“No dejo de oír a la gente pidiendo auxilio, su hilo de voz perdiéndose en la oscuridad y la silueta de un hombre en el techo de su coche alumbrada por...
¿Hacia dónde quieren llevar al país y, lo más preocupante, a la mayoría de los panameños? Transcurridos los llamados cien días, la incapacidad de gestión del gobierno de Mulino se ha puesto de manifiesto. Son constantes sus desaciertos. Un claro ejemplo es el tema del Presupuesto de la Nación, donde el Gobierno en dos ocasiones ha tenido que retirar el proyecto de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Las causas giran en torno a las inconsistencias técnicas, violación, incompatibilidad y falencia con normas nacionales, vacíos constitucionales en cuanto a los principios y leyes que deben regir la elaboración del Presupuesto.
En tela de dudas quedó el ministro que vendieron como “extraordinario”. Más allá de ello, hay que tener claro que la política del Gobierno está dirigida a castigar al pueblo humilde y trabajador, los recortes principales se dan en el sector educación, en algunas transferencias a la familias (tanque de gas, subsidio de vivienda, etc.), asimismo los recortes en las partidas de inversión que ponen en tela de dudas las oportunidades para el desarrollo nacional y social. Otro tema, que transita el marco de la ilegalidad, es el contrato minero, que fue declarado inconstitucional en 2023, pero que el Gobierno insiste en reactivar, bajo la mentira de “abrir para cerrar”, a pesar de que el pueblo panameño lo ha rechazado de mil maneras por el daño que implica a la naturaleza y la vida.
Tal como expresó monseñor Ochogavia, en la misa del Cristo Negro el 21 de octubre en Portobelo: “es injusto condenar a los panameños a morirse como estaba el contrato con Minera Panamá y que intenta reabrir, porque la minera sigue insistiendo en abrir el hueco en medio de Panamá y condenar a los panameños, en especial a los campesinos de la costa abajo, a morirse, a destruir sus tierras, a destruir el medio ambiente. No existe minería saludable, toda minería es muerte”.
En el tema de salud y seguridad social, las pretensiones privatizadoras y el hacerse de las reservas de la CSS están siendo la tónica que defiende el director de la Caja, Dino Mon. Si quieren arreglar el sistema de la seguridad social, ha dicho monseñor Ochogavia, “que empiecen por pagar lo que deben a la CSS, hay muchas empresas que siguen defraudando el sistema social, que contratan sin seguro social condenando al panameño a vivir en la inseguridad...”. Por su parte, Marco Andrade, secretario general del Conusi, denunció que Dino Mon en un medio de comunicación, habló de las paramétricas, tema que no fue abordado en la mesa de escucha. El 30 de octubre estará Mulino en la mesa para “homologar”. ¿Qué va a homologar si ya defienden en los medios la propuesta del Conep? Que por cierto, solo fue propuesta y defendida por ellos; el resto de las organizaciones presentes en la mesa la rechazó.
Cuando miramos el tema de salud y seguridad social vemos claros conflictos de interés de ministros y director, por eso favorecen paramétricas, cuentas individuales, mafia farmacéutica, privatización de las reservas de IVM y externalización del Programa de Enfermedad y Maternidad. A pesar de la poca relevancia que dieron los medios de comunicación, el pueblo marchó multitudinariamente en defensa de la salud y la seguridad social como derecho, por el retorno al sistema solidario, propuesta que fue presentada, sustentada y establecida con viabilidad financiera y social. Se promueve la impunidad, rebaja de penas a quienes asaltaron las arcas del Estado, se les nombra a pesar de que aceptaron el delito y los diputados aprueban estos nombramientos. Nombran familiares en el servicio exterior, siendo el nepotismo lo que impera.
Mulino se fue a Francia a “comunicar las medidas de retorsión” (decisiones adoptadas por un Estado en contra de otro, aplicando la misma restricción que este aplicó en perjuicio de aquel) que impondría Panamá a la Unión Europea si no lo sacan de las listas discriminatorias, pero terminó vendiendo el país (aeropuertos). ¿Cuál sería el alcance? De querer aplicarla, cosa que dudamos, la medida impactaría solamente a los contratos directos de los proyectos que hará el Gobierno y no los que ya están vigentes. Señor presidente, las balaceras, robos, inseguridad ciudadana se profundizan. ¿Qué paso con la operación Panamá 3.0? Recuerde combatir a los ladrones de cuello blanco.