Imposición, arbitrariedades y autoritarismo, símbolo del Gobierno

Cien días sin respuestas a los problemas cruciales del pueblo panameño, cien días de retóricas y mentiras, cien días de más de lo mismo.

Cien días donde diversas comunidades están en la calle por la falta de agua potable y la respuesta es enviar a la fuerza pública, el director del Idaan ocupado en buscar dinero para pagar a proveedores por dudosos contratos.

Cien días donde el desempleo aumenta producto de despidos en el sector público y privado, donde no se atiende la informalidad laboral, donde se enuncian proyectos para generar “empleo” ya fracasados en anteriores administraciones de gobierno.

Cien días donde el salario real sigue disminuyendo producto del aumento de los precios de los bienes y servicios de primera necesidad. Donde incluso enfrentamos escasez de arroz y otros productos, y siguen favoreciéndose a los monopolios y oligopolios.

Cien días donde el Meduca defiende la compra de laptops, pero no atiende la falta de agua y electricidad de los planteles educativos, ni el deterioro de la infraestructura. Donde no cuestionan el incumplimiento de la ley en materia presupuestaria. Gobierno empresarial que camina a favorecer el “negocio de la educación”.

Cien días de imposición del contralor, del director de la CSS, de miembros de la junta directiva de la CSS, de procuradores con base en criterios personales, políticos y de grupos económicos.

Cien días de no hay chenchén, para cubrir la enorme deuda social, pero sí encontraron más de 1.000 millones para pagar a sus socios empresariales. Por el otro lado, desconocimiento del pago de salarios del sector médico, educadores y otros. No hay cambios reales.

Cien días y siguen las mismas prácticas, botellas y garrafones con grandes salarios en la Asamblea, ministerios y alcaldía.

Donde el ministro estrella, como lo han catalogado empresarios y medios de comunicación, tuvo que retirar el Presupuesto Nacional para 2025 de la Asamblea, mismo que violentaba normas legales, que expresaba el presupuesto de inversiones más bajo desde 2010, que conllevaba recortes a los sectores sociales mientras que aumentaba el presupuesto de funcionamiento y la eliminación de ayudas a los más necesitados. En su segunda versión, el ministro del MEF persiste en violentar leyes, recorta a educación y aumenta a la Asamblea.

Cien días de imposición y arbitrariedades; de amenazas de criminalización de la protesta social, de persecución contra sindicatos, gremios, asociaciones magisteriales y organizaciones de empleados públicos, de terrorismo judicial y arresto ilegales de dirigentes sindicales con procesos amarillos. Mientras tanto se mantienen restricciones a las cuentas del Suntracs.

Cien días de continuismo de un modelo económico y de crecimiento neoliberal que promueve desigualdad, pobreza y mayor concentración de la riqueza.

No cabe duda, un Gobierno proempresarial, que ha lanzado su proyecto de privatizar las reservas de la CSS, imponer las cuentas individuales rechazada por todos las organizaciones que participan en la mesa de escucha, salvo por el CONEP. Igualmente, afianzan el camino para cercenar el derecho a la salud, imponiendo privatización vía externalización, y que la CSS asuma los gastos del Estado en salud.

Se trata de un Gobierno de alianza nacional con empresarios, partidos tradicionales y seudo independientes, con asesores y fichas en distintos puestos (PRD, RM, Panameñistas, CD, Popular, Alianza, Molirena, Moca, Vamos).

Persiste la inoperancia y lentitud del Ministerio Público.

En materia de corrupción, los fallos corruptos y selectivos en la Corte Suprema de Justicia se mantienen. Impunidad sobre el robo de los recursos de la descentralización. Sin recuperar el dinero de los mal llamados auxilios económicos. Reducción de pena para corruptos. Ni un gamonal está preso. La corrupción y la impunidad siguen campante. Por cierto, sin resolver caso del inquilino de la Embajada de Nicaragua.

Entreguismo en las relaciones exteriores. Involucramiento de Panamá en los asuntos internos de otros países. Se sigue comprometiendo la neutralidad del Canal de Panamá al parcializarse el Gobierno en conflictos armados internacionales.

Aumento de la inseguridad. Toque de queda, política de seguridad basada en medidas ya fracasadas y calificadas como violatorias de los derechos humanos.