, entrados en vigencia en 1979 y culminados el 31 de diciembre de 1999.

A eso debemos agregar que, con el nuevo contrato negociado y en proceso de aprobación, se pagarán los impuestos CAIR, incluyendo el ITBMS y el impuesto de remesas. Panamá recibirá de salida, mucho más con el nuevo contrato.

Es importante resaltar que la empresa minera entregará esos aportes económicos al Ministerio de Economía y Finanzas y será esa entidad gubernamental la responsable de la distribución interinstitucional de esos fondos de acuerdo con los porcentajes establecidos en el fideicomiso, creado por el Gobierno nacional, conocido como “La Conquista del Atlántico”, un viejo sueño del firmante de los tratados que devolvió a Panamá la vía interoceánica.

El Canal de Panamá, según informes del año 2022, tiene una fuerza laboral de 8727 trabajadores, convirtiéndose en el principal motor de la economía panameña, con un impacto directo a las zonas aledañas de Panamá, Colón y Panamá Oeste y un impacto indirecto a todo el país, representando un 7 % del producto interno bruto. Por su parte el proyecto minero Cobre Panamá mantiene en este momento una fuerza laboral de 7200 trabajadores directos, siendo la empresa privada que más empleos genera de esta forma, sin contar que son 40 000 empleos en total entre directos e indirectos.

Las provincias de Coclé y Colón son las principales beneficiarias directas de esta actividad minera, que sola genera el 5 % del producto interno bruto, superada solo por el Canal de Panamá y al igual que este se proyecta como un motor fundamental para la economía. A todas estas ventajas del nuevo contrato hay que sumar los aportes al Seguro Social, a las empresas, cooperativas y emprendimientos de las regiones de La Pintada, Donoso, Omar Torrijos y poblaciones aledañas.

Negar el cambio positivo que se obtiene con el nuevo contrato sería mezquino e irracional. Los números no mienten y el progreso es evidente, antes de entrar en vigencia el mismo. No podemos andar saltando de postura en postura, primero negando a la industria su derecho a existir como actividad lícita, luego inventar daños que nunca han ocurrido y obviar que hay controles y habrá mayor presencia de las entidades estatales responsables de la supervisión de los aspectos de seguridad laboral, salud ocupacional, gestión y cumplimiento de las normas ambientales existentes y contempladas en los estudios correspondientes. A todos esos detalles debemos agregar lo concerniente a las relaciones laborales vigentes de la Nación y por supuesto la seguridad social.

Sin duda, estamos ante un contrato que favorece en todos los aspectos a Panamá, que ha mejorado sustancialmente las condiciones y parámetros en todos los renglones y que garantiza la generación de riquezas y el mayor beneficio colectivo posible, como lo dijo quien soñó con la Conquista del Atlántico.

“ACTA NON VERBA”.