Auditoría forense antifraude gubernamental

Es la más importante especialidad del contador gubernamental que atiende de manera integral la prevención, disuasión, control, cumplimiento regulatorio y manejo de riesgos, detección, investigación, esclarecimiento y confirmación o descarte de la posible ocurrencia de fraude, corrupción y lavado de dinero (flagelos) en la esfera gubernamental, como vigilantes de la salvaguarda del patrimonio y afectaciones contra la economía nacional.

En un mundo plagado por estos flagelos, la receta correcta en la prevención y combate de estos azotes es la Auditoría Forense Antifraude Gubernamental (AFAG), donde la palabra Antifraude se refiere al fraude que es el engaño y que la corrupción y lavado de dinero son tipos de engaños que se derivan del fraude y que requieren de especialidad técnica para saber cómo se detectan, investigan y prueban.

Esta especialidad, liderada por el contador y aplicable a casi todas las gestiones gubernamentales, posee una serie de herramientas físicas, tecnológicas, procedimentales y logísticas que, puestas en marcha correctamente en las estructuras institucionales a nivel legal y organizacional, constituirían un gran avance en la prevención y combate de la impunidad.

En orden de prioridades esto se logra así: primero, cuando la cabeza principal goza de principios y valores; segundo, cuando existe voluntad política para implementar los cambios y correctivos legales completos; tercero, cuando se dota de presupuesto para el reclutamiento, entrenamiento, preparación académica y certificaciones al capital humano; y cuarto cuando se les permite actuar y ejecutar con independencia.

En muchos países el proceso de combate contra la corrupción y la impunidad han colapsado, debido a la adolescencia de lo anterior expuesto, donde el primer problema es la falta de conocimiento técnico y científico sobre el alcance de la Auditoría Forense Antifraude y sus temas conexos de fraude, corrupción y lavado de dinero, muchas veces dirigidos y abordados sin idoneidad y empíricamente en su alcance preventivo y combativo por fiscalizadores.

Las instituciones fiscalizadoras, que han participado en la mayoría de los flagelos denunciados, han sido, son y serán, juez y parte. He aquí el primer gran obstáculo estructural. En otras palabras, la misma autoridad que revisa, verifica y supervisa los actos gubernamentales es la misma que fiscaliza, examina, audita, esclarece y/o determina las lesiones contra el erario. No existe real objetividad ni independencia en sus informes.

Hay fórmulas de resolver este colapso. A nivel de prevención, la creación de un Ministerio de Auditoría Interna, que gobierne esta función y que sería el responsable de velar por la suficiencia del control interno, con enfoque antifraude en las entidades gubernamentales y que permita la libertad de escrutinio y de mejoramiento de políticas y procedimientos en cada institución para la salvaguarda de sus fondos y recursos. Esto cobra mayor vigencia en sistemas de descentralización.

A nivel de combate, la creación de una Autoridad de Auditoría Forense Antifraude Gubernamental que, como un Cuerpo Superior de Investigaciones, funcione con total autoridad, competencia, independencia y profesionalismo, desde su cabeza hacia abajo; en la detección, investigación, esclarecimiento y confirmación o descarte de los flagelos, y que supla a entes investigadores y reguladores, con informes técnicos, íntegros, completos y correctos.

No todo acto de fraude y corrupción en Panamá constituye lavado de dinero, ya que únicamente lo es cuando afecta la economía nacional y se dan otras características. El centro bancario ha sido víctima del lavado de dinero producto de la corrupción, pero la gran mayoría de los bancos no es responsable, sino que la ley y regulaciones no son exhaustivas ni taxativas, cuando se refiere al uso o destino de los fondos bancarios, en contraste con la exhaustividad en su origen o proveniencia.

La transparencia (que no es ‘trampa recia ') debe llevar la esfera gubernamental a apoyarse en las auditorías forenses independientes, mientras se resuelve la debacle observada. Son necesarias auditorías forenses a bancos estatales, megaobras y proyectos, donde se han publicado y denunciado las posibles ocurrencias de distintos flagelos, en el Ensanche del Canal, Línea del Metro y las contrataciones significativas de obras públicas.

Contratar una auditoría externa independiente posee la misma base legal de contratar una auditoría forense independiente, ya que ambas presentan una opinión profesional, con la diferencia de que la segunda lo hace aportando evidencias y resolviendo la duda sobre la ocurrencia o no del flagelo. Las obras y/o proyectos de más de 30 millones deberían manejar sus cuentas bancarias en bancos estatales y ser sometidas automáticamente a una auditoría forense independiente durante o al terminarse la obra. Los contadores son profesionales esenciales que pueden ayudar más a la gestión gubernamental.

*PH.D., CACM, MBA, CICA, CPE, AFA, CAMS, FCPA, CFE, CPA, EXPERTO ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y ANTILAVADO.