Hablemos claro y sin tapujos de los puertos

Con todo el barullo formado alrededor de los puertos, es conveniente hacer algo de historia sobre esa actividad.

Desde 1914, al abrirse el Canal, hasta la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, existían dos terminales portuarias. En Balboa (Pacífico) y en Cristóbal (Atlántico), manejadas muy rudimentariamente por la Panama Canal Company de Estados Unidos, que nunca vio en esa actividad una fuente de ingresos importante. Sin grúas, sin muelles modernos y sin las facilidades requeridas para esa actividad, de acuerdo con lo existentes en otros puertos en el mundo. Estaban obsoletos.

Lo primero que se revierte a Panamá, como consecuencia del tratado, son esos puertos, pasándolos a administrar a través de la Autoridad Portuaria de Panamá. Además, los ferrocarriles, creándose el Ferrocarril de Panamá. El movimiento portuario era escaso hasta 1997, cuando la visión de Ernesto Pérez Balladares privatiza las concesiones portuarias, llevándolas a licitación internacional que gana Hutchison Whampoa de Hong Kong, Panama Ports (PPC). La otra que licitó fue estadounidense.

Los primeros puertos privados que se establecen fueron el de Manzanillo, en Colón, de la familia Rodin, en 1993 (yo era legislador) para descargar autos Lada, posteriormente de Seattle Steveadoring Company de Estados Unidos, donde el Grupo Motta es parte. Le siguió Evergreen (Taiwán), ambos en el Atlántico. Posteriormente, se establece en Rodman en el Pacífico, en la ribera opuesta a PPC, Port of Singapur Authority (PSA).

Cuando llega, PPC encuentra a esos dos competidores. Se movían por año en Cristóbal alrededor de 150.000 TEU (contenedores de 20 pies) y en Balboa el movimiento era casi nulo. PPC se compromete a invertir $50 millones para poner en condiciones las maltrechas instalaciones recibidas, llegando a invertir allí, tras 28 años de operación, $1.695 millones.

De 150.000 TEU movidos en 1997, hoy se mueven más de 9,5 millones de TEU en los cinco puertos existentes, la mayor parte de PPC.

Los únicos puertos que fueron a licitación fueron los de PPC, donde también es el único que paga un dividendo (10 %) al Estado a diferencia de los otros cuatro, teniendo un representante en su junta directiva. Todos los puertos pagan lo mismo por movimiento de contenedor (carga y descarga) y todos gozan de las mismas exoneraciones.

Quien dice que parte de las ganancias de la empresa se van en el pago de servicios que bien esta podría administrar y obtener así mayores réditos por su operación, se olvida del método moderno de administrar empresas, a través de lo que hoy conocemos como outsourcing. Hasta las licencias de conducir en Panamá usan ese mecanismo. En el campo eléctrico, otra concesionaria del Estado, Naturgy, usa el método con empresas como Cobra, que les asiste en la reparación del cableado, hasta en la facturación de sus servicios. Igual hace PPC y demás puertos, donde hay diversas empresas que la auxilian, como lo es la incineradora de la basura producida y la que mueve los contenedores, a la que se le paga por carga y descarga de contendedores. Si no hay movimiento, por mal tiempo o por huelga de trabajadores, en este caso lo asume quien presta el servicio. Solo esa empresa tiene 2.000 trabajadores que, en cuota de Seguro Social, paga mensualmente la suma de $800.000, casi $10 millones al año.

El contrato inicial de 1997 fue modificado en 2005 (Martín Torrijos), pagando PPC por las infraestructuras recibidas $102 millones. De allí se renueva el contrato en 2020 por otros 25 años, ya que el contrato de 1997 era por cincuenta años dividido entre dos. A lo largo de 28 años de contrato, PPC ha pagado al Estado $128 millones de dividendos, contribuyendo a la economía nacional, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, con una suma superior a $5.900 millones, a través de valor agregado, efectos indirectos, pagos al Estado e inversiones realizadas.

En cualquier auditoría oficial se debe entregar su resultado a la Autoridad Marítima (AMP), rector del sector, que dará traslado al afectado, PPC, para que haga sus descargos. Si se descubre una lesión al Estado, la AMP remitirá al Ministerio Público lo descubierto, que iniciará las investigaciones de rigor.

Que el contralor anuncie con bombos y platillos el final de una auditoría, si bien es como darle pan y circo a un pueblo que quiere justicia, podría señalarse de una extralimitación de funciones. El contralor no puede ser juzgar a nadie. Esa no es su labor. Su labor debe ser que se audite a todas y cada una de las empresas del sector. Es necesario que el manejo de los puertos, vital para el desarrollo nacional, tenga la mayor transparencia posible.