Anuncian cambios a estudios de impacto ambiental

Promotoras de proyectos millonarios han aprovechado tecnicismos en la categorización de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) para aplicar controles más laxos a obras con impacto masivo en el medioambiente. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, declaró a La Estrella de Panamá que vienen cambios a la normativa los cuales, entre otras cosas, pondrán fin a la fragmentación de los estudios.

“Tuvimos un presidente que firmó un Decreto Ejecutivo que permitía fraccionar los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo esto se puede haber permitido? Ya lo estamos revisando y le estamos proponiendo próximamente, luego de la consulta pública de rigor, al presidente de la República, las modificaciones requeridas para que esto jamás vuelva a ocurrir”, sentenció Navarro.

Los estudios de impacto ambiental en Panamá se dividen en tres categorías. La Categoría 1 es para proyectos con un impacto leve, la Categoría 2 abarca proyectos con impacto medio o moderado, y la Categoría 3 contempla proyectos con impacto negativo alto o severo.

Por ejemplo, la construcción de un minisúper es Categoría 1, la construcción de calles y alcantarillados en Macaracas es Categoría 2, y el proyecto minero Cobre Panamá es Categoría 3. Entre más alta es la categoría, más rigurosas son las exigencias no solo ambientales, sino de consulta con la comunidad.

La práctica usada por desarrolladores de proyectos es dividir su obra en secciones y hacer estudios separados para cada una. Un reportaje de La Decana reveló cómo una empresa privada en Chiriquí que cultiva 2.500 hectáreas de palma aceitera cercana al manglar de San Lorenzo, dividió en cuatro estudios separados el proyecto, tres de categoría 1 (construcción de galeras, construcción de vías y movimiento de tierra), y solo la construcción de la planta extractora de aceite como categoría 2.

Otro caso de alto perfil es la construcción del Corredor del Caribe, una carretera de 28.442 kilómetros desde Quebrada Ancha hasta María Chiquita que atraviesa la Sierra Llorona de Colón. Es un proyecto de 91 millones de dólares en un área con múltiples especies en peligro de extinción y que forma parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres.

En lugar de hacer un estudio de Categoría 3, el cuál contemplaría entre otras cosas un Foro Público obligatorio, se hicieron dos estudios de Categoría 2.

“Absurdo, tiene que haber un estudio de Categoría 3, se tienen que hacer las cosas bien y vamos a convertir este ejemplo, que ya es un ejemplo del desastre, la anarquía ambiental y cómo no hacer las cosas”, afirmó el ministro de Ambiente.

La abogada y asesora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Joana Ábrego explicó la importancia de que se hiciera el estudio correcto.

“La envergadura de un estudio de impacto ambiental Categoría 2 no estudia todos los impactos que pueden existir en un proyecto en una zona con esta riqueza natural de la que estamos hablando. Entonces, cuando los impactos no pueden ser mitigados por medidas fácilmente conocidas amerita conforme a la normativa que sea un estudio de impacto ambiental Categoría 3 que evalúa con mayor profundidad los impactos y hay mayor rigurosidad en cuanto a las medidas que deben proponerse para sustentar la viabilidad del proyecto”, detalló.

Estas maniobras para aprovecharse de las categorías de estudios ambientales son posibles gracias a cambios hechos durante el anterior gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

“Fundamentalmente se cambió el decreto ejecutivo que norma los estudios de impacto ambiental para permitir la división de materia. ¿Cómo tú una carretera la vas a dividir en dos para hacer dos estudios de impacto ambiental? Es absolutamente absurdo y se hizo con la peor intención, la de aprobar a lo loco y a la carrera y de mala manera un proyecto que no se podía aprobar de esa manera”, denunció el actual ministro de Ambiente.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) había ordenado la suspensión de los trabajos en el proyecto del Caribe, mientras se revisaba el decreto que aprobó el EsIA del proyecto. Pero el 7 de enero de este año, levantaron la suspensión y se reanudaron los trabajos.

Navarro comentó que “muy pronto” espera dar noticias positivas sobre el tema, apuntando que es de especial interés para el presidente de la República, José Raúl Mulino. Para el ministro, el proyecto va, aunque “de manera sustentable, sin afectar el medio ambiente”.

Los ambientalistas esperan que el ministerio tenga la voluntad y firmeza de tomar decisiones difíciles en beneficio del medio ambiente.

“Esperamos ver un ministerio de Ambiente siendo el campeón para que el estado panameño tome decisiones, aunque sean difíciles, en pro de la conservación”, compartió Ábrego. “Lo que estamos viendo es una serie de decisiones sobre proyectos de desarrollo muy puntuales, como Corredor Caribe, como el proyecto Puerto Barú en el área protegida manglares de David, y otras iniciativas en donde no se está tomando la decisión difícil de buscar otras alternativas de desarrollo para esos proyectos y priorizar la protección de los ecosistemas naturales.”

El ministro de Ambiente criticó el estado de la institución al asumir el cargo en julio de 2024, calificando que el país se encontraba en “anarquía ambiental” y el ministerio “manga por hombro”.

“No solamente se habían hecho barbaridades como permitir dividir los estudios de impacto ambiental y fraccionarlos, sino que aparte había un gran atraso de estudios de impacto ambiental con un inventario que iba con estudios que encontramos desde el 2018, que estaban ahí cuando llegamos, que no se habían terminado ni definido. 192 estudios estaban en esta situación”, declaró Navarro. “Nos propusimos en los primeros 100 días resolver estos temas. Lo cumplimos al dedillo. Esto fue por instrucciones del propio presidente, a quien le preocupa, que los estudios de impacto ambiental no se conviertan en una herramienta que atrase al país, sino que cumplan su labor de ser una herramienta que garanticen el desarrollo en armonía con la naturaleza y el desarrollo sustentable del país”.

También confirmó que actualizarán la plataforma Prefasia, utilizada para la consulta de estudios de impacto ambiental, manteniendo los archivos actuales disponibles.