• 05/08/2024 23:00

Intervención humanitaria en Venezuela, un imperativo moral y legal

La comunidad internacional tiene el deber de actuar. Los principios de soberanía y no intervención no pueden ser excusas para la inacción cuando un régimen criminal está destruyendo un país y causando un sufrimiento incalculable a su pueblo. La historia juzgará duramente a aquellos que, teniendo el poder de actuar, eligieron la indiferencia

La reciente negativa de la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedir a Venezuela que publicara los resultados electorales del pasado 28 de julio no es solo un fracaso diplomático, sino una grave omisión en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.

La abstención de 11 países, entre los cuales se encuentra Brasil y Colombia, no solo muestra una preocupante falta de solidaridad y compromiso con la libertad y justicia en Venezuela, sino que también evidencia lo que ha logrado la “diplomacia bolivariana” en estos 25 años con sobornos. De igual forma, la ONU tampoco ha sido contundente con sus declaraciones frente a la dictadura de Maduro, que comete crímenes de lesa humanidad de manera sistemática.

Es necesario que la OEA y la ONU adopten una postura firme contra el régimen de Maduro. No es suficiente con condenas verbales o tibios llamamientos a la transparencia electoral —que no existe desde hace años— como ha ocurrido con anterioridad. La situación en Venezuela exige acciones decisivas y coordinadas que incluyan la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que permita una intervención militar humanitaria en Venezuela. Este tratado, que establece la defensa colectiva de los países de la región, debe ser invocado para proteger a los millones de venezolanos que sufren diariamente las represiones de la dictadura de Maduro.

Desde hace años, las violaciones sistemáticas que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y la represión brutal de la disidencia no han hecho más que aumentar. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y la crisis humanitaria han obligado a más de 8 millones de venezolanos a huir del país, creando una de las mayores crisis migratorias de la región. La gravedad de estos crímenes de lesa humanidad exige una respuesta contundente de la comunidad internacional.

La reciente abstención de Brasil y Colombia en la OEA es un golpe a las esperanzas de muchos venezolanos que confiaban en el apoyo de sus vecinos. Estos países, que han acogido a cientos de miles de refugiados venezolanos, tienen una responsabilidad moral de liderar la presión internacional contra Maduro. Su inacción no solo traiciona a los venezolanos, sino que también socava la credibilidad de la OEA como organismo defensor de la democracia en las Américas.

La ONU, por su parte, debe dejar de lado su reticencia a intervenir y reconocer que la crisis en Venezuela no es solo una cuestión interna, sino una amenaza a la paz y la seguridad regional. Es fundamental que el Consejo de Seguridad de la ONU considere la situación en Venezuela como una emergencia humanitaria y autorice una intervención internacional. Los informes de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, documentados por diversas organizaciones de derechos humanos, proporcionan una base legal y moral para dicha intervención.

El TIAR ofrece el marco jurídico y político necesario para coordinar una respuesta militar humanitaria. Este tratado, diseñado para responder a amenazas externas a la paz y la seguridad del hemisferio, puede y debe ser utilizado para enfrentar la amenaza interna que representa la dictadura de Maduro. La intervención militar no debe ser vista como una invasión, sino como una operación de liberación para restaurar la democracia y proteger los derechos humanos en Venezuela.

La comunidad internacional tiene el deber de actuar. Los principios de soberanía y no intervención no pueden ser excusas para la inacción cuando un régimen criminal está destruyendo un país y causando un sufrimiento incalculable a su pueblo. La historia juzgará duramente a aquellos que, teniendo el poder de actuar, eligieron la indiferencia.

Es hora de que los países de la región demuestren su compromiso con los valores democráticos. La activación del TIAR es un paso necesario y urgente para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro y abrir el camino hacia una Venezuela libre, democrática y próspera. La justicia y la libertad no pueden esperar más.

El autor es analista político y exiliado venezolano residente en Estados Unidos.
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